Nicolás Maduro recibe al sustituto de Michelle Bachelet con una nueva arremetida contra ONG y diputadas
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., se prepara para su destino más incómodo en momentos en los que el gobierno de Venezuela renueva la apuesta contra organizaciones civiles y políticos
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PARA LA NACIONDaniel Lozano
BOGOTÁ.- Nicolás Maduro ha preparado un recibimiento muy revolucionario a Volker Türk, sustituto de Michelle Bachelet al frente de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyos informes ayudaron a desnudar los abusos desmedidos del chavismo. Por una parte, con un comunicado institucional en el que “reitera su compromiso inquebrantable con los derechos humanos”.
Y por la otra, la última arremetida contra Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional (AN) legítima, y su vicepresidenta, Auristela Vásquez, ambas exiliadas en España, cuyas viviendas en Venezuela fueron asaltadas por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Türk ha permanecido dos días en Colombia antes de emprender la visita más incómoda de su gira: en las mazmorras de Maduro permanecen 273 presos políticos mientras la Corte Penal Internacional ha señalado al “presidente pueblo” y a los generales chavistas más poderosos de delitos de lesa humanidad, que van desde las torturas a las ejecuciones extrajudiciales, además de violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
“Es una estrategia de terrorismo de Estado. Desde el primer momento fuimos amenazadas por Nicolás Maduro y por el fiscal general ilegítimo, que activó una alerta roja internacional mientras confiscaba nuestros bienes. Ahora se ha hecho efectivo el allanamiento de nuestras moradas en Venezuela. De manera sistemática, la dictadura nos amedrenta. No nos van a quitar de nuestro camino de recuperar la democracia, nos mantenemos firmes. Somos probas, estoicas e indeclinables y seguimos acompañando al pueblo”, señaló Dinorah Figuera a LA NACIÓN.
El chavismo en sus distintas versiones, el de la simulación internacional y el de la cruda realidad nacional, que ahora también incluye a ONGs que han conseguido paliar en parte el derrumbe de la sanidad y de los servicios públicos provocado por la revolución. Gracias a estas organizaciones, que ya trabajan bajo amenaza en los barrios populares del país, miles de venezolanos se alimentan en comedores, reciben medicinas y tratamiento médico y se forman y estudian.
La amenaza contra la sociedad civil es de tal calado que Amnistía Internacional (AI) reaccionó de inmediato al lanzar una alerta mundial y Human Rights Watch (HRW) reclamó la atención del mundo ante una maniobra que pretende eliminar o someter a unas organizaciones que hoy son clave para la supervivencia de los venezolanos.
De esta forma, Maduro imita al caudillo sandinista, Daniel Ortega, quien desde que reprimió a sangre y muerte la rebelión social de 2018 ha disuelto cerca de 3000 ONGs, de todo tipo, desde las religiosas hasta la propia Academia de la Lengua.
“Las ONGs comenzaron sociales, humanitarias. Son estructuras conspirativas del Imperio”, arengó Diosdado Cabello, número dos del chavismo, ante la Asamblea nacida del fraude electoral de 2020.
El dirigente radical señaló en especial a Provea, organización que lucha a contracorriente por los derechos humanos desde hace 34 años y que ha representado a más de 2000 personas ante tribunales de dentro y fuera del país. Provea precisamente defendió los derechos de los golpistas del 4-F, comandados entonces por el teniente coronel Hugo Chávez.
Para la historia de los derechos humanos en un continente donde tantas veces fueron vulnerados también destaca el Comité de Familias de Víctimas del Caracazo (Cofavic), la rebelión civil de 1989 reprimida a tiro limpio, con cerca de 3000 víctimas mortales.
Cabello también disparó contra Súmate, uno de los principales baluartes en los procesos electorales, y Futuro Presente, Lidera, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y Más Ciudadanos, relacionada con la Universidad Católica Andrés Bello.
Finalmente, el órgano legislativo bolivariano aprobó en primera discusión un proyecto de ley que no solo intenta asfixiar a unas organizaciones fundamentales hoy en la Venezuela deprimida; también las acusa de ser enemigas de la patria y de operar con fines políticos, con el objetivo de aplicarles el tradicional rodillo del poder.
El plan inicial del chavismo es multar con 12.000 dólares a quienes no cumplan con la nueva ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento y sus medidas draconianas, con las que se pretende obtener información sobre su financiamiento para ahogarlas y sobre sus directivos y colaboradores para amedrentarles. HRW ha denunciado que este plan viola los derechos de asociación y privacidad y que no sólo ataca a sus miembros, también lo hace con sus beneficiarios, en peligro ante las represalias sistemáticas de la revolución.
Precisamente las organizaciones de la sociedad civil y la iglesia católica encabezan el ranking de los más prestigiosos en el país. La última denuncia del obispo Víctor Hugo Basabe (“Venezuela herida, maltratada, traicionada y saqueada hasta más no poder”) ha provocado una andanada desde el oficialismo contra la curia católica y nuevos devaneos con pastores evangélicos aliados del Palacio de Miraflores.
“Su objetivo es eliminar el mayor número de ONGs en Venezuela”, destacó Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, quien ya fue atacada en su día por el gobierno de Hugo Chávez, a quien derrotó con una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por Daniel Lozano
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