No solo Singapur: los países del Sudeste Asiático donde el narcotráfico se castiga hasta con la muerte

SANTIAGO, Chile.- La ejecución este miércoles en la horca de un hombre con discapacidad intelectual en Singapur por traficar 42 gramos de heroína pone en relieve la dureza con que muchos países en el Sudeste Asiático castigan los delitos de drogas, incluida la pena de muerte. Los delitos por narcotráfico están castigados con la pena capital, en la horca, fusilamiento, por inyección letal, en Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, mientras que Filipinas, Camboya y Myanmar la abolieron o no la aplican.

La Ejecución del malayo Nagaenthran K. Dharmalingam, condenado en 2010 por entrar en la próspera ciudad-Estado con 42,72 gramos de heroína, ha tenido lugar a pesar de los llamados en contra de la Unión Europea (UE), la ONU y ONG como Amnistía Internacional.

Nagaenthran, con un coeficiente intelectual de 69 (considerado dentro de la discapacidad mental), fue ejecutado bajo una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta. En Singapur, la pena capital se aplica a los delitos de narcotráfico como la posesión de más de 15 gramos de diamorfina (heroína pura), 30 gramos de cocaína, 500 gramos de cannabis y 250 gramos de metanfetamina. Hay excepciones, como el caso de personas con discapacidad, pero los tribunales desestimaron esta atenuante en el caso del acusado malasio.

Singapur ejecutó a tres personas condenadas por narcotráfico desde el último marzo y está previsto que aplique la pena capital a otro reo sentenciado también por tráfico de drogas el viernes. Según los medios locales, hay unas 50 personas en el corredor de la muerte en la ciudad-Estado.

Fusilamiento en Indonesia

Indonesia castiga el tráfico de drogas con penas que incluyen entre 5 y 20 años de cárcel, la cadena perpetua o la pena de muerte por fusilamiento, con cantidades a partir de los 5 gramos de cocaína, heroína y metanfetamina, entre otras sustancias.

Según un informe de 2021 de la Red Contra la Pena de Muerte en Asia (Adan, en sus siglas en inglés), hasta el año pasado había unas 350 personas en el corredor de la muerte en el archipiélago indonesio, con un 60 por ciento de ellas condenadas por narcotráfico.

Durante la pandemia, los tribunales indonesios han sentenciado a muerte a muchos presos a través de Zoom y otros sistemas telemáticos, lo que ha sido criticado por algunas organizaciones de derechos humanos. En 2015, un reo brasileño acusado de narcotráfico fue ejecutado en una prisión indonesia, a pesar de las reiteradas peticiones de clemencia por parte de Brasilia.

En Tailandia, el 80% de los presos están condenados debido a delitos de drogas, incluida la posesión de metanfetaminas, mientras que el tráfico de estupefacientes está castigado con penas de hasta 15 años de prisión o la pena de muerte. Según datos del Departamento de Prisiones tailandés, hay 194 personas condenadas a muerte en el país, de las que un 64% están relacionadas con el narcotráfico.

La situación en Malasia

Malasia, por su parte, aplica una moratoria a las ejecuciones en 2018, aunque la pena de muerte sigue vigente legalmente para delitos como el tráfico de drogas y el asesinato. Hasta septiembre de 2021, había 1366 personas en el corredor de la muerte en el país, de los que 927 fueron condenados por narcotráfico, mientras que 529 eran extranjeros, de acuerdo con datos de la Adpan.

Los tres hermanos mexicanos González Villarreal, originarios del estado de Sinaloa, fueron indultados y extraditados a México en 2019 tras pasar siete años en el corredor de la muerte en Malasia por narcotráfico.

En tanto, Vietnam, que aplica la pena de muerte a condenados por tráfico de estupefacientes, asesinato y delitos contra la seguridad nacional, ejecutaba a los reos ante el pelotón de fusilamiento hasta 2011, cuando adoptó la inyección letal.

Unas 1200 personas se encuentran sentenciadas a muerte en Vietnam, con la última ejecución producida en 2018, indicó la Adpan, que precisó que existe mucha opacidad en torno a este tipo de información en el país comunista.

En otros países de la región, Myanmar y Laos están considerados abolicionistas de hecho de la pena capital, ya que no ejecutan a nadie desde hace décadas, mientras que Camboya y Filipinas son los únicos que la han abolido oficialmente.

No obstante, el gobierno filipino de Rodrigo Duterte emprendió una guerra contra las drogas en 2016 que dejó más de 9000 muertos, según datos oficiales, aunque algunas ONG hablan de hasta 27.000 fallecidos, algunos de ellos en supuestas ejecuciones extrajudiciales.

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