Maduro impone un virtual estado de sitio antes de las marchas opositoras
Denuncian una ola inédita de represión, con detenciones indiscriminadas y torturas; presentaron el segundo boletín electoral, que estiró la ventaja del presidente, y el Tribunal Supremo determinó que los resultados son “irreversibles”
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PARA LA NACIONDaniel Lozano
CARACAS.– Venezuela sufre una escalada de terror nunca vista antes con la imposición de un virtual estado de sitio, tal y como confirman activistas de derechos humanos y la cadena de hechos violentos provocada por las fuerzas chavistas.
La muerte de 20 jóvenes por la represión brutal tras el denunciado megafraude del domingo, detenciones indiscriminadas que han llevado a más de 1500 personas a prisión, persecución contra dirigentes opositores, testigos de las elecciones y miembros de mesas electorales y las primeras denuncias de torturas salpican el escenario de extrema violencia que el propio Nicolás Maduro anticipó con sus amenazas de “baño de sangre” si ganaba la oposición.
“Dije que vamos por todos y vamos por todos. Han utilizado la campaña electoral para intentar armar una nueva fuerza: por un lado criminales fascistas atacando con odio y por otro un conjunto de venezolanos que han sido opositores”, pontificó Maduro antes de anunciar que prepara dos cárceles de máxima seguridad para encerrar a vándalos, drogadictos, delincuentes y terroristas que asegura participaron en las protestas.
Maduro incluso mostró a 76 de ellos en el patio de una prisión, con el pelo rapado y con uniforme carcelario, obligados a dar vítores a Hugo Chávez. El “presidente pueblo” hizo pública su intención de condenarlos a trabajo forzados.
La gran mayoría de los 1500 capturados son jóvenes manifestantes de los barrios populares, a quienes se les niega el derecho de ver a sus familiares y que tampoco pueden contar con sus abogados. A la gran mayoría se los juzga en juicios exprés con conexiones por Zoom en los cuarteles policiales. Y la persecución no cesa, incluidas muchas de las mujeres que lideraron la defensa de los votos en la noche del domingo.
“Estamos ante un estado de sitio de facto. El gobierno no decreta la suspensión de garantías porque no quiere que lo acusen de actuar similar a lo que ocurrió durante el Caracazo de 1989 [cuando cientos de personas de los barrios populares perdieron la vida]. Pero por la vía de los hechos, están suspendidas las garantías constitucionales”, aseguró a LA NACION Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz.
Organismos de derechos humanos ya han detectado las primeras torturas, como las sufridas por el joven de 21 años Juan Hidalgo Rodríguez, “que necesita atención médica urgente tras las torturas recibidas”, confirmó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
La ola represiva tras las elecciones supera todo lo vivido en Venezuela desde hace 35 años. De ella no se salvan ni líderes de barrio ni activistas de la sociedad civil. A Edward Ocáriz, defensor de derechos humanos, se lo llevaron de su hogar unos enmascarados en la caraqueña Coche. A la fotógrafa Deysi Peña la cargaron a la fuerza cuando estaba en una estación de servicio. Y a Rita Capriti, dirigente del partido centrista Primero Justicia, la detuvieron de forma ilegal en su propio hogar, en el estado de Aragua, cercano a Caracas.
Poco importa a los represores que se trate de antiguos presos políticos, como el periodista y activista Roland Carreño, tres años en la siniestra Helicoide: este viernes lo volvieron a detener.
“Estamos viviendo detenciones masivas, 40 ó 50 personas que se las llevan al mismo tiempo. Con lo cual no hay individualización, difícilmente hay orden de captura o indagación de que estuvieran en hechos violentos. Es una oleada de represión muy fuerte, superior a la que hemos visto en otros momentos de protesta (2014, 2017 y 2019)”, aclaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Comando paramilitar
En semejante contexto, un comando paramilitar asaltó la sede nacional del Comando con Venezuela y la oficina política de María Corina Machado. Seis encapuchados, que portaban armas de fuego y redujeron al personal de seguridad y lo maniataron, robaron equipos y documentos y realizaron varias pintadas. La líder opositora decidió ponerse a resguardo el jueves ante las amenazas contra su vida. El ataque revolucionario llegó horas después de que Machado convocara a grandes movilizaciones ciudadanas por todo el país, previstas para el sábado.
En la oposición creen que los asaltantes buscaban las actas electorales que ya son de conocimiento público en un portal de Internet. Horas más tarde, con cinco días de retraso y tras varias suspensiones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo público el segundo boletín electoral: Maduro habría derrotado a Edmundo por más de un millón de votos, con el 51,95% de los apoyos frente al 43,18% del opositor.
Estos datos no coinciden con las actas electorales publicadas por la oposición, que son datos oficiales emanados de la maquinaria oficial del CNE.
Los resultados forjados fueron entregados por el gobierno al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que este viernes convocó a los candidatos, un acto al que no asistió Edmundo González y sí lo hizo Maduro. El “guerrero del amor”, como se definió ante los enviados internacionales, presentó ante los jueces, que él mismo seleccionó, un recurso de amparo, aceptado sin contemplaciones.
Este viernes, pese a que las cifras presentadas no contenían los resultados por ciudad, centro y mesa y ninguna base de datos, también fueron aceptadas con la intención de hacerse fuertes en el laberinto judicial bajo control chavista. De hecho, el Tribunal Supremo certificó de manera “irreversible” los resultados de los comicios.
Los expertos volvieron a cazar al gobierno con datos sin sentido, en los que se repetían los porcentajes redondos. “Otra vez los números del CNE no tienen sentido: dan porcentajes redondos otra vez, incluidos electores en actas transmitidas, votantes escrutados y votos válidos”, aseguró el matemático Rodrigo Ipince.
Por Daniel Lozano
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