Otro etarra condenado por el asesinato de un juez recupera la libertad transitoria beneficiado por una iniciativa del PSOE
La salida del condenado por el asesinato del jurista Francisco Tomás y Valiente se suma a otras excarcelaciones recientes de antiguos miembros de ETA
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PARA LA NACIONIván Ruiz
MADRID.- Después de su paso como juez del Tribunal Constitucional de España, Francisco Tomás y Valiente había decidido que su última vocación sería la docencia. Aquel 14 de febrero de 1996, el jurista entró a su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid como cualquier mañana y aprovechó para hacer un llamado telefónico antes de subir al aula.
Camuflado como un alumno, el etarra Jon Bienzobas Arretxe entró a esa sala, le disparó tres veces y huyó. Treinta años después del crimen, el terrorista de ETA pisará nuevamente la calle en libertad, gracias a los beneficios obtenidos por los aliados del gobierno socialista.
Los beneficios para los exintegrantes de ETA, que se multiplicaron en las últimas semanas, ponen a España frente al espejo de su pasado más oscuro. Arretxe, alias “Karaka”, disfrutará del mismo régimen que decenas de condenados por terrorismo, que obtuvieron salidas diarias de prisión, de 8 a 21, para realizar supuestos trabajos y labores comunitarias antes de volver a dormir en la cárcel. Estos beneficiaron fueron conseguidos mediante un atajo legal que expone directamente al Partido Socialista (PSOE).
Karaka, que había sido condenado a 266 años de prisión, apeló al famoso artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que habilitó esos beneficios con el aval de una funcionaria del socialismo en esa región. Ese atajo legal se implementa desde que Pedro Sánchez cedió a sus aliados del Partido Nacional Vasco (PNV) y Bildu las competencias para manejar el sistema penitenciario, uno de los reclamos de estas fuerzas que negociaron a cambio de apoyar las iniciativas del socialismo en el Congreso.
El crimen de Tomás y Valiente, que estremeció a España en 1996, no fue el único ataque terrorista de Karaka. Fue condenado, además, por el asesinato del hermano de un empresario vasco en 1990 y por organizar un atentado con coche bomba contra una camioneta del Ejército del Aire en 1994 en el centro de Madrid. El terrorista fue detenido finalmente en 1999 en Francia, después de robar ocho toneladas de explosivos en una fábrica. La justicia francesa lo condenó y lo envió a España, donde sería juzgado por los otros delitos.
Después de la sentencia, Karaka fue enviado a un penal en Cádiz, uno de los puntos del territorio español más distantes del País Vasco. Como parte de la negociación de los partidos vascos con el gobierno socialista, muchos presos de ETA fueron beneficiados con traslados a cárceles más cercanas, como ocurrió en su caso.
Este lunes saldrá desde la prisión de Basauri, en la provincia vasca de Álava, como ocurrió hace un par de semanas con Mikel Garikoitz Aspiazu, alias “Txeroki”, exjefe militar de la agrupación terrorista.
“Txeroki” fue uno de los últimos jefes militares de ETA y dirigió la estructura operativa de la organización entre 2004 y su detención en 2008 en Francia. Bajo su mando se produjo el atentado con coche bomba contra la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006, que provocó la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos y marcó el final del proceso de negociación entre el grupo terrorista y el gobierno español.
En España y Francia fue condenado a más de 400 años de prisión por una veintena de delitos de terrorismo en grado de tentativa, incluidos intentos de asesinato de dirigentes políticos, atentados con explosivos y el envío de paquetes bomba contra periodistas y otras figuras públicas.
“La libertad de estos etarras es una burla para nosotros”, sostuvo Inés Gaviria, representante del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) en diálogo con LA NACION. “No nos oponemos a que salgan de la cárcel, nos oponemos a que no cumplan sus condenas. El problema es que ya son más de 100 terroristas que han recibido estos beneficios”, insistió.
Los beneficios para los exintegrantes de ETA juzgados por terrorismo incluye la aplicación de una nueva normativa, vigente desde noviembre de 2024, que permite a los presos que cumplieron pena en otros países de la Unión Europea descontar esos años de la condena aplicada por la justicia española. La adaptación de la nueva normativa impulsada por Bruselas eliminaba la cláusula que impedía hacer uso de este beneficio a los sentenciados por terrorismo.
Esta medida permitió a decenas de presos de ETA descontar los años de cárcel pasados en Francia, adelantando así su excarcelación. Asociaciones de víctimas estimaron que más de 40 miembros de la banda terrorista fueron beneficiados por esta revisión. Las primeras excarcelaciones por esta modificación legal comenzaron a hacerse públicas en marzo de 2025 y continúan hasta la actualidad.
La organización anunció su cese de actividades armadas en 2011 y formalizó finalmente su disolución en 2018. “Toda la estructura social y política de ETA sigue activa. Bildu, que hace lobby para estas excarcelaciones, es un aliado del gobierno. (Arnaldo) Otegi (líder de Bildu y exintegrante de ETA) ha reconocido que una de las razones por el apoyo al socialismo es el beneficio que han obtenido sobre el sistema penitenciario”, explica Gaviria.
Bildu es una coalición de partidos independentistas vascos de izquierda que se creó en 2011 y que está integrado por Sortu, una agrupación considerada como heredera de la izquierda abertzale que justificó el accionar de ETA como herramienta política. Bildu, que tiene seis diputados en el Congreso español, ahora rechaza el uso de la violencia para sus políticas independentistas. Su representación en el parlamento vasco es mucho mayor: es la primera minoría.
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