Maduro anuncia el cierre de la Asamblea Nacional Constituyente, que en tres años no redactó un solo artículo

CARACAS.- Nicolás Maduro decretó la fecha de defunción para su propia "hija" política, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), nacida de forma ilegal e inconstitucional en 2017 con la misión de arrebatar sus poderes al Parlamento democrático.

Será con ocasión de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, pese a que el órgano revolucionario, que funcionó como una especie de Comité de Salud Pública de la Revolución Francesa al servicio del Palacio de Miraflores, no discutió ni redactó en tres años un solo artículo de la Constitución, función para que la oficialmente se impuso.

Más que pasar página, se trata de abrir un nuevo capítulo de la pantomima bolivariana:una vez atada y bien atada la próxima Asamblea Nacional (AN), de nada vale tener abierta la paralela ANC."De aquí a diciembre van a ordenar todo el trabajo legislativo y dejarán un trabajo adelantado al país", dijo Maduro, abriendo la puerta a la celebración de un referéndum constitucional, como prometió hace tres años.

Los delegados de la ANC, todos chavistas incluida Cilia Flores, la mujer de Maduro, y el hijo del mandatario, fueron elegidos en unos comicios desconocidos por la oposición y por las principales democracias del mundo. Pese a no contar con rivales, acabó en escándalo: Smartmatic, la empresa tecnológica encargada del recuento, denunció que se introdujeron en las urnas más de un millón de votos de forma fraudulenta.

Con la puesta en marcha de la ANC, Maduro prometió que alcanzaría "la solución definitiva a la guerra económica". Los resultados le quitan la razón: desde aquel día Venezuela perdió la mitad de su Producto Bruto Interno (PBI), seis millones de emigrantes conforman la enorme diáspora venezolana, y la hiperinflación, que comenzó solo tres meses después de la juramentación de los constituyentes, sigue pulverizando los bolsillos.

El anuncio de Maduro confirma que las elecciones parlamentarias de diciembre van viento en popa para la revolución, con los principales partidos de la oposición tomados por el gobierno, con sus dirigentes inhabilitados, encarcelados o exiliados, con un Consejo Nacional Electoral (CNE) a la medida de sus intereses y con una nueva ley electoral que multiplica sus posibilidades.

Si se le suma los trucos del censo electoral, la hegemonía comunicacional, el sistema de control social implantado a través del carnet de la patria y el uso indiscriminado de los fondos del Estado se dibujan las elecciones perfectas o "las más democráticas de la Historia", como asegura el gobierno.

"Estamos enfrentando un boicot mundial contra las elecciones parlamentarias constitucionales de Venezuela. Y debemos enfrentar de frente al imperialismo y sus lacayos. Quieren sabotear las elecciones de Venezuela", se quejó otra vez el "presidente pueblo" durante la videoconferencia realizada con dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en la que también participó Diosdado Cabello, presidente de la ANC.

Maduro hacía referencia a la toma de postura común de buena parte de la comunidad internacional. La Unión Europea (UE) reclamó que se retrasen los comicios para alcanzar un proceso "transparente y justo", y un bloque de 30 países, conformado en su mayoría por el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional y Estados Unidos, presentó la semana pasada una declaración conjunta en la que abogan por un gobierno de transición que conduzca al país a unas elecciones presidenciales libres.

El documento está suscrito por todos los países de la región con la excepción de Argentina y Uruguay. Este último intentaría mantenerse como un mediador entre las partes pese al contundente rechazo expresado por su gobierno contra la "dictadura" de Maduro.

"Hoy lo que plantea nuevamente la dictadura es usurpar el Parlamento Nacional", denunció Juan Guaidó en una entrevista con la agencia Efe. "Pretenden eternizarse en el poder en detrimento de los venezolanos", añadió el líder opositor, quien reconoció que todavía no hay una decisión en el seno de la Unidad Democrática para enfrentar la embestida gubernamental.

Se barajan varias posibilidades, desde apostar por una continuidad administrativa del Parlamento hasta convocar un referéndum en diciembre. Los partidos opositores buscan un pacto con la sociedad civil después de que la Iglesia Católica, la institución más respetada en Venezuela, haya exigido un plan paralelo a la abstención firmada por los 27 partidos de la oposición.

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