Más presión sobre Ortega: EE.UU. sanciona a funcionarios y exige la liberación de los opositores
La medida del Departamento del Tesoro es un bloqueo a funcionarios que “contribuyen a la situación” en el país centroamericano
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CORRESPONSAL EN EE.UU.Rafael Mathus Ruiz
WASHINGTON.- Estados Unidos aumentó la presión sobre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ante la alarma global que desató la ola de arrestos a los principales líderes opositores en la nación centroamericana. El gobierno de Joe Biden pidió una “respuesta internacional”, colocó en la “lista negra” a cuatro figuras vinculadas a Ortega, incluida su hija, Antonia Ortega Murillo, y exigió la liberación inmediata de los presos políticos.
La reacción de Washington llegó luego de ola de detenciones aparentemente arbitrarias por parte del gobierno de Ortega a sus principales rivales. Félix Maradiaga, académico y activista político, y Juan Sebastián Chamorro, economista, son dos aspirantes presidenciales, y fueron detenidos esta semana. La semana última, otros dos candidatos, Arturo Cruz y Cristiana Chamorro, también habían sido puestos bajo arresto. Los Chamorro son primos, y pertenecen a la familia política con más historia de Nicaragua.
“Las medidas represivas contra líderes políticos y la sociedad civil, incluyendo el arresto de Juan Sebastián Chamorro y otros requiere de una respuesta internacional al régimen. Ortega es responsable por el bienestar de los detenidos. Deben ser liberados inmediatamente”, dijo en Twitter la subsecretaria Interina del Departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, la diplomática de mayor de Washington para la región.
Chung además se comunicó con la esposa de Maradiaga, y luego reiteró una vez más en Twitter el reclamo por su liberación.
Unas horas después de ese pronunciamiento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro anunció que incluyó en la llamada “lista negra” a cuatro personas que apoyan al régimen de Ortega, al que acusó de haber “socavado la democracia, perpetrado violaciones de derechos humanos contra civiles, promulgado leyes represivas con serias consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios de comunicación independientes”, según un comunicado.
Las personas sancionadas son Camila Antonia Ortega Murillo, coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, e hija del presidente Ortega; Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua; Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua; y Julio Modesto Rodríguez Balladares, general de brigada del Ejército nicaragüense, y director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana condenaron “categóricamente la persecución penal en contra de líderes y lideresas de la oposición nicaragüense”, y pidieron su liberación inmediata.
El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se sumaron al reclamo.
Guterres “está muy preocupado por los recientes arrestos, así como por la invalidación de candidaturas de dirigentes de la oposición en Nicaragua”, indicó su portavoz, Stéphane Dujarric, en su habitual conferencia de prensa, mientras que Almagro dijo que “la dictadura debe liberar de inmediato a los candidatos y candidatas detenidos en Nicaragua”.
Ante la creciente preocupación por la ofensiva de Ortega, en Washington comenzaba a especularse con la posibilidad de que el Consejo Permanente de la OEA se reúna para evaluar otras acciones. Más tarde el secretario general de la OEA, Luis Almagro, instó a sus miembros a que suspendan la participación de Nicaragua en este organismo.
En concreto, Almagro pidió “al Consejo Permanente la realización de una reunión de urgencia en la cual (...) debería considerarse la activación de mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”.
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