
Los británicos creen que Blair es más corrupto que la oposición
El 79% piensa que el premier distribuye favores a cambio de donaciones a su partido
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LONDRES.– ¿Qué pueden tener en común Downing Street, las islas Malvinas, Rumania y la industria siderúrgica?
Haber sido todos mencionados en el último escándalo protagonizado por el gobierno de Tony Blair, el cual, por primera vez desde su llegada al poder, en 1997, es considerado por los británicos más corrupto que la oposición conservadora.
Según una encuesta publicada ayer por The Sunday Times, el 60% de la población califica al gobierno de “corrupto y sin reputación” comparado con el 41% que le atribuye el mismo mal a los tories. Peor aún para Blair, el 79% está convencido de que el fundador del Nuevo Laborismo distribuye favores entre empresarios a cambio de donaciones a su partido “bastante seguido”.
La consulta fue realizada en medio de una verdadera “rebelión en la granja” para el oficialismo. Durante la última semana los sindicatos cortaron su aporte financiero a las arcas del laborismo en repudio por lo que consideran “privatizaciones por la puerta de atrás” de los servicios públicos; la guerra entre funcionarios de carrera y contratados políticos resultó en la renuncia de dos voceros oficiales, y el primer ministro fue involucrado durante un debate en la Casa de los Comunes en un extraño caso de corrupción.
Acusaciones
Al premier se lo acusa de haber enviado una carta a su par de Rumania, Adrian Nastase, alentándolo a favorecer una oferta de un empresario indio, Lakshmi Mittal, para la privatización de la empresa estatal siderúrgica, Sidex. En la misiva Blair aseguró a Nastase que el progreso que resultaría de elegir a ese licitante colocaría a su país “más cerca del ingreso en la Unión Europea”, algo a lo que los rumanos aspiran con desesperación.
La exitosa intervención del premier británico habría sido aceitada por una donación de 250.000 dólares del magnate indio a las arcas del partido. Mittal, que posee una fortuna de 2500 millones de dólares, reside en el Reino Unido, pero su firma está registrada en las Antillas holandesas y, de una fuerza laboral de 100.000 operarios a nivel mundial, sólo 100 son británicos.
Pero eso no es todo. Ahora se acaba de descubrir que el gobierno británico también hizo gestiones para que el Banco Europeo de Inversiones le otorgara un crédito de 120 millones de dólares para financiar la privatización rumana. Y esto por más que Mittal integra un poderoso lobby industrial en los Estados Unidos que ha pedido a la administración Bush que aplique tarifas de hasta un 40% a las importaciones siderúrgicas, incluidas las provenientes de Gran Bretaña.
La primera reacción de Blair fue bautizar al escándalo de garbage-gate, asegurando que las acusaciones eran pura “basura” ( garbage , en inglés). Su argumento es que no hizo más que seguir la recomendación del embajador en Bucarest, que le pidió ayuda asegurando que Mittal encabezaba una firma británica y corría peligro de perder la licitación ante competidores franceses.
El diplomático en cuestión es Richard Ralph, gobernador de Malvinas durante el período de mayor acercamiento entre las islas y la Argentina (1996-1999), cargo que abandonó en medio de un escándalo de naturaleza personal. Ralph, de 55 años, casado y con dos hijos, abandonó a su esposa para iniciar una relación con Jemma Marlor, la hijastra de un funcionario malvinense 27 años más joven.
Marlor vive ahora con él en Bucarest y –crucial para este caso– trabaja en la firma de abogados que negoció la venta de Sidex. Ralph es además íntimo amigo del jefe de gabinete de Blair, Jonathan Powell.
Esta no es la única mancha en la trayectoria de un gobierno que asumió el poder con la promesa de “reconstruir la confianza de la gente en los políticos”. Downing Street también fue acusado recientemente de favorecer a Enron, el desmoronado gigante eléctrico norteamericano; al magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone y a dos millonarios indios en busca de pasaportes británicos. A todos los unen importantes donaciones al laborismo.
Dispuesto a liberarse de un solo golpe tanto de la sombra de la corrupción como de las riendas de los sindicatos, Blair ordenó a sus colaboradores echar a rodar durante el fin de semana la idea de que sea el Estado el que financie a todos los partidos. Pero en ese terreno el premier se arriesga a despertar la ira de un rencoroso enemigo: el contribuyente británico.
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