Otra crisis política sacude a Perú a solo cuatro meses de la asunción de Pedro Castillo

Pedro Castillo debió esperar casi dos meses el ballottage de principios de junio para que se confirmara su victoria en Perú. Su rival, Keiko Fujimori, sostuvo todo lo que pudo las denuncias de fraude, estirando con tecnicismos sin fundamento los plazos y procedimientos hasta agotar los argumentos. Solo cuatro meses después de asumir la presidencia, ahora la duda es si este maestro rural socialista resistirá un intento de “vacancia”, como se denomina en el país al juicio político, y cuyo primer capítulo se decide el martes próximo.

El intento de remoción se activó el 25 de noviembre, con un pedido de firmas entre los legisladores de la oposición conservadora para abrir el proceso de vacancia, del que el Congreso suele echar mano con cierta frecuencia. La intención es expulsarlo bajo la acusación constitucional de “incapacidad moral”, una cláusula supuestamente de excepción –y creada para casos de desequilibrio mental– pero convertida en arma letal contra los jefes de Estado en estos últimos años.

“Declárase la permanente incapacidad moral del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución política del Perú”, dice el texto de la moción.

La propuesta fue impulsada por la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, el partido del derrotado economista liberal Hernando De Soto en la primera vuelta, y recibió el aval de Fujimori. “En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país”, dijo Keiko en Twitter.

César Acuña, fundador de la opositora Alianza para el Progreso, dijo por su parte que su partido “será inflexible en aplicación de la Constitución si se demuestran actos de corrupción en el gobierno”. Y agregó que lo mejor que podría pasar es que Castillo vaya al Congreso (en alusión al juicio político) a dar las explicaciones correspondientes.

Bajo presión, Castillo convocó a todos los partidos representados en el Congreso con el objetivo de entablar un diálogo sobre los “grandes temas que el país necesita resolver con urgencia”. Su propuesta era examinar temas como la reactivación económica y la lucha contra la pandemia, además de la estabilidad política y la gobernabilidad, dos cosas que brillan por su ausencia al menos desde 2016 en la escena política peruana.

Castillo también viene trabajando para reforzar el apoyo de organizaciones de base como las organizaciones campesinas, las cuales conoce tan bien desde sus días como maestro rural y líder sindical docente a nivel nacional, y que fueron aliadas clave en la campaña que le dio la victoria sobre Fujimori.

Inestabilidad

“Forzar la figura de la vacancia, como ya ha ocurrido antes, lo único que ha llevado es a mayor inestabilidad y usar la Constitución, violándola”, dijo sobre la iniciativa opositora el analista político Fernando Tuesta en su podcast semanal. “Esto no libera a Pedro Castillo de encabezar un mal gobierno, improvisado y con pocas luces para enfrentar la dura tarea de gobernar. Pero a ese gobierno la opinión pública y el propio Parlamento ya lo han limitado y controlado en sus excesos”, agregó.

Como están las cosas, la oposición deberá obtener 52 votos –sobre los 130 del Congreso– para dar lugar al juicio político. Luego se precisarán 87 votos para la destitución. Y si bien la coalición de gobierno tiene 43 de los 44 legisladores que precisa Castillo para salvarse, las diferencias en el seno del oficialismo podrían restarle más de una decena de votos y dejarlo librado a su suerte.

“Hay una facción que está inconforme con cómo está gobernando. Por lo tanto puede perder 13 votos de los 43 que tiene. Y con 30 votos quedaría obviamente al acecho de que toda la oposición se junte para destituirlo”, dijo a la nacion Carlos Meléndez, investigador de la Universidad Diego Portales de Chile.

Castillo corre el riego de dejar estampado su nombre en la lista de presidentes caídos recientemente en desgracia: Pedro Pablo Kuczynski, forzado a renunciar en 2018 cuando los legisladores rivales estaban por “vacarlo”; Martín Vizcarra, destituido en noviembre de 2020, y Manuel Merino, que duró solo una semana.

Merino en realidad no fue expulsado por el Congreso, sino que debió renunciar tras el estallido popular que desató la expulsión de Vizcarra, considerada por la opinión pública como injusta y arbitraria, producto de una mera lucha de poder entre las diversas facciones políticas.

Denuncias

Como sucedió con Kuczynski y Vizcarra, la oposición reunió todas las denuncias a su alcance para ponerse en campaña. Una de las más serias es la que acusa al gobierno de injerencia en ascensos militares.

Tampoco lo ayudaron las reuniones que sostuvo regularmente desde agosto con políticos, funcionarios y empresarios en una casa particular, la misma que utilizó durante la campaña presidencial, en vez del Palacio de Gobierno, una falta que se transformó en escándalo en medio de críticas por la supuesta falta de transparencia.

También se cuestionó la inclusión en el gobierno de ministros con cierta afinidad con la antigua guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y otras posiciones extremas. Castillo debió deshacerse sobre la marcha de esos dudosos personajes, y a poco de andar el gobierno remodeló su gabinete con media docena de nuevos ministros de convicciones menos polémicas.

Esos cambios le dieron oxígeno frente a la oposición pero lo enfrentaron con el ala dura de su partido, Perú Libre, liderado por el dirigente marxista Vladimir Cerrón, nada contento con el giro. Cerrón ahora tiene quizás en sus manos el destino del mandatario, como lo tuvo cuando lo designó candidato de su fuerza. “¿Qué es lo único que puede prevenir a Castillo de una destitución presidencial? Los votos. Llegar a 44 votos. Y para eso tiene que reconciliarse con el ala más dura de Perú Libre, con el ala de Vladimir Cerrón”, sostuvo Meléndez.

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