Más que un golpede Estado, fue un abandono del poder

La crisis política que atraviesa Bolivia acarrea un debate sobre si es consecuencia, o no, de un golpe de Estado. Con cierta ligereza, algunos intelectuales y políticos enrolados en el socialismo fundamentalista afirman que estamos en presencia de un golpe de Estado, mientras que lo niegan quienes ocupan el polo opuesto de ese ideario político.

El debate se limita a considerar la presunta existencia de una clásica acción de las Fuerzas Armadas que habría conducido al derrocamiento de Evo Morales y que, con una visión decimonónica, es considerada en América Latina como golpe de Estado.

El concepto de golpe de Estado relacionado con una democracia republicana consiste en la violación de la ley fundamental, en el quiebre del Estado de Derecho por obra de una acción ilegal que puede, o no, ser precipitada por la violencia que tenga su origen en las Fuerzas Armadas o en grupos sociopolíticos.

Es la conducta desplegada por quienes aspiran a conquistar el poder o conservar ilegalmente su ejercicio. Tal el concepto que nutre la primera parte del artículo 36 de nuestra Constitución. En otras palabras, el golpe de Estado importa, con o sin violencia, una alteración ilegal del orden institucional por los gobernados o gobernantes.

Bolivia, como todo país latinoamericano, tiene su grado de cultura cívica y en función de ella los procedimientos políticos que se expresan cuando el sistema institucional está al borde del vandalismo que corroe los cimientos del Estado de Derecho.

Del sistema político que impone, basado sobre los valores de la democracia y la república, el imperio de la ley sobre la voluntad de los individuos. Precisamente, aquí nació la crisis que atraviesa Bolivia.

Un grupo político que, con su líder, ejerció el poder durante 13 años violando la estructura institucional de su Constitución, acudiendo al fraude electoral y procurando conservar el poder por medios ilícitos.

Reformas de dudosa validez de la Constitución, plebiscitos napoleónicos y violación de los límites legales para el mandato presidencial mediante la captación del Supremo Tribunal de Justicia.

Se llegó al absurdo de sostener que los derechos individuales de un líder no pueden ser limitados por el sistema institucional cuando establece un máximo para las reelecciones. Precisamente, en la democracia republicana, los intereses individuales están subordinados a la estructura del sistema y no al revés. Tales actitudes, sin perjuicio de reconocer las bondades que pudo tener la gestión gubernamental de Morales, condujeron a la antesala de un golpe de Estado: el afán de conservar el poder por cualquier medio, aunque fuera ilegal.

Esa situación resultó democráticamente insostenible cuando se constató el grosero fraude electoral realizado por el oficialismo en los últimos comicios. Sugestiva suspensión del cómputo electoral que, a ese momento, imponía un ballottage para la elección presidencial y la existencia de numerosas urnas sin un solo voto opositor. Si bien constitucionalmente se imponía el ballottage, Morales autoritariamente anunció que había sido elegido por el pueblo, lo cual desató el firme rechazo de la oposición sin acudir a la violencia ni a grupos desestabilizadores.

Ese rechazo fue avalado por funcionarios de la OEA, quienes sugirieron que se realizara una segunda vuelta electoral o una nueva elección. Soluciones aceptadas por la oposición y categóricamente rechazadas por Morales sin advertir que su conducta traía aparejada una crisis institucional.

La postura de la oposición ejerciendo con firmeza el derecho de peticionar a las autoridades para que se concretaran los comicios no supo ser resistida por Morales. Prefirió presentarse como víctima de una conspiración inexistente renunciando a su cargo y requiriendo el exilio en otro país.

Esa ausencia de firmeza para preservar los valores republicanos convocando a una nueva elección y demandando el exilio, pese a no mediar una intromisión de las Fuerzas Armadas, dista de la actitud que, en su momento, tuvo Salvador Allende en Chile. Otro tanto Arturo Frondizi, Arturo H. Illia, Isabel Perón y Fernando de la Rúa en la Argentina, quienes cesaron en sus cargos por auténticos golpes de Estado.

Tales antecedentes permiten afirmar que en Bolivia no hubo un golpe de Estado, sino un abandono del poder por parte de quienes no supieron o no pudieron conservarlo. Un abandono voluntario del poder con el cual, quizá, se pretenda poner en movimiento los resortes del antisistema, pero que no podrá impedir la presencia de la acefalía y concreción de nuevos comicios conforme con las reglas de la democracia republicana.

*El autor es especialista en derecho constitucional

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