Más largo que nunca, el brazo de la justicia norteamericana ahora es global
El escándalo de la FIFA fue el caso más conocido, pero hay cada vez más legislación que le permite al país juzgar a ciudadanos extranjeros por determinados actos
The New York TimesStephanie Clifford
NUEVA YORK.- Arrestado en Djibouti cuando iba de camino a Yemen desde Somalia, muy lejos de su hogar en Gran Bretaña, Madhi Hashi no lograba entender por qué de pronto terminó preso en una cárcel de Manhattan.
Ante las autoridades penitenciarias, Hashi admitió ser miembro de las milicias somalíes Shabab, pero "no entendía por qué lo habían llevado a Estados Unidos para ser sometido a juicio", dijo el detenido según consta en los registros de la corte.
El mundo del fútbol sufrió una sorpresa parecida el mes pasado, cuando rodaron cabezas desde Italia hasta la Argentina, tras el anuncio de la fiscal general Loretta Lynch de que la fiscalía de Brooklyn había presentado cargos por corrupción contra dirigentes de la FIFA desde la otra punta del mundo.
Parados sobre la cada vez más abundante legislación que le permite a Estados Unidos juzgar a ciudadanos extranjeros por determinados actos, el gobierno norteamericano está transformando los tribunales federales de su país en una arena internacional para la aplicación de la ley.
En casos de terrorismo, la ampliación de una ley clave de 2004, las escisiones de las agrupaciones terroristas y el alejamiento de la política de arrestos militares han hecho que Estados Unidos lleve a su territorio para ser juzgados a un número creciente de ciudadanos extranjeros, algunos de los cuales tienen una vinculación muy lejana con Estados Unidos.
Tal vez ningún otro fiscal haya sido más enérgico sobre los alcances globales de sus atribuciones que Loretta Lynch cuando ocupaba la fiscalía de Brooklyn, y los arrestos de la FIFA sugieren que ahora que Lynch encabeza el Departamento de Justicia los casos internacionales probablemente sigan subiendo en el orden de prioridades.
En el caso de la FIFA, los fiscales eligieron no invocar el principio de "jurisdicción extraterritorial". Optaron, en cambio, por basarse en el uso que hicieron los acusados de los bancos norteamericanos y las reuniones que mantuvieron en territorio de Estados Unidos para acusarlos ante un tribunal federal.
Pero en los casos de terrorismo, los tribunales de Estados Unidos están juzgando a personas que no atentaron contra Estados Unidos, que no son de Estados Unidos y que antes de que se las procesara jamás habían puesto un pie en territorio norteamericano. (En estos casos, según los fiscales, el país que extradita o entrega en custodia a los acusados, por definición, está eligiendo cooperar con Washington.)
Estados Unidos se ha convertido "en policía militar, carcelero y ahora también en fiscal" de los delitos de todo el mundo, en particular del terrorismo, dijo Karen J. Greenberg, directora del Centro de Seguridad Nacional de la Escuela de Leyes de la Universidad Fordham.
Por los tribunales de Brooklyn donde a principios de este año se juzgó a Abid Naseer, un miembro de Al-Qaeda nacido en Paquistán que planeaba hacer detonar una bomba en Manchester, Inglaterra, desfilaron agentes del MI5, oficiales de la policía de Manchester y hasta un experto inglés en seguridad de centros comerciales.
Un caso típico
El caso de Hashi es un ejemplo más de este fenómeno, que ilustra el modo en que los fiscales federales son capaces de abrir estas causas, y por qué deciden hacerlo, a pesar de las críticas de los abogados defensores, quienes argumentan que sus clientes suelen ser torturados y que no cuentan con las garantías del debido proceso.
Hashi nació en Somalia y se mudó a Inglaterra en 1995. Para 2009 ya había regresado a Somalia para unirse a las milicias de Shabab.
