Okupas: ellos son los “fortachones” que contratan en España para desalojar a los que invaden propiedades de forma ilegal

La ocupación ilegal de propiedades tiene una larga historia en España y muchas veces está impulsada por el gran número de personas que no tienen acceso a una vivienda. Ahora, una turbia práctica hace las cosas todavía más complejas.

Los ocupantes ilegales han empezando a pedir un “rescate” a cambio de dejar una propiedad, lo que ha llevado al surgimiento de empresas privadas de desalojo, algunas de las cuales se valen de amenazas para lograr su objetivo.

Michael Regan estaba en Londres durante los meses de aislamiento obligatorio por la pandemia del covid-19 cuando su teléfono sonó. “¿Tienes invitados quedándose en tu casa?”, le preguntaban en un mensaje. Era de un vecino de su casa de vacaciones en la localidad costera catalana de Sitges. “Por supuesto, yo no tenía a nadie quedándose en casa, así que las alarmas se encendieron”, le dice Michael a la BBC.

Un amigo suyo español denunció a los intrusos ante la policía, que respondió diciendo que llevarían el caso a un juez.

En España, este es un procedimiento normal: la ley española permite a la policía sacar a los okupas, como se conoce a los ocupantes ilegales, si el propietario prueba que es su primera, segunda o incluso tercera o cuarta residencia, pero depende de cómo se interpreten las reglas.

En la terraza de Michael, un grupo de jóvenes estaba secando la ropa y jugando juegos de mesa, según supo Michael. Eso lo alivió, dice. “No era una familia que realmente necesitara un lugar para vivir, eran extorsionistas profesionales. Así que en cierto modo me sentí aliviado, porque sabía que podíamos negociar”, recuerda.

¿Cuáles eran las opciones de Michael?

Podía esperar a que los tribunales tomaran una decisión, lo cual podía tardar hasta dos años. O podía hacerlo en privado. “La gente me aconsejó contratar una empresa que se especializa en negociar con okupas para sacarlos”. Así que contactó a FueraOkupas.

Esta empresa comenzó a trabajar hace tres años y ahora recibe 150 llamadas al día, dice su director, Jorge Fe. El 75% son sobre inquilinos que no pagan su alquiler y 25% sobre ocupantes ilegales. Sus empleados son boxeadores y expertos en artes marciales, explica, hombres que no se dejan intimidar fácilmente por las personas a las que intentan desalojar.

Una vez que Michael acordó los términos, a una tarifa de 3.500 euros (cerca de US$4.100), la mitad pagada por adelantado, FueraOkupas visitó su propiedad en Sitges.

“Es normal que cuando llegamos los okupas intenten intimidarnos. Y no les fue bien. Nunca les va bien”, asegura Jorge Fe. “Así que tuvimos algo más que una conversación con ellos”. Fe no aclaró si hubo violencia. “Tratar con este tipo de personas es como un juego de niños para nosotros: tenemos campeones de lucha en nuestro equipo”, asevera.

Después de varias visitas de Jorge Fe y sus hombres, los okupas captaron el mensaje. “Entendieron que tenían que negociar, que hablábamos en serio y que queríamos recuperar la propiedad. Nos pidieron dinero a cambio de irse y eso fue lo que se acordó en este caso”, expone.

Extorsiones en aumento

El abogado inmobiliario Santi Ventalló dice que hay extorsión en el 1% o 2% de los casos que maneja de okupas, pero cree que se volverá un fenómeno común. “Creo que esto es okupación 2.0”, dice. Y la razón de esto es que los tribunales tardan mucho en actuar.

“El sistema legal no está funcionando, así que los propietarios están pagando a los ocupantes ilegales para que se vayan de inmediato. Es algo que también haría si tuviera tomados mi segunda casa o activos inmobiliarios. Les pagaría a los okupas para sacarlos”, dice el abogado. “Esta es una forma muy fácil de ganar dinero”, acota.

Es mucho más fácil que robar un banco, según un hombre que dice ser un criminal de carrera. El hombre, al que llamaremos Javier, habló bajo condición de anonimato. Nos dijo que era un extraficante de cocaína y ladrón de bancos. Pero ahora su principal actividad ilegal es la extorsión.

Solo en Barcelona hay unas 10.000 viviendas o pisos vacíos. Después del colapso de 2008, los precios de las propiedades se desplomaron y la especulación se disparó. Dado que la falta de vivienda sigue siendo un gran problema, los bienes raíces desocupados son una fuente de quejas, especialmente porque la mayoría de ellos pertenecen a grandes empresas.

Javier afirma que él y sus compinches les apuntan a viviendas caras cuyos dueños son compañías financieras y bancos. “Entro un viernes. El lunes siguiente, llamo al banco y digo: ‘Hola, chicos, estoy en su apartamento y lo voy a destruir. Puedo enviarles fotos si quieren’. Y la gente del banco dice: ‘Vaya, estamos enviando a alguien para verte. Y luego esa persona viene y negocia el precio”, revela.

Javier dice que puede ganar alrededor de 10.000 o 12.000 euros cada vez, entre US$11.000 y US$14.000.

“El rescate depende de la calidad del lugar. Si vale uno o dos millones de euros, te pagan más”. Afirma haber irrumpido en cerca de 50 propiedades en el último año.

Es poco probable que los bancos admitan ante la BBC que están pagando a los delincuentes, por lo que intentamos verificar lo que Javier nos dijo con otros contactos. Aunque no pudimos verificar los detalles, a nadie le sorprendieron sus historias.

