Nicaragua: sigue la persecución a opositores y detienen a un importante banquero
La ola de arrestos crece a diario en el país; ayer la OEA condenó la situación con un documento que la Argentina no apoyó
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LA NACION
MANAGUA.- La Policía de Nicaragua arrestó al gerente general del Banco de la Producción, Luis Rivas Anduray, a quien se investiga por supuestamente “incitar a la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y proponer y gestionar bloqueos económicos”. La noticia la confirmó anoche la propia fuerza con un comunicado.
Estos delitos son los mismos que se imputan a los otros opositores al gobierno de Daniel Ortega detenidos en los últimos días, hecho que despertó las alertas y el repudio de varias naciones. De hecho ayer, casi al tiempo que acontecía esta detención, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó esta ola de arrestos, gesto que la Argentina sin embargo no apoyó.
En sus declaraciones, las autoridades indicaron que Anduray también será investigado por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” y por “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”, delitos contenidos en la Ley 1055 aprobada en diciembre.
Con este arresto ya son 16 los detenidos desde fines de mayo por supuestos delitos contra la “soberanía y autodeterminación”. La mayoría son líderes opositores al presidente Ortega pero además entre los afectados hay extrabajadores de la Fundación Violeta Chamorro, una ONG que promueve la libertad de expresión y que es investigada por supuesto lavado de dinero.
Anduray es el primer banquero detenido en esta oleada a menos de cinco meses de las elecciones generales del 7 de noviembre. Entre los arrestados hay cuatro aspirantes a la presidencia, cargo en el que el sandinista Ortega espera reelegirse por tercera vez para un cuarto mandato consecutivo.
El Banco de la Producción, miembro del consorcio financiero Grupo Promérica, es uno de los más importantes de Nicaragua y uno de los 20 más grandes de Centroamérica. Como parte de sus operaciones da servicio a varias entidades del Estado, incluidos la Policía y el Instituto de Seguridad Social. Tras las protestas sociales de 2018, la banca privada bloqueó las cuentas de al menos 31 funcionarios de gobierno y allegados a Ortega sancionados por Estados Unidos pero meses atrás, para “proteger sus derechos”, el Parlamento dominado por los sandinistas de Ortega aprobó en febrero una ley que impide a las entidades del Sistema Financiero Nacional cerrar esas cuentas sin previa notificación.
La abstención argentina
Ayer también el Consejo Permanente de la OEA aprobó por amplia mayoría una resolución en la que condenó las recientes capturas de opositores y le exigió a Ortega su liberación “inmediata”. Además, el organismo hemisférico con sede en Washington demandó reformas electorales para garantizar que los comicios de noviembre se desarrollen de forma libre y transparente.
Sin embargo, el documento no contó con el visto bueno del gobierno de Alberto Fernández, una postura que hizo recordar por su parte la decisión del mandatario de abandonar el Grupo de Lima, que reclama la salida del bolivariano Nicolás Maduro de Venezuela y elecciones libres en el país caribeño. Al igual que el gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador, el embajador argentino ante la organización, Carlos Raimundi, pidió respetar el principio de no intervención en los asuntos internos de las naciones y se mostró abierto a colaborar “constructivamente” en busca de una solución a la crisis política nicaragüense.
“Hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política. Rechazamos esta conducta. No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia. Tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”, indica el comunicado difundido por la Cancillería.
Finalmente, el Gobierno destacó que la situación “será superada por las y los propios nicaragüenses, resguardando la convivencia pacífica, la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto de todos los derechos humanos”.
Daniel Ortega, líder del partido de izquierda Frente Sandinista de Liberación Nacional, está en el poder desde enero de 2007. Su vicepresidenta es además su esposa, Rosario Murillo, quien llegó al puesto en 2017.
La resolución sí fue firmada por 26 países.
Agencias AP y DPA
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