Hacia 2012, después de que los servicios de inteligencia de Shabab lo encarcelaran por considerarlo un espía, Hashi había decidido ir a combatir a Yemen, según los fiscales. De camino a ese país, fue arrestado en Djibouti, diminuta nación de África Oriental, junto a otros dos milicianos de Shabab, Ali Yasin Ahmed y Mohamed Yusuf, ambos suecos nacidos en Somalia.
Pero hacia fines de 2012, los tres hombres fueron enviados a Estados Unidos para ser juzgados, y desde entonces están detenidos en celda de aislamiento. Sus abogados en Estados Unidos presentaron una moción para que se desestimaran los cargos, que incluían el suministro de material de apoyo a un grupo terrorista y conspirar para proporcionar ese apoyo.
"Nada de lo que el gobierno ha mostrado hasta ahora demuestra que el acusado haya sabido o haya tenido razones para creer que estaba sujeto a las leyes de Estados Unidos o que podía ser arrojado a una corte norteamericana por su conducta", escribieron Jane Simkin Smith y David Stern, abogados de Yusuf, en la moción a la que se sumaron los otros dos acusados. Sin embargo, prevaleció el criterio de los fiscales, quienes se basaron en fallos anteriores que avalan la aplicación mundial de las leyes antiterroristas.
En 2004, cuando el Congreso norteamericano actualizó la ley antiterrorista, legisló que la jurisdicción extraterritorial era aplicable a seis situaciones.
La que fue aplicada en este caso fue pasmosamente simple: que la persona "sea traída al país" después de la conducta cuestionada. Así que los fiscales y el FBI trajeron a los acusados desde Djibouti hasta el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York.
Los fiscales federales persiguen estos casos por varias razones, según afirman los propios fiscales y expertos en seguridad nacional. Una de ellas es simplemente que pueden hacerlo, tras la ampliación de la extraterritorialidad del terrorismo por parte del Congreso, en 2004.
Los fiscales consideran que estas causas son una inteligente alternativa a la diplomacia y los ataques con drones.
El gobierno puede "reunir información no sólo para usarla como evidencia durante el juicio, sino también para que el gobierno pueda usarla para entender mejor el tipo de amenazas que intenta frustrar", especialmente cuando se trata de alguien capturado en el extranjero, dijo David Raskin, un ex fiscal federal antiterrorista que ahora enseña legislación de seguridad nacional en la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia y es socio de Clifford Chance.
El arresto militar, que muchos senadores exigen en casos que involucran a sospechosos de terrorismo, resulta problemático para los expertos en seguridad nacional, los grupos de derechos humanos y gran parte de las fuerzas de la ley: no sólo es ineficaz, sino que implica un problema con las evidencias. Es más: los defensores de los derechos humanos dicen que con esas detenciones se ignora el debido proceso.
El mes pasado, Hashi se declaró culpable junto con los otros dos acusados, a cambio de una sentencia de 15 años. Durante la audiencia, se mostró como alguien educado y amable, y hasta bromeó con los jueces, cuando les preguntó a dónde lo mandarían una vez que haya cumplido su sentencia.
Susan G. Kellman, abogada de Ahmed, otro de los acusados, dijo después que los hombres se quedaron confundidos por el rol de Estados Unidos. "Nunca quisieron dañar a Estados Unidos", dijo Kellman. "Por eso se sienten tan frustrados: los acusa un país al que nunca se propusieron perjudicar, al que nunca quisieron dañar."
La aplicaciónde una ley muy particular
Extraterritorialidad
La ley antiterrorista de 2004 dice que no es necesario que la persona cometa un delito que afecte la seguridad del país para ser juzgada en EE.UU.
Criterios
Uno de los seis criterios para la aplicación de la extraterritorialidad establece que el acusado debe "ser traído al país". Si se cumple esta condición, la persona ya puede ser juzgada por los tribunales de EE.UU.
Traducción de Jaime Arrambide
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