Cambiar las cerraduras, otra modalidad

Otra de las estafas de Javier es cambiar las cerraduras de los apartamentos vacíos y luego vender las llaves por 1.000 o 1.200 euros (US$1.100 o US$1.400) a personas empobrecidas que luchan por pagar un alquiler al precio del mercado, un grupo que ha crecido desde el inicio de la pandemia.

“La mayoría de las personas que compran las llaves lo hacen sabiendo que el vendedor no es el dueño de la propiedad”, dice el abogado Santi Ventalló. “Compran las llaves sabiendo que la ley es blanda, el sistema legal está colapsado y van a poder quedarse al menos uno o dos años”.

Pero otros pueden ser engañados para que paguen el alquiler a los delincuentes que se han apoderado de la propiedad. Eso es lo que le pasó a Mariana Stirbu, quien se mudó a un piso en el distrito de La Sagrera de Barcelona con su pareja y dos hijos hace tres años.

“Los dos hombres que nos alquilaron el piso parecían los dueños, vestían traje y fuimos a firmar el contrato. Pagábamos 750 euros al mes, así que todo parecía estar bien”, dice.

Este no fue el caso. Mariana se enteró cuando llegaron los funcionarios de la corte para desalojar a la familia, poco después de que comenzaran a vivir allí. Les mostró sus documentos y le dieron 18 días de gracia.

Cuando los servicios sociales dijeron que no podían ayudarla, Mariana recurrió a un grupo de presión de vivienda llamada Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), creado cuando el colapso de la propiedad de 2008 dejó alrededor de un millón de personas sin poder pagar sus hipotecas.

Durante los últimos tres años, los activistas de la PAH han evitado que la familia de Mariana sea desalojada. Sin embargo, en mayo, los propietarios del piso de Mariana, Coral Homes, pensaron que deberían intentar una táctica diferente.

“Una mañana, alguien llamó con fuerza a la puerta de entrada”, dice Mariana. “Había 20 hombres grandes afuera. Dijeron que tenía la opción de irme con el dinero que podían darme. Y si me negaba, me dijeron que estarían afuera de mi puerta todos los días con perros. ‘No te vamos a dejar entrar o salir ‘, dijeron”.

Los hombres estaban ofreciendo miles de euros, dice, pero esta no fue una solución a largo plazo para su problema porque ella y su esposo simplemente no ganan lo suficiente para pagar el alquiler de mercado de un apartamento lo suficientemente grande para su familia.

Coral Homes le dijo a la BBC que no comentarían sobre el caso de Mariana. Y la empresa de desalojos no respondió a las solicitudes de la BBC para explicar sus acciones.

Lucía Martín, consejera de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, sospecha de las empresas de desalojo. “Lo que hemos visto son casos de intimidación y amenazas. Han tratado de sacar a las familias vulnerables por la fuerza, aprovechando el hecho de que esas personas no saben que la ley las protege”, dice.

Lucía Martín cree que Cataluña, y España en general, están lidiando con las consecuencias de décadas de no invertir en viviendas sociales.

Aunque ahora han comenzado a construir nuevas viviendas, su política es detener los desalojos de las personas vulnerables que ocupan ilegalmente una propiedad, negociando con el propietario o incluso pagando el alquiler para que puedan quedarse.

Lucía Martín rechaza la acusación de que las políticas catalanas favorables a los ocupantes ilegales podrían alentar a extorsionistas como los jóvenes que ocuparon el piso de Michael Regan en Sitges, o el exatracador de bancos que asegura que gana miles de euros exigiendo rescates a los propietarios.

“Es una falacia pensar que las mafias van a desaparecer si endurecemos las leyes de ocupación ilegal”, dice. “Los delincuentes se están aprovechando de un problema real, que es la falta de viviendas asequibles”.

Michael Regan se sintió satisfecho con la forma en que FueraOkupas manejó su situación en Sitges: los okupas se fueron en dos semanas. “Inicialmente querían 5.000 euros (US$5.800) para irse, pero Jorge pudo negociar hasta los 2.000 euros (US$2.300), y yo le dije: ‘Solo págalo’. No lo dudé”, afirma.

Hay una pregunta perturbadora en el corazón de estos casos: ¿las empresas de desalojo están alentando las demandas de extorsión al ofrecer dinero a los okupas para que dejen una propiedad antes de que realmente lo hayan pedido?

Jorge Fe, de FueraOkupas, dice que nunca ha hecho esto. Pero Mariana Stirbu afirma que la empresa de desalojos que la visitó le ofreció inmediatamente dinero para irse.

Michael Regan no se sorprende. “Cuando comencé a buscar entre las distintas empresas, una de ellas quería 6.000 euros (US$7.000) por adelantado, y dijeron que la mitad de eso se pagaría inmediatamente a los ocupantes ilegales y la otra mitad serían los honorarios de la empresa. Me dijeron que no hiciera eso”, recuerda. Por eso eligió a FueraOkupas.

La BBC ha tenido noticias de propietarios de viviendas de toda España que están intentando recuperar sus propiedades. A menudo, los ocupantes ilegales se habían mudado a una propiedad como inquilinos de buena fe, pero tras uno o dos meses dejaron de pagar la renta. ¿Tal vez algunos esperaban que una empresa de desalojos les ofreciera una recompensa?

Hay rumores sobre la relación entre las empresas de desalojo y las bandas criminales de ocupantes ilegales. “Incluso podrían estar vinculados”, dice Michael Regan. “He escuchado historias muy extrañas, es bastante turbio”.

Un nuevo sistema de alarma protege ahora su apartamento. Los jóvenes que pasaban su tiempo jugando juegos de mesa en su piso no dañaron la propiedad, pero sí robaron toda la ropa de Michael y de su pareja. Lo único que dejaron fue un par de zapatos en el armario.

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