Olaf Scholz acuerda con liberales y verdes y gobernará la primera economía de Europa en la era pos-Merkel
El socialdemócrata deberá ser confirmado por el Bundestag como el nuevo jefe del gobierno el próximo 6 de diciembre; la agenda de la coalición les dará prioridad a las metas climáticas y fiscales
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PARÍS.- Las puertas de la cancillería alemana se abrieron este miércoles para el socialdemócrata Olaf Sholz, que anunció por la tarde haber llegado a un acuerdo de gobierno con liberales y Verdes. Esa inédita alianza debería dirigir Alemania durante cuatro años, dejando atrás 16 años de gobierno de Angela Merkel. En su programa, la nueva coalición “semáforo” prevé el retorno al rigor presupuestario, una salida anticipada del carbón y la legalización del cannabis.
“Una alianza para la libertad, la justicia y la sustentabilidad”. Con ese lema y casi dos meses después de las elecciones legislativas que marcaron una derrota histórica de los conservadores de la democracia-cristiana (CDU) de Merkel, el socialdemócrata (SPD) Olaf Scholz debería ser confirmado el 6 de diciembre por los diputados del Bundestag como nuevo canciller de Alemania al frente de una alianza de gobierno con los Verdes y el partido liberal (FDP).
Mientras se espera la formación definitiva del equipo de gobierno, ya se sabe que los Verdes –que obtuvieron el segundo mejor score electoral detrás del SPD– ocuparán el Ministerio de Relaciones Exteriores con Annalena Baerbock, así como un “superministerio” del clima y de la economía, que debería recaer en Robert Habeck. Los liberales, extremadamente ortodoxos para las cuentas públicas, controlarán la cartera de Finanzas, seguramente con Christian Lindner, el presidente de esa formación.
Tras el anuncio de acuerdo, la nueva coalición desveló los ejes centrales de su acción. Por ejemplo, acelerar la salida del país del carbón, avanzándola “idealmente” a 2030, en vez de 2038 como estaba previsto.
“Esto exige el desarrollo masivo de energías renovables” e implica “la construcción de centrales de gas modernas, para cubrir la necesidad creciente de electricidad y energía en los próximos años a precios competitivos”, dice el acuerdo. El futuro gobierno pretende también desarrollar el transporte ferroviario, que debe llegar a representar el 25% del transporte de mercaderías, y duplicar el número de usuarios del tren.
La nueva administración alemana consagrará 1000 millones de euros al personal médico y profesiones afines, que estuvieron “particularmente solicitados” por la pandemia, subrayó Scholz. Actualmente sumergida por una impresionante cuarta ola de Covid, Alemania debe también “estudiar” una eventual “extensión” de la obligación de vacunarse, que ya rige en las Fuerzas Armadas y muy pronto en los establecimientos sanitarios, precisó el exalcalde de Hamburgo y hasta ahora ministro de Finanzas de Merkel. Por el contrario, la nueva coalición parece excluir por el momento toda idea de confinamiento nacional, como el que acaba de entrar en vigor en la vecina Austria.
El futuro gobierno ha decidido legalizar el uso del cannabis, cuya venta se hará en “negocios autorizados” y será reservado “a los adultos”. La medida “permitirá controlar la calidad, impedir la transmisión de substancias contaminadas y garantizar la protección de la juventud”, precisa el contrato.
Reivindicación verde
Alemania ya dispone de una legislación menos restrictiva respecto del cannabis que numerosos de sus vecinos europeos. En ciertas ciudades como Berlín es posible poseer algunos gramos de esa sustancia para consumo personal. La legislación del cannabis es una reivindicación de los verdes y los liberales, mientras que el SPD ha sido tradicionalmente reticente.
La nueva coalición colocará la idea de “una Europa soberana” en el centro de su política exterior, afirmó el futuro canciller. No obstante, la relación transatlántica debe seguir siendo “un pilar central” para Alemania, y la OTAN “un elemento indispensable” de la seguridad del país. La coalición acordó el equipamiento de sus uerzas armadas (la Bundeswehr) con drones armados, un tema que divide a la clase política y que los Verdes rechazan. El futuro equipo envió además un mensaje de firmeza a los socios rebeldes de la Unión Europea (UE), como Polonia y Hungría: el nuevo gobierno está “resuelto” a defender los valores del Estado de Derecho en el bloque.
En el terreno presupuestario y después de un 2022 que seguirá marcado por la pandemia “limitaremos a partir de 2023 el endeudamiento al nivel permitido por la Constitución”. Ese dispositivo, inscripto en la Carta Magna, que prohíbe al Estado federal endeudarse por más de 0,35% del PBI anual, había sido suspendido por el Bundestag en 2020 y 2021 para hacer frente a los costos del Covid-19.
El acuerdo de gobierno prevé, no obstante, medios presupuestarios “sin precedente” para respetar los objetivos climáticos. Los socialdemócratas y los verdes esperaban introducir más flexibilidad presupuestaria en los próximos años. Pero esa esperanza compartida por los países del sur de Europa en lo que concierne al bloque, se estrelló contra la ortodoxia de los liberales del FDP, que no quieren oír hablar de ampliación de los llamados criterios de convergencia para la zona euro y mucho menos de una eventual mutualización de la deuda comunitaria.
En todo caso, los socialdemócratas consiguieron mantener su principal promesa de campaña: un aumento del salario mínimo a 12 euros la hora, contra 9,6 euros en la actualidad. También aportarán modificaciones a los llamados minijobs. Esos empleos precarios, especialmente destinados a jóvenes y jubilados, libres de cargas sociales y limitados a 450 euros mensuales, que son denunciados por sindicatos y sectores asociativos como instrumentos de explotación de la gente más frágil.
Mientras la mayoría de los países europeos plantea la necesidad de limitar la inmigración, la nueva administración dará mayores facilidades a los refugiados para hacer entrar a sus familias en Alemania. Aparte de los ciudadanos de la UE, otros candidatos a la inmigración deberían hallar menos dificultades para instalarse legalmente en el país. El acuerdo prevé reformar el derecho a la nacionalidad para simplificar el procedimiento de acceso a la misma. La naturalización debería ser posible después de cinco años –incluso de tres– de una buena integración.
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