Magnicidio en Haití: ¿Lo mataron sus guardias? Las dos hipótesis sobre el papel de exmilitares colombianos en el asesinato de Jovenel Moïse
En las últimas horas cobró fuerza la teoría de que la propia seguridad del mandatario participó del crimen; cómo llegaron los exmilitares colombianos al país
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BOGOTÁ.- Dos versiones totalmente distintas sobre la participación de exmilitares colombianos en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, son investigadas por las autoridades de ese país, que desde anoche cuentan con el apoyo de agentes de inteligencia de Colombia.
Aunque inicialmente se afirmó que el grupo fue parte del brutal ataque que le costó la vida al mandatario de ese país, otros indicios señalan que ellos llegaron al sitio después de los hechos y que habrían sido contratados con el ofrecimiento de reforzar la seguridad de una personalidad de Haití.
Steven Benoit, exsenador opositor, señaló en medios locales que “no fueron los colombianos, sino la propia seguridad del presidente la que lo asesinó”. Agregó que los exmilitares serían víctimas de una trampa, y que habían llegado a Haití como parte de un comité de expertos en seguridad para proteger al presidente, que sospechaba de las intenciones de sus enemigos.
A estas declaraciones se suman los cuestionamientos que ya había lanzado el fiscal de Puerto Príncipe, Bedford Claude: “No he visto a ningún policía víctima, solo al presidente y a su esposa. Si son responsables de la seguridad del presidente, ¿dónde estaban?, ¿qué hicieron para evitar que esto ocurriera?”.
Fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguraron que son varias las líneas de investigación que se están tejiendo sobre la presencia del grupo de exmilitares colombianos y que se busca tener acceso a material visual del ataque para poder aclarar la participación de ellos en el hecho.
Engaño
Según las fuentes, fueron tres militares en retiro –del mismo grupo que cayó en Haití– los que hace dos meses empezaron a llamar y ofrecer a otros exuniformados una oportunidad laboral.
“El objetivo era prestar seguridad a varios dignatarios en la isla, por la tensa situación de orden público y político. Se los tenía a prueba tres meses, con un pago mensual de 2700 dólares. Si pasaban la prueba, entrarían con un contrato por cinco años”, aseguraron a este diario fuentes oficiales.
Al llegar a Puerto Príncipe fueron instalados en varias casas en un mismo sector y empezaron a reacondicionarse en manejo de armas y estado físico, con entrenamiento militar, señalaron.
La hipótesis de que los exmilitares pudieron ser engañados nace de varios interrogantes que se han planteado expertos en el tema. El principal: ¿por qué no se fueron de Puerto Príncipe tras asesinar al presidente?
Esto, porque de acuerdo con las autoridades haitianas, los militares en retiro fueron capturados en sus lugares de residencia, 6 o 7 horas después del asesinato. Además, no se resistieron, pese al arsenal que tenían.
“Si son mercenarios contratados para matar a un presidente, ¿cómo no organizaron un plan de huida?”, se cuestionan. Otro interrogante es en qué circunstancias perdieron la vida los exmilitares Mauricio Javier Romero Medina y Capador Giraldo.
Investigación
Para aclarar plenamente los hechos, las autoridades colombianas conformaron un grupo integrado por Interpol y las inteligencias y contrainteligencias de la Fuerza Pública y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y Migración Colombia, entre otras, para acompañar la investigación. Esta comisión élite viajó anoche a Puerto Príncipe y hoy mismo empezará su trabajo investigativo.
Las autoridades de Haití ya habían hecho dos solicitudes de información sobre los (hasta ahora) 17 exmilitares colombianos, 15 de ellos capturados y dos muertos, señalados de participar en el asesinato. Los primeros fueron capturados entre miércoles y jueves, y otras tres personas, el viernes.
De acuerdo con el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, sus homólogos de Haití enviaron a través de la oficina central de Interpol en Puerto Príncipe los requerimientos de los implicados (verificación de identidades, nacionalidades y actividades).
“Inicialmente se pidió información de cuatro personas capturadas por la Policía de Haití, y de dos personas que murieron en operaciones policiales”, aseguró el general Vargas, quien señaló que se identificaron como exintegrantes del Ejército Nacional.
