Los líderes de las FARC aceptaron por primera vez la responsabilidad por secuestros
Es la primera vez que hablan directamente de secuestros en vez de utilizar el término “políticas de retenciones”; se comprometieron a colaborar en la búsqueda de los asesinados
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LA NACION
BOGOTÁ.- Los líderes de la guerrilla de las FARC en Colombia asumieron, por primera vez en la historia, su responsabilidad en los secuestros sistemáticos de más de 21.000 personas en el marco de la guerra contra el gobierno colombiano.
Hasta el momento, nunca habían hecho referencia explícita sobre secuestros, sino que se dirigían a los actos como “políticas de retenciones”.
“El documento que radicamos hoy ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz contiene la reafirmación de nuestro reconocimiento de responsabilidad frente a los secuestros ocurridos a cargo de las extintas FARC-EP durante el conflicto armado”, dice la declaración firmada por siete miembros de la cúpula de la ex guerrilla, que ahora se convirtió en un partido político, el partido de los Comunes, con representación en el Congreso.
Contribuyendo a la construcción de “una paz estable y duradera” con la terminación del conflicto, la antigua guerrilla afirmó que la política de secuestros se dio con el fin de financiar a la organización, lograr intercambios humanitarios, controlar el territorio y la población civil, y para obtener ventaja militar.
“Como lo hemos manifestado en repetidas ocasiones, nos equivocamos gravemente al asumir la política del secuestro, siendo esta injustificable”, se lee en el escrito, donde también se reconoce que las personas secuestradas fueron maltratadas y que “tales conductas nunca debieron de ocurrir”.
En otro de los puntos del texto, las FARC se comprometen a dar respuesta a las solicitudes realizadas sobre la información y la localización brindando por primera vez una hoja de ruta y un plan de búsqueda “de personas dadas por desaparecidas en el contexto de los hechos determinados en el Caso 001”. Así, aportarán información sobre la ubicación de los cadáveres de las personas secuestradas y ejecutadas a la investigación, que ya ha comenzado, para “reparar el daño causado”.
“Es importante precisar que nunca ha sido nuestra intención negar el dolor y daño causado o la gravedad de los hechos. Por eso asumimos responsabilidad por los secuestros ocurridos y el sufrimiento injustificable infringido”, dice el texto.
“Es un avance histórico que se dé un reconocimiento de la comandancia frente a haber cometido este crimen atroz e implica un avance en la implementación del acuerdo de paz, ojalá esto anime a otros actores responsables de crímenes atroces a reconocer con humildad. Hay un trauma en la sociedad que hay que reconocer y reparar, y este es el primer paso”, dijo al respecto María Victoria Llorente, directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz.
Unos 13.000 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desmovilizaron en virtud de un acuerdo de paz en 2016 con el Gobierno.
Entre 1990 y 2015, unas 21.396 personas fueron secuestradas o tomadas como rehenes por las FARC, según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los términos del acuerdo indican que los miembros del grupo deben proporcionar información al tribunal de la sobre los delitos cometidos durante el conflicto, incluidos asesinatos, secuestros, violencia sexual y desplazamientos, entre otros.
Los exrebeldes que brindan información “verdad plena, exhaustiva y detallada” sobre los crímenes al tribunal y que se comprometen a no volver a las armas pueden eventualmente enfrentar restricciones a su libertad con penas restaurativas de entre cinco y ocho años, mientras aquellos que no lo hagan o mientan podrían ser condenados a prisión por hasta 20 años.
“Si hay reconocimiento, una vez realizada la Audiencia de Reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remite al Tribunal de Paz para que éste imponga una sanción propia si es el caso. Esta sanción debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador, y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos”, aclaró la JEP en un comunicado del 28 de enero.
Los excomandantes de las FARC aseguraron que en el documento que entregaron a la JEP dan respuesta a solicitudes expresas de las víctimas, sin dar detalles de éstas.
El secuestro es uno de los crímenes más repudiados socialmente en el país. En 2008, millones de colombianos salieron a marchar contra las FARC especialmente por ese delito.
``Había cadenas livianas para aquellos que querían premiar y había cadenas muy pesadas para las mujeres y en particular para mí. Yo todavía guardo las marcas de las cadenas del cuello. Había un guerrillero muy particular que se había ensañado contra mí y que me apretaba tanto la cadena que yo no podía pasar saliva’', relató la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, quien estuvo en cautiverio seis años, según reposa en el expediente en manos de la JEP.
A pesar de los acuerdos de Paz, algunos disidentes de las FARC todavía continúan en las selvas y en la frontera con Venezuela, provocando un conflicto armado que generó el desplazamiento de miles de personas.
Agencias Reuters, AP Y AFP
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