Luis Cordero, el ministro de Chile que es sobrino de desaparecidos y lidera el plan de Boric para encontrarlos a 50 años del golpe

A diferencia de la Argentina, en Chile no hay polémica sobre el número de desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet: 1092 (más 377 ejecutados sin entrega de cuerpos), y el objetivo declarado por las Fuerzas Armadas en 1973 tampoco fue allí la lucha contra la violencia terrorista. Pero el país que precedió a la Argentina en la implementación de la desaparición de personas como política de Estado avanzó mucho menos en el esclarecimiento de la suerte de aquellas víctimas.

“Apenas pudimos identificar y restituir los restos de 307 personas [en la Argentina se recuperaron los cuerpos de 1500 víctimas] . Por eso, llegó la hora de que el Estado chileno se ponga sobre los hombros el esclarecimiento de la suerte de los desaparecidos”, afirmó a LA NACION durante una entrevista en la sede diplomática de Chile en Buenos Aires el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Desde que asumió el cargo en enero pasado, el presidente Gabriel Boric le encargó a Cordero una tarea clave: liderar el llamado Plan Nacional de Búsqueda de los detenidos desaparecidos y ejecutados, cuyos cuerpos no fueron encontrados. El programa fue presentado en vísperas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado -el próximo 11 de septiembre- con un decreto presidencial la semana pasada.

La cuestión tiene implicancias emocionales para Cordero, que se quebró al tener que hablar públicamente el día de la presentación del plan en Santiago. En el diálogo con LA NACION también se vio obligado a tomar aire al ser consultado sobre su historia personal. Dos tíos paternos, Luis y Manuel Silva Carreño, son precisamente detenidos desaparecidos durante la dictadura, mientras que el papá de Cordero fue carabinero (policía) en aquellos tiempos.

“Aunque yo tenía apenas un año cuando fue el golpe, me siento un privilegiado de haber sido criado en una familia en la que convivían mundos tan distintos. Por un lado mi padre que no cuestionó mi militancia de la adolescencia, y por el otro mi abuela que con un aparato de onda corta sintonizaba radios extranjeras, la única forma de saber lo que estaba pasando”, recordó.

En Buenos Aires, Cordero presidirá también la inauguración de una muestra en la embajada local sobre los exilios de familias chilenas y latinoamericanas y la asistencia que recibieron de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref), entre 1973 y 1989.

-Apenas finalizó la dictadura chilena, en 1990, ya hubo una Comisión de la Verdad que elaboró el Informe Rettig sobre las violaciones de los Derechos Humanos, y varios jefes militares fueron enjuiciados y condenados. ¿Por qué se lanza ahora este plan?

-Todos los avances que hubo hasta ahora fueron gracias a la búsqueda judicial y a los jueces que están dedicados exclusivamente a cuestiones referidas a violaciones de los derechos humanos. Pero pese a todas esas investigaciones no tenemos construida la trayectoria completa de cada persona detenida y desaparecida. Además, la puesta en marcha de esos procesos judiciales siempre descansó en los esfuerzos de los familiares de las víctimas. Lo que hace el Plan Nacional de Búsqueda es decir: si el Estado cometió los crímenes, entonces como Estado nos ponemos sobre los hombros el esclarecimiento de la suerte de los desaparecidos.

-¿Qué aporte pueden hacer en concreto?

-Con toda la información que tenemos podemos determinar las condiciones y circunstancias en que cada persona fue detenida y hecha desaparecer. Al día de hoy esos datos se encuentran desperdigados, no están en un solo lugar, ni tampoco fueron analizados ni sistematizados. Hay información que está en un expediente y que sería relevante para incluirla en otro. La aplicación de tecnología nos va a permitir no solo reconstruir las trayectorias de las víctimas y eventualmente identificar su destino final, sino también abordar los patrones macro criminales que desarrolló la dictadura. Eso va a contribuir además al desarrollo de un Archivo Nacional de la Memoria.

-Ya pasó medio siglo desde el golpe militar. ¿Por qué recién ahora el Estado chileno se involucra de forma directa en esta cuestión?

-No se olvide que Chile tuvo que gestionar su proceso de transición con Pinochet como comandante en jefe y luego como senador. Incluso es probable que la historia hubiera sido distinta si Pinochet no hubiese sido detenido en Londres en 2000 acusado por violaciones de derechos humanos. En estos años hubo algunos avances, pero básicamente por las acciones de la Justicia. Resulta paradójico que el 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del golpe, el presidente de la Corte Suprema manifestó su complacencia con el golpe militar. Medio siglo después, el principal actor en la condena en materia de derechos humanos ha sido la Justicia.

-Algunos organismos de derechos humanos critican que, más allá de la proclamación de los objetivos, es muy pequeño el grupo de personas que el gobierno puso a trabajar en el tema. Hay apenas unas 40 personas en el Programa de Derechos Humanos y cinco en el Plan de Búsqueda.

-Una cuestión fue el diseño del plan y otra será su implementación. El número de personas era el adecuado para la primera etapa, y ahora llega la parte de la implementación donde además, básicamente, la tarea será articularnos con otras áreas de gobierno o tercerizar la labor con equipos interdisciplinarios. Pero sumaremos más equipamiento y personal.

-En la investigación de las desapariciones, Chile tuvo una dolorosa experiencia en 2005 con el llamado caso “Patio 29″, la exhumación y entrega de restos del Cementerio de Santiago a los familiares de medio centenar de víctimas que, luego se supo, habían sido identificadas erróneamente por el Servicio Médico Legal del Estado. ¿Cómo evitarán repetir esas fallas?

-Esa triste experiencia implicó que durante mucho tiempo los familiares miraron con desconfianza al Estado. Muchos me transmitieron que tenían una desesperanza muy arraigada por la cantidad de veces que el gobierno había ejecutado acciones de modo muy indolente. Por eso, esta vez no descartamos pedir ayuda a otros organismos como, por ejemplo, al Equipo Argentino de Antropología Forense, que trabajó en la Argentina y en varios países, tiene un gran prestigio internacional y está apenas a dos horas de vuelo.

-Desde la oposición hay voces como las del expresidente Eduardo Frei (1994-2000), que exhortaron a dar la vuelta la página sobre la dictadura. “No sigamos discutiendo lo de los 50 años del golpe. Si van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial”, dijo Frei.

-Conociendo a Frei, yo diría que esas expresiones no tienen que ver con las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos sino que es una exhortación a no quedarnos anclados a seguir debatiendo eternamente si estuvo justificado o no el golpe de 1973. No he escuchado a ninguna voz de la oposición que pida dar vuelta la página en el tema derechos humanos.

-Con su historia de vida, padre carabinero, tíos desaparecidos, ¿Cómo se siente ahora frente a este desafío?

-Más allá de mi historia personal yo asumo esto en mi condición de ministro de Estado. Son de esas situaciones que inesperadamente a uno lo encuentran en la vida y los caminos se cruzan. Me siento un privilegiado de haber sido criado en una familia con tantas diferencias ideológicas. Me nutrí de mucha diversidad. Mi padre era solo un policía de barrio con muchísima tolerancia hacia las diferencias que por ejemplo yo expresaba en la adolescencia. Por otro lado, mi abuela decía tantas cosas con sus silencios... Y ahora, me siento un privilegiado de haber sido elegido para esta tarea, que busca sanar heridas que siguen abiertas luego de medio siglo.

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