María Teresa Blandón: “Esto no cambia el carácter totalitario que ha adquirido el régimen”
La socióloga y defensora de los derechos humanos nicaragüense dice que el dictador Daniel Ortega debía hacer algo para no seguir pagando el costo político de tener cientos de opositores presos
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LA NACIONRamiro Pellet Lastra
Activista por los derechos humanos, fundadora de la asociación por el desarrollo de las mujeres La Corriente, la socióloga María Teresa Blandón es una tenaz opositora al régimen de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo.
La poderosa dupla se cobró el desprecio negándole el regreso al país en julio de 2022, cuando volvía de una actividad profesional de una semana. Desde entonces, vive en el exilio.
Consultada por LA NACION, Blandón celebró la libertad de 222 presos políticos ordenada por Ortega. Pero advirtió que la dictadura que encabeza el veterano dirigente sandinista no se ha desviado un milímetro de su curso totalitario.
–¿Cómo fue que el régimen le prohibió volver a su país?
–En realidad yo salí a una reunión con la Comisión Económica para América Latina la CEPAL en Santiago de Chile, y bueno, salí legal de mi país como cualquier ciudadana, y cuando intenté regresar el primero de julio del año 2022 la línea aérea me comunicó que el gobierno de Nicaragua prohibía mi entrada al país, sin dar ninguna otra razón, de tal manera que me considero una nicaragüense en el destierro por razones políticas.
–Algunos no pueden entrar y a otros los sacan... ¿Cómo ve la deportación que hizo el régimen?
–Por un lado comparto con las familias y con la sociedad nicaragüense la alegría de que 222 nicaragüenses que guardaban injusta prisión desde hace más de dos años ahora estén a salvo. Lamento profundamente, deploro y denuncio las condiciones arbitrarias e ilegales con que el régimen los sacó, y también deploro que haya aún más de 20 presos políticos que permanecen en las cárceles.
–Celebra la salida pero cuestiona cómo se concretó...
–Es que en simultáneo a la salida de estos 222 nicaragüenses la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento nicaragüense, controlado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reformó la Constitución y las leyes específicas relativas a los derechos ciudadanos y despojó a estos nicaragüenses de su nacionalidad, convirtiéndolos en apátridas. Están libres pero despojados de un derecho elemental, como es tener una nacionalidad. El régimen los liberó, pero cometiendo otro crimen, como desterrarlos y quitarles la nacionalidad. Es un caso insólito en el mundo.
–¿Y cuál es el trasfondo de esta movida del régimen?
–El trasfondo sigue siendo el mismo. El régimen de Ortega-Murillo sabe que la mayoría de estos presos y presas políticas gozan de un gran reconocimiento y de una gran admiración de la mayoría de la sociedad nicaragüense. Tienen miedo de que de cara a un eventual proceso electoral muchos de estos líderes políticos que están presos efectivamente ocupen o sean figuras muy votadas para un nuevo gobierno. Ortega y Murillo tienen pánico de la autoridad, del prestigio, del reconocimiento que tienen estos líderes, que estuvieron casi dos años presos precisamente por disputarles el poder. Ortega se está blindando, se está atrincherando, pensando en un posible escenario electoral.
–Pero ya estaban en la cárcel, al margen de cualquier proceso electoral. ¿Por qué el régimen haría esto justo ahora?
–Sí, sí, pero es que no podían tener a los presos más tiempo sabiendo que todo el mundo estaba enterado del carácter ilegal y espurio de los juicios que les montaron. Por otro lado, tener presos políticos le ha granjeado un enorme desprestigio incluso de los gobiernos de izquierda en América Latina. Necesitaban hacer algo para no seguir pagando el costo político que supone tener más de 240 presos políticos por razones de conciencia y de manera ilegal.
–¿Cuál cree que fue la negociación de Washington?
–En el lenguaje diplomático el gobierno de los Estados Unidos dice que fue una acción unilateral. Nosotros nos reservamos el derecho a la duda, porque sabemos que Ortega no da nada gratis. Probablemente una de las razones es que quieren que el gobierno de los Estados Unidos suspenda las sanciones que impuso a altos funcionarios de la dictadura, y que les ha ocasionado problemas en torno al patrimonio de la familia y de sus allegados. Eso tiene que haber sido una motivación principal, no la única, pero con certeza una de las más importantes.
–¿Esto significa algún tipo de apertura del régimen?
–No. En Nicaragua permanece una situación de censura, de cierre total del espacio cívico, de persecución, de chantaje incluso a los trabajadores del Estado. Esto no cambia el carácter totalitario que ha adquirido el régimen de Daniel Ortega y su esposa.
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