Tras el arresto de otro opositor, EE.UU. califica a Ortega como un “dictador”
Es el tercer precandidato presidencial detenido en una semana en el país; la policía lo investiga “por realizar actos que menoscaban la independencia”
LA NACION
MANAGUA.- El asedio a la oposición sigue en ascenso en Nicaragua: luego de que la policía detuviera este martes al precandidato presidencial opositor Félix Maradiaga tras citarlo a rendir declaración durante más de cuatro horas, el gobierno de Estados Unidos calificó al presidente Daniel Ortega como un “dictador”.
La policía confirmó que el líder político de 44 años, precandidato por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), fue arrestado en Managua y que es “investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera”, entre otros supuestos delitos. Además, se lo acusa de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, añadió la policía. El equipo de Maradiaga denunció que fue “fuertemente golpeado en el momento de su detención” y que se encuentra “desaparecido y con paradero desconocido”. Además, pidieron una “prueba de vida”.
“El arresto arbitrario del candidato presidencial Félix Maradiaga, el tercer líder de la oposición nicaragüense arrestado en 10 días, debería resolver cualquier duda restante sobre las credenciales de Ortega como un dictador. La comunidad internacional no tiene más remedio que tratarlo como tal”, escribió en Twitter la subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Julie Chang.
Maradiaga es el tercer aspirante opositor a la presidencia que resulta detenido en la última semana en Nicaragua. El Poder Judicial mantiene bajo arresto domiciliario y vigilancia policial a la periodista Cristiana Chamorro desde hace seis días, mientras que el lunes envió a prisión por tres meses al economista y exdiplomático Arturo Cruz. El país celebrará elecciones presidenciales el próximo 7 de noviembre.
Los cargos atribuidos a Maradiaga están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno de Ortega. Además de los cargos que le imputa la policía, la Fiscalía investiga a Maradiaga por incumplir “gravemente” y “haber desvirtuado” los fines y objetivos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). Esta ONG fue cerrada a fines de 2018 por el Parlamento, junto a otras organizaciones críticas con el gobierno.
Según el diario La Prensa de Nicaragua, a la salida de la Fiscalía, Maradiaga dijo que fue un interrogatorio bastante amplio y que el proceso de investigación tenía dos vías. Una de ellas, acerca de las acusaciones en 2018 a raíz de las manifestaciones antigubernamentales que van desde el financiamiento y la autoría intelectual de un supuesto “golpe de Estado”, como lo llama el presidente Daniel Ortega. La otra vía se referiría a las actividades desarrollaba el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Pública (IEEP), disuelto desde diciembre de 2018, luego de que el gobierno ordenara cancelarle la personería jurídica.
“Es una sumatoria de varias cosas, entre las preguntas y el proceso de indagación se hicieron en primer lugar muchas preguntas alrededor de mi activismo internacional, mucho énfasis en mi rol como activista en el marco de la OEA, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una indagación bastante amplia de mi récord migratorio, preguntas de mis viajes al rededor del mundo en los últimos diez años y las razones de cada uno de los viajes”, detalló Maradiaga según La Prensa.
Por su parte, a través de un comunicado difundido en las redes sociales de Maradiaga, la UNAB denunció la detención ilegal del precandidato y acusó al presidente y a la vicepresidenta, Rosario Murillo, de controlar el Poder Judicial e impedir la celebración de elecciones libres y transparentes el próximo mes de noviembre.
Chamorro en arresto domiciliar, no pertenece a ningún partido, pero sondeos de opinión indicaban que tenía mayor respaldo ciudadano, después del presidente Daniel Ortega, quien según sus adversarios buscará un cuarto mandato sucesivo en noviembre, aunque éste no lo ha oficializado.La opositora es acusada de lavado de activos a través de la fundación que lleva el nombre su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), mientras que Cruz, se le señalan cargos de atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo.
Agencias AP y AFP
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