En una segunda solicitud se logró información de otros nueve capturados, “que no están en servicio activo de las Fuerzas Militare”, recalcó el oficial. Aseguró que en colaboración con la oficina de personal del Ejército se logró la identificación plena de quienes fueron requeridos a través de solicitud oficial de Interpol.
Vargas señaló que el grupo especial trabaja en trazar el itinerario de los presuntos implicados –hablar con sus familias, verificar cuentas, compra de tiquetes, vuelos, actividades previas y otros ítems–.
De hecho, dijo que se obtuvo información de un primer grupo que refiere día, hora y vuelo abordado con destino a República Dominicana.
La información también está siendo compartida con las autoridades dominicanas, ya que ese país fue usado como plataforma para el paso de los militares en retiro. El general señaló que Duberney Capador y Alejandro Rivera viajaron vía Bogotá-Panamá-Santo Domingo.
Llegaron el 6 de mayo y estuvieron allí hasta el 10 de mayo, cuando volaron a Puerto Príncipe.
El otro grupo, conformado por Alejandro Giraldo, John Jairo Ramírez, Víctor Albeiro Piñera, Mauricio Grosso Guarín, Franco Castañeda, Ángel Yance Sierra, Carlos Guerrero, Francisco Uribe, Germán Rivera, Herber Vargas y Jhon Suárez, viajó el 4 de junio, de Bogotá a Punta Cana, en la República Dominicana, y el 7 de junio viajaron hacia Haití.
El director de la Policía Nacional dijo que hay otros extranjeros –sobre los que se solicitó información–, pero, por tratarse de otros países, manifestó que no haría comentarios.
En la investigación se han identificado cuatro empresas de seguridad, las cuales se están verificando con la Superintendencia de Vigilancia. Esto permitirá ampliar la información sobre las personas que las conforman y su papel en el reclutamiento de los exmilitares que terminaron en Haití.
La Policía pretende establecer qué nexos tienen esas firmas con la isla y qué tipo de ofrecimientos se hicieron a los exmilitares, entre ellos dos oficiales y dos suboficiales con amplia experiencia en combate y con cursos de entrenamiento en tácticas de guerra.
A los candidatos a ser reclutados, al parecer, se les pedían cursos de comando y lanceros, que certifican sus capacidades para entra en combate.
El general Vargas dijo que los capturados en Haití no tienen antecedentes penales, por lo que se descarta que sean solicitados por autoridades colombianas.
Y el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, reiteró que los capturados no hacen parte activa del Ejército. De igual forma, confirmó que uno de los capturados se presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por un caso de ‘falsos positivos’.
EL TIEMPO estableció que se trata de Francisco Eladio Uribe, quien fue parte de la institución castrense hasta 2019. El soldado Uribe fue investigado por la muerte Luis Carlos Cárdenas, en hechos registrados en 2008.
Los uniformados salieron del servicio entre 2018 y 2020.
Falta de control
Curtidos por uno de los conflictos armados más largos del hemisferio y entrenados por hombres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los militares colombianos, reconocidos entre los más efectivos del mundo, han estado desde hace casi dos décadas en el ojo de los mercenarios internacionales.
Tras el asesinato del presidente de Haití, en el que habría participado un grupo de uniformados colombianos retirados entre 2018 y 2020, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, no solo reconoció que hay una cantidad importante de oficiales retirados en países como Dubái, sino que su vinculación como mercenarios no puede evitarse. “No hay ninguna norma que lo prohíba o lo impida, sencillamente son reclutados o incorporados”, dijo el general.
Asimismo, aseguró que una vez los miembros de la Fuerza Pública cumplen su tiempo de pensión, el Estado no hace ningún seguimiento a sus actuaciones: “Sencillamente ya son ciudadanos en uso de todos sus derechos, y no tenemos ninguna atribución específica que nos permita hacer un seguimiento. Estamos es pendientes, como institución, de que les lleguen sus asignaciones de retiro, de que tengan servicios médicos y asistencia social a la cual tienen derecho”.
El general explicó que para el retiro, los uniformados tienen un año donde se preparan para su retorno a la vida civil, y reciben una capacitación integral con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), para que “sean útiles a la sociedad y se puedan integrar a la capacidad productiva”, toda vez que en promedio tienen entre 40 a 42 años cuando se pensionan.
EL TIEMPO (GDA)Conforme a los criterios de
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