Persecución política, trabas y control social, el arsenal del chavismo para inclinar la cancha en procesos electorales
El régimen venezolano se ha hecho especialista en sacar ventajas, desde la campaña hasta el día mismo de los comicios, con una maquinaria bien aceitada
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LA NACIONRamiro Pellet Lastra
La oposición, los críticos y los observadores estarán atentos este domingo a que las elecciones en Venezuela se desarrollen con la mayor transparencia, con el trasfondo de un oficialismo que a lo largo de los años ha demostrado un manejo ventajista de la campaña y el sistema electoral.
Aparte de controlar el Consejo Nacional Electoral (CNE), el chavismo emprendió en las sucesivas elecciones desde su ascenso al poder, hace 25 años, todo tipo de maniobras, desde la exclusión de dirigentes opositores hasta el impedimento de votar en el exterior, así como el uso de recursos públicos para volcar los votos a su favor.
A continuación, un panorama de las maniobras más recurrentes y eficaces del chavismo para tratar de asegurar la victoria, aunque esta vez será en un ambiente más adverso que nunca por la diferencia en las encuestas.
Candidatos marginados
El chavismo suele sacar del camino a sus rivales más peligrosos. Esta vez excluyó de la contienda a la ganadora de las primarias opositoras, María Corina Machado, que fue inhabilitada para competir mediante una medida dictaminada por la Justicia (controlada por el chavismo), y que según expertos fue una decisión inconstitucional. El gobierno de Nicolás Maduro también inhabilitó su sucesora, Corina Yoris.
La práctica de exclusión de opositores tiene el antecedente quizás más burdo y evidente en 2018, cuando el gobierno inhabilitó a buena parte de los líderes opositores y también ilegalizó sus partidos: Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Partido Unión y Entendimiento (Puente) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El voto desde el exterior
Más de 7,7 millones de venezolanos salieron del país en los últimos diez años debido a las degradadas condiciones sociales y políticas del país. El régimen chavista es consciente de que muchos de ellos votarían por la oposición con los ojos cerrados, por lo cual bloqueó casi por completo su participación.
Para estas elecciones, solo 69.000 personas fueron habilitadas para votar fronteras afuera, un número irrisorio dentro de los cerca de cinco millones de personas en edad de votar, y que con toda seguridad le garantizarían la victoria a Edmundo González Urrutia. La oposición denunció que el proceso de inscripción fue corto, poco difundido y repleto de barreras legales.
Trabas burocráticas
El chavismo también sabe cómo enredar los trámites para los ciudadanos que viven dentro del país y quieren hacerse oír mediante el voto. Todo parte de que los venezolanos deben registrarse para votar y mantener sus datos actualizados. De ahí que las autoridades retacearon la actualización de los padrones en centros históricamente contrarios al voto chavista, y les dieron en cambio prioridad a los centros de zonas mayoritariamente favorables a sus intereses. El resultado, como con el voto en el exterior, es que un número importante de votantes favorables a González Urrutia no podrán hacerlo.
Propaganda omnipresente
Para ablandar a los muchos millones que sí pueden votar, el chavismo se lanza a campañas de propaganda desaforadas. Para las elecciones regionales de 2021, la asociación Súmate denunció que el 60,56 % de la información y propaganda en las plataformas digitales de tres de los principales medios del Estado favorecieron al oficialismo. Más importante todavía, el resto fue de información de campaña relacionada con “la diversidad de los partidos políticos de la oposición”, excluyendo “la disidencia del oficialismo”, que quedó fuera de cobertura.
También echa mano de mensajes de tono castrense, y lo hace de manera cruda, sin necesidad de subterfugios, cuestión de que todos entiendan la gravedad y no quede la menor duda de las supuestas consecuencias si acaso ganan sus rivales. El mensaje más explícitamente agresivo a lo largo de esta campaña fue el de Maduro cuando anticipó un “baño de sangre” si ganara “la extrema derecha”.
Control social e intimidación directa
El chavismo confía en arrastrar millones de votos en cada elección con un sistema de control social dirigido a los millones de empleados públicos, beneficiarios de ayudas sociales y demás personas vinculadas al Estado, que el gobierno pretende conducir a su gusto como ovejas. Se trata de promover en cada uno, en la antesala de las elecciones, el miedo a la pérdida de estos medios de vida.
Llegado el día de la elección, los miedos se acrecientan a través del uso de la fuerza y el acarreo forzado. También por la abundante presencia de policías, militares y las milicias o “colectivos” chavistas. Ya en los últimos días el Ejército desfiló con las urnas y las máquinas de votación, una imagen impensada en una democracia.
Muchas colas, pocos fiscales
En los colegios electorales de mayoría opositora el gobierno recurre a la vieja estrategia de ralentizar las colas, la llamada “Operación Morrocoy” que también se utiliza en otros países. Al mismo tiempo, se dificulta la incorporación de los fiscales.
En las zonas donde el chavismo se siente fuerte trata de anular a los fiscales por todas las vías posibles, sorteados previamente, pero que sustituyen a la fuerza. Luego alteran los votos en ausencia de fiscales. Este tipo de fraude les ha dado en el mejor momento hasta 800.000 votos extra, según analistas locales. Es tal la ventaja opositora en las encuestas que los chavistas, para ganar este domingo, deberían forzar este sistema todavía más.
Cortes de servicios y otras herramientas
Los expertos mencionan entre otras herramientas el corte de los servicios públicos, incluidos electricidad e Internet, “para generar un clima de ansiedad social”, la extensión irregular de los horarios de votación en zonas chavistas, episodios de violencia en distritos más afines a la oposición, y el funcionamiento de puestos de control del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido del gobierno, en las inmediaciones de los locales.
Judicializar
El gobierno podría desconocer el resultado si es adverso y judicializar el proceso, como hizo con las elecciones del estado de Barinas de 2021 -se repitieron en 2022 y la oposición volvió a ganar-. El Consejo Nacional Electoral (CNE), por su parte, podría anunciar una victoria del gobierno sin el desglose por mesa que facilita la verificación. Así lo hizo en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y en el referéndum de diciembre pasado para la anexión del Esequibo, la disputada región fronteriza con Guyana, un conflicto diplomático fomentado artificialmente por Maduro con el cual el presidente intentó vanamente azuzar a su favor las pasiones nacionalistas.
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