Llega al Tribunal Supremo la demanda de paternidad contra Juan Carlos

MADRID.- Un viejo tabú de la política española acaba de aterrizar en el Tribunal Supremo: la sala civil de la máxima instancia judicial del país deberá resolver si admite investigar la demandade paternidad contra Juan Carlos I que interpuso un catalán que dice ser el primogénito no reconocido del rey emérito.

Albert Solà Jiménez, de 58 años, trabaja en un bar en La Bisbal (Girona) y lleva tiempo reclamando en la justicia que se someta a Juan Carlos a pruebas genéticas para determinar si es o no su padre. Pero rebotó siempre con la inmunidad constitucional que blindaba al jefe del Estado de cualquier responsabilidad civil o penal.

La abdicación del rey, firmada el 18 de junio, cambió las reglas de juego. El beneficio exclusivo de la "inviolabilidad" judicial ahora pasó al heredero, Felipe VI, por lo que Solà se apresuró a ampliar su reclamo para que ahora sí se abra la investigación.

Preocupado en gran medida por el impacto de un eventual escándalo de paternidad, el gobierno de Mariano Rajoy apuró después de la sucesión en el trono una ley que otorga fueros extraordinarios a Juan Carlos I.

Ahora se le puede reclamar responsabilidad por sus actos, pero cualquier causa que lo involucre debe ser tratada directamente por el Tribunal Supremo. Una garantía de que el destino del rey jubilado, de 76 años, no quedará atado a un juez de primera instancia con ansias de estrellato.

"Parece lógico que alguien que fue rey de todos los españoles sea juzgado, en el caso de que cometiera alguna actividad, que no va a suceder, por un tribunal especial", había argumentado Rajoy para defender los polémicos fueros.

El martes pasado, la Audiencia Provincial de Madrid giró a la máxima autoridad judicial el expediente en el que analizaba la apelación presentada por Solà Jiménez a la decisión de un juez de primera instancia que había rechazado su reclamo en 2013 en función de la inviolabilidad del rey.

La decisión de la Sala Civil del Supremo se espera con ansiedad, ya que podría sentar jurisprudencia sobre cómo tratar en el futuro eventuales demandas contra el ex monarca.

No está del todo claro si se considerará que la inmunidad de la que gozó sigue vigente para cualquier acto ocurrido durante sus casi 39 años de reinado ni qué pasará con hechos sucedidos antes o después de ese período.

Solà Jiménez -cuyo relato siempre fue calificado como fantasioso por la Casa Real- alega que, a mediados de los años 50, Juan Carlos de Borbón -entonces soltero- conoció a María Bach Ramón, hija de una familia de banqueros, y la dejó embarazada. Él nació en Barcelona, pero fue enviado a un convento en Ibiza, antes de ser adoptado por la familia que le dio sus apellidos. Jura haber reconstruido su historia a través de documentos oficiales.

Además de Solà Jiménez, una mujer belga llamada Ingrid Sartiau clama ser hija extramatrimonial del rey. Los dos demandantes se conocieron hace dos años y dicen contar con estudios de ADN que demostrarían que tienen el mismo padre (pruebas que no cuentan con respaldo judicial).

En la ampliación de su demanda, los abogados de Solà Jiménez sostuvieron que a partir de la abdicación no sería aplicable la inviolabilidad prevista en la Constitución y opinaron que, de todos modos, ese privilegio "únicamente debería abarcar los hechos que [Juan Carlos] realizó en el ejercicio de sus funciones y no amparar conductas que pudo realizar en su esfera jurídico privada".

Otro frente judicial que podría abrirse para el padre de Felipe VI tiene que ver con la fortuna nunca declarada de la familia Borbón. El diario El Mundo publicó ayer que un abogado experto en lavado de dinero, José Luis Escobar, presentó ante la Agencia Tributaria una denuncia para que investigue supuestos fondos no declarados en el exterior de Juan Carlos I y sus hermanas Margarita y Pilar.

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