Ortega se radicaliza: empezaron en Nicaragua los juicios contra los presos políticos
Dos de los 168 detenidos ya se sentaron en el banquillo, y se esperan más casos para este mes; duras críticas de los organismos de derechos humanos
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PARA LA NACIONDaniel Lozano
CÚCUTA, Colombia.– El plan del presidente Daniel Ortega para perpetuarse en el poder en Nicaragua avanza según lo establecido. Tras la represión del año pasado contra aspirantes presidenciales y dirigentes opositores llegó la parodia electoral del 7 de noviembre y la juramentación en enero con el apoyo de Venezuela y Cuba, las otras dictaduras continentales. El turno ahora es para jueces y fiscales.
El Ministerio Público anunció el lunes la puesta en marcha de los “juicios orales y públicos” contra los presos políticos que permanecen en la cárcel de El Chipote o en prisión domiciliaria. Según la lista que manejan las autoridades, al menos 13 de los 168 actualmente apresados serán juzgados en febrero, uno por uno. Aunque organizaciones de derechos humanos no descartan que se unifiquen por grupos mayores en una gran causa.
Los primeros en sentarse este martes en el banquillo de los acusados fueron los jóvenes Yader Parajón, hermano de Jimmy, asesinado durante las protestas de abril de 2018, y Muammar Vado, disidente del sandinismo, según confirmó a LA NACIÓN el Colectivo de DDHH Nicaragua Nunca+.
El comunicado de la Fiscalía contiene lo que parece una sentencia por adelantado, ya que ni siquiera se respeta la presunción de inocencia: “Estos mismos criminales y delincuentes han atentado contra los derechos del pueblo, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento de golpe de Estado de 2018. Son los mismos que han provocado tanto dolor y luto a causa de asesinatos, torturas y secuestros”.
Como si se estuviera mirando en un espejo, la Fiscalía General justificó las maniobras gubernamentales que amparan los juicios iniciados el martes en el búnker carcelario. Según el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), se repitieron las mismas ilegalidades que en las audiencias iniciales, con los abogados sin acceso a los encarcelados para establecer la estrategia de la defensa. Ni siquiera los familiares pudieron permanecer en la sala judicial para ver a sus seres queridos, a quienes ya les prolongaron ilegalmente la detención por 90 días. Con otros subterfugios legales se los ha mantenido detenidos durante más siete meses.
“Se trata de delitos inexistentes, que no han podido probar, fabricados en los escritorios de la Fiscalía. Estamos ante una farsa más de la dictadura, una simulación legal donde lo que se va a hacer es reafirmar la persecución y criminalización. La dictadura cruel en vez de cumplir con lo que ofreció, un diálogo, ahora se queda callada y como respuesta convoca estos juicios”, denunció a LA NACIÓN Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.
Los activistas de derechos humanos presagian unas sentencias ejemplarizantes “para generar más miedo y para doblegar aún más la voluntad de quienes están dispuestos a conversar con el gobierno para obtener la libertad inmediata de los presos políticos”, certificó Núñez.
Para miércoles y jueves están previstos los juicios contra la comandante dos y exministra revolucionaria, Dora María Téllez, quien conformó el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) junto a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Bell, y Ana Margarita Vijil, quien presidió el MRS, actualmente llamado Unamos. Las dos mujeres, junto a la también renovadora Suyen Barahona y la activista Tamara Dávila, han sufrido la crueldad sandinista en prisión: aisladas, incomunicadas, sin ropa de abrigo, con interrogatorios constantes y pésima alimentación.
Los familiares también unieron sus voces para protestar contra los abusos de la dictadura, que sólo ha permitido ver a sus presos en cuatro o cinco ocasiones. “En este momento tan importante de la historia nacional, donde toda Nicaragua está ahogada de dolor y luto, la libertad de todas las personas presas políticas es indispensable para construir un clima de paz y de justicia”, destacaron en un comunicado conjunto.
“Es importante destacar que la celebración de estos juicios en un centro de detención es parte de las ilegalidades, ya que el Código Procesal Penal estable en el artículo 121 que los tribunales actuarán en su propia sede”, añadió para este diario María Asunción Moreno, antigua candidata presidencial de la Alianza Cívica y miembro de su consejo ejecutivo, ahora en el exilio.
Por Daniel Lozano
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