Operación Padrino: cómo se descubrió que el zar antidrogas mexicano era el protector de los narcos
The New York TimesAzam Ahmed
CIUDAD DE MÉXICO.– Los agentes de seguridad estadounidenses estaban escuchando un teléfono intervenido por el que conversaban los miembros de un cartel. Los criminales hablaban de una figura poderosa conocida como el Padrino. Los investigadores llevaban meses tras sus pasos y sospechaban que este personaje central del narcotráfico era, en realidad, un alto funcionario del Ejército mexicano.
De pronto, una de las personas escuchadas les dijo a sus compañeros del cartel que en ese preciso momento el Padrino estaba en la televisión. Los agentes consultaron de quién se trataba y descubrieron que no era otro que el secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, según revelan cuatro funcionarios estadounidenses involucrados en la investigación.
En ese momento, dicen las autoridades, finalmente pudieron confirmar que el misterioso patrón de uno de los carteles de narcotráfico más violentos era en realidad el encargado de la guerra contra el crimen organizado de México. Fue una sorprendente prueba de hasta dónde extiende el narcotráfico los tentáculos en México, y el jueves último por la noche el general Cienfuegos fue finalmente detenido por autoridades de los Estados Unidos en el Aeropuerto de Los Ángeles mientras viajaba con su familia.
Incluso para México, un país habituado a la violencia y la corrupción incesantes, la detención fue poco menos que extraordinaria y perforó el halo de invencibilidad del que han gozado las Fuerzas Armadas del país desde hace tiempo.
Cienfuegos, secretario de Defensa de México de 2012 a 2018, está acusado de lavado de dinero, tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana desde finales de 2015 hasta principios de 2017, según la denuncia oficial presentada en el Distrito Este de Nueva York.
Los cargos son el resultado de lo que los investigadores bautizaron Operación Padrino, que demandó años. Los funcionarios dicen que el general Cienfuegos ayudó a enviar cargamentos marítimos al cartel H-2, un grupo criminal que cometió terribles actos de violencia como parte de su negocio de narcotráfico. A cambio de lucrativos sobornos, sostienen los funcionarios, Cienfuegos también desvió operativos del ejército dirigidos contra ese cartel en dirección de sus rivales.
La noticia no solo empaña la lucha de México contra el crimen organizado, sino que también muestra el alcance de la corrupción en los más altos niveles de gobierno. El general Cienfuegos fue ministro de Defensa durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, que terminó hace dos años.
El arresto del general Cienfuegos se produce solo diez meses después de que otro alto funcionario mexicano –que dirigió el equivalente mexicano del FBI– fue acusado en Nueva York de aceptar sobornos mientras estaba en el cargo para proteger al cartel de drogas de Sinaloa, una de las mafias criminales más poderosas de México.
El funcionario, Genaro García Luna, se desempeñó como jefe de la Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005 y durante los seis años siguientes fue secretario de Seguridad Pública de México, un cargo a nivel de gabinete. En esa posición, tuvo la tarea de ayudar al presidente de entonces, Felipe Calderón, a crear su estrategia contra los carteles mexicanos.
Si ambos hombres resultan sentenciados, significaría que dos de las figuras de más alto rango y con más respeto entre los comandantes que supervisaron la guerra de México contra el narcotráfico trabajaban en conjunto con el crimen organizado y ayudaron a que los carteles continuaran asesinando a una cantidad récord de mexicanos.
Ambos casos ponen también en entredicho el papel de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico. Durante años, los oficiales estadounidenses han influido en la formulación y el financiamiento de las estrategias de México y han dependido de sus contrapartes mexicanas para ejecutar operaciones, recabar inteligencia y en general cooperar en materia de seguridad. Si las acusaciones se sostienen, resultaría que algunos de esos mismos líderes mexicanos estaban jugando para los dos bandos. "La dificultad de trabajar en México, donde hay este nivel de corrupción, es que uno nunca sabe realmente con quién trabaja", dice Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Tanto García Luna como el general Cienfuegos tuvieron cargos en los niveles más altos del gobierno mexicano en un momento en el que los homicidios alcanzaron niveles históricos, los carteles de la droga libraban una guerra y, durante el gobierno de Peña Nieto, se ampliaban las operaciones militares.
De presencia volátil, el general Cienfuegos era un símbolo del papel del Ejército en México. Los comandantes suelen gozar de una gran autonomía, rara vez ceden a las presiones políticas y disfrutan de la protección presidencial.
"Nunca ha habido un secretario de Defensa arrestado en México", dice Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores. "El secretario de Defensa en México es un tipo que no solo dirige el ejército y es un militar, sino que informa directamente al presidente. No hay nadie por encima de él excepto el presidente".
Debido a ese poder y autonomía, los analistas y otros observadores hacía tiempo que sospechaban sobre la posibilidad de que altos líderes participaran de la corrupción. Pero, debido a su estatus, nadie se atrevía a investigarlos, al menos no en México.
El viernes último, en respuesta a la detención, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió al Ejército y también se lamentó por los malos elementos que pertenecen a sus filas. Pero no quedó claro si dará marcha atrás en su fuerte dependencia de esa fuerza armada, cuyo papel se ha ampliado durante su gobierno para incluir desde actividades de construcción hasta tareas de seguridad pública.
El ejército mexicano ha sido parte central de la estrategia de seguridad interna del país desde que empezó el enfrentamiento con los carteles de la droga, en 2006. El secretario de Defensa supervisa ese esfuerzo.
El uso de soldados entrenados para el combate, pero no para las labores de patrullaje policial, ha traído problemas más allá de la corrupción. Con el ejército al frente de la lucha contra el narcotráfico, el gobierno jamás ha logrado construir una fuerza policial eficaz.
En diciembre de 2017, México aprobó una ley de seguridad que afianzaba el papel del Ejército en la guerra contra las drogas, algo que indignó a las Naciones Unidas y a grupos de derechos humanos, que advirtieron que la medida podría desencadenar abusos.
El general Cienfuegos tuvo un papel clave al convencer a los políticos de aprobar la ley que le dio al ejército permiso legal para hacer lo que estuvo haciendo durante una década sin autorización explícita. Su arresto no parece ser producto de una operación conjunta con el gobierno mexicano. Data de una investigación de 2013 liderada por Estados Unidos sobre un cartel de drogas encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, sucesor de la otrora poderosa organización Beltrán-Leyva, según funcionarios de seguridad estadounidenses.
A pesar de que por ese entonces un grupo de agentes estadounidenses identificó al general Cienfuegos como un socio corrupto de la organización de Meza Flores, otras agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas rechazaron la posibilidad y jamás se investigó completamente al general.
Pero para 2015 la presión para investigar a Cienfuegos aumentó cuando dos escuchas telefónicas estadounidenses empezaron a captar informaciones de un poderoso personaje del bajo mundo conocido como el Padrino.
Por el lado de García Luna, los fiscales no solo acusaron a él y a dos de sus exsocios, sino que también han enjuiciado a Édgar Veytia, el exprocurador general del estado de Nayarit, quien en octubre pasado fue sentenciado en Estados Unidos a 20 años de prisión por conspirar con el cartel H-2.ß
Por Azam Ahmed
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