Mercenarios colombianos: entrenados, baratos y muchos disponibles

BOGOTÁ.- Curtidos por más de cinco décadas de conflicto armado y entrenados por los mejores de las fuerzas armadas de Estados Unidos, el socio estratégico de Colombia en asuntos de seguridad y lucha contra el narcotráfico, los militares colombianos son reconocidos en todo el mundo.

Expertos en combate en la selva y en el páramo, a lo largo de su carrera son centenares los que se especializan como francotiradores, pilotos de helicóptero artillado, manejo de explosivos y supervivencia en las condiciones más difíciles.

Y esas capacidades, por las que muchos de ellos han sido reconocidos como héroes en varios momentos de la historia del país, los pusieron desde hace casi dos décadas en la arena de los mercenarios internacionales, máquinas de matar que venden sus habilidades a quien mejor pueda pagar por ellas.

En ese mundo, en el que tradicionalmente se mueven antiguos militares de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Sudáfrica o Israel, los colombianos entraron pisando duro tras “graduarse” en la guerra contra las guerrillas de las FARC y el ELN, un conflicto que se inició a comienzos de los 60 y que hoy, pese a los acuerdos con Timochenko y los suyos, aún está lejos de terminar.

Manuel Antonio Grosso Guarín, uno de los capturados por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse -junto con otros exmilitares colombianos-, tiene ese perfil. Hasta hace dos años estaba activo en el Ejército y en su hoja de vida aparece como experto en actividades de Comando Especial -es decir, capaz de infiltrarse solo o con un pequeño apoyo en área enemiga y llevar a cabo una misión de alto valor estratégico-. También, era experto en Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas.

Ahora apareció vendiendo sus servicios a un jugador criminal que hasta el momento no ha sido identificado y que estaba interesado en sacar del juego a un presidente legítimamente elegido en el hemisferio americano.

Alternativa a la carrera militar

Cada año, decenas de hombres con entrenamiento militar similar o superior al de Grosso Guarín salen del servicio activo. Se van pensionados -a veces antes de los 40 años-, porque no pudieron seguir ascendiendo en la carrera militar -que a medida que avanza se cierra, porque funciona como pirámide- o porque los retiran por fallas o dudas sobre su actuación. Incluso, algunos que son procesados y van presos terminan después de un tiempo en las calles. Y todos salen con el conocimiento que les dejó pasar años, a veces la mitad de sus vidas, en función de combate.

Y como pasa, más allá de las distancias, con los desmovilizados de grupos guerrilleros y paramilitares, se convierten en una atractiva mano de obra para actores legales e ilegales. En el 2005, por ejemplo, se supo que un teniente colombiano procesado a finales de los 90 por una masacre estaba en México asesorando al entonces naciente cartel de los Zetas.

Y en Colombia es famoso el caso de “Zeus”, el coronel retirado Juan Carlos Rodríguez, quien terminó trabajando para el tenebroso ejército sicarial de “don Diego” en la guerra interna del cartel del Norte del Valle contra el otro grande de la región, Wílber Varela, alias “Jabón”.

A partir de 2005, muchos militares que recibieron entrenamiento de Estados Unidos por cuenta del Plan Colombia empezaron a pedir la baja. Poco después se haría público que muchos de ellos estaban viajando hacia el Medio Oriente a trabajar, contratados por empresas de seguridad de Estados Unidos, para cumplir labores de vigilancia y escolta en países como Emiratos Árabes. Blackwater, uno de los gigantes entre los contratistas militares del gobierno de Estados Unidos, es habitualmente uno de los “empresarios” de la guerra que más requieren sus servicios. En Irak, Yemen y Afganistán también han estado antiguos hombres de guerra en Colombia.

Y no es un negocio tranquilo. En mayo del 2007, el diario El Tiempo reveló que el capitán retirado del ejército Gonzalo Adolfo Guevara había sido asesinado en el norte de Bogotá por sicarios. Guevara era gerente del proyecto de la empresa ID System, que representaba en Colombia a Blackwater. “Su nombre salió a la luz pública en agosto del 2006, cuando 35 exmilitares colombianos, contratados por esa empresa, denunciaron engaños sobre las condiciones de pago y aseguraron que vivían un ‘infierno’ porque se sentían atrapados en medio de una guerra ajena”, decía el reporte de este diario.

Sueldos millonarios

Con salarios mayores a los 5000 dólares mensuales (superior hasta tres o cuatro veces al que recibe un suboficial con dos décadas en servicio), para muchos militares colombianos esa es una oportunidad dorada. De hecho, se han visto casos como el de pilotos de Black Hawk que, poco después de recibir sus cursos, empezaron a renunciar a las Fuerzas. Fue necesario que firmaran cláusulas de permanencia para asegurar que su entrenamiento iba a beneficiar, al menos por un tiempo, al Estado que los pagó.

Esas tarifas, en todo caso, están muy por debajo de lo que cobran los militares de otros países, lo que hace a los colombianos muy llamativos para los tiburones empresariales de la seguridad privada en el mundo. Y las ofertas de trabajo siempre llegan: de hecho, circulan en los grupos de WhatsApp de militares activos y retirados.

Al final, además de la pregunta clave en el caso Moïse, que no es otra que quiénes pagaron por los servicios de los asesinos, hay varias que se abren para el ejército y el gobierno colombiano. ¿Cómo fue la trayectoria de estos militares en sus años de servicio?. ¿Es posible que algunos militares retirados colombianos hayan participado en las intentonas de mercenarios de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su sanedrín en Venezuela, sobre los que pesa una recompensa de 50 millones de dólares por narcotráfico?.

Pero, sobre todo, ¿hay algún control del Estado colombiano sobre esos hombres que entrenó como máquinas de guerra para evitar que terminen jugando para intereses criminales?. El tema es clave, porque de ese control depende impedir que se active una potencial amenaza para la seguridad interna del país.

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