Las protestas en Colombia se extienden por segundo día y complican a Duque

BOGOTÁ.- En el día después se endureció la pulseada de los más violentos contra el gobierno de Iván Duque, pese a que el histórico paro nacional de anteayer, pacífico y masivo, ya había acabado para la inmensa mayoría del país. Los radicales que quisieron prorrogarlo sustituyeron las marchas en paz por un aquelarre violento que se multiplicó en el sur de la capital, hasta incluso secuestrar dos ómnibus municipales para usarlos como improvisados arietes en saqueos a supermercados.

Una situación de alta tensión que obligó al presidente a comparecer ante el país 21 horas después de su primera alocución para anunciar dos medidas principales: la imposición del toque de queda para toda Bogotá, en acuerdo con la Alcaldía, y, sobre todo, la esperada puesta en marcha desde el lunes de una "conversación nacional que fortalezca la agenda vigente de política social".

La apuesta por la mesa de diálogo reclamada por medio país permitirá, según Duque, "cerrar las brechas sociales, luchar contra la corrupción con más efectividad y construir, entre todos, una paz con más legalidad".

El balance del paro nacional asustó al país, que ha vivido con zozobra los días previos a la huelga: tres muertos, 151 policías y 122 civiles heridos y un centenar de detenidos, entre ellos ocho menores. Sólo en el centro de Bogotá los daños al erario público se dispararon por encima de los 5 millones de dólares.

Enrique Peñalosa, alcalde de la capital, recibió ayer un refuerzo de 4000 militares. "Esto no es una marcha democrática. Aquí lo que tenemos es una minoría de delincuentes que destruye los bienes públicos y privados que le pertenecen a todos los ciudadanos", recalcó Peñalosa.

A esa misma hora, cientos de jóvenes bombardeaban con piedras a los policías apostados en avenidas de la capital. La desolación reinaba con estaciones del Transmilenio, el metrobús bogotano, principal servicio de transportes ante la ausencia de subtes, víctimas de una violencia que sólo pretendía acabar con un servicio que usan 2,5 millones de bogotanos cada día. Más de la mitad de las estaciones del Transmilenio han sufrido desperfectos graves, obligando a miles de ciudadanos a caminar kilómetros hasta sus hogares.

Como si quisieran replicar las mismas imágenes vistas en Chile y Ecuador, las turbas cargaron contra el mobiliario urbano para levantar barricadas y enfrentar a la Policía y proseguir así la batalla campal.

Las imágenes de televisión y videos difundidos a través de las redes sociales airearon el afán del destrozo por el destrozo, en un mimetismo ciego.

"El toque de queda no es más que dictadura. Las cacerolas se deben sentir ahora con más fuerza hasta que Duque abra diálogo social", denunció Gustavo Petro, líder de la izquierda radical.

Se trata de un escenario tan caótico como inesperado para un gobierno reunido en consejo extraordinario de ministros durante todo el día.

Las promesas nocturnas realizadas anteayer y ayer por el presidente (firmeza contra los violentos y diálogo para los que protestaron en paz) marcarán no sólo la agenda política de las próximas semanas, sino también el destino político del líder del derechista Centro Democrático, enfrentado a una baja popularidad. Desde distintos sectores del país se reclamaba con urgencia la apertura de una mesa de diálogo.

Se trata de la primera iniciativa presidencial para llevar adelante "el escuchando a los colombianos" que incluyó su discurso a la nación.

Desde la oposición, y para empezar, se exige que el gobierno dé marcha atrás o al menos puntualice su plan para flexibilizar el mercado laboral y las pensiones. Otro tema muy controvertido, y que afecta directamente a los estudiantes, es la financiación de las universidades públicas.

Los convocantes del paro, superados por ese país que se sumó con sus propuestas y peticiones, han reclamado al gobierno una reunión urgente. Los distintos movimientos sociales, sindicales y estudiantiles se citaron ayer en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para condensar esos reclamos, pero desde varios de los participantes se ponderó la posibilidad de añadir las quejas que regaron las marchas por todo el país. Una tarea ardua, dado que las quejas se multiplicaron en Colombia desde la llegada al poder de Duque.

El "hijo político" del expresidente Álvaro Uribe abandonó ayer durante un tiempo su sillón al frente del consejo de ministros para sumarse al comando unificado que supervisa la respuesta de las fuerzas del orden contra los saqueos y disturbios producidos en Bogotá, una vez pacificada Cali.

La contundencia policial, que ha provocado el inicio de 11 indagatorias por excesos, regresó al lugar de los hechos del jueves, la plaza Simón Bolívar. Los cientos de jóvenes que llegaron hasta el corazón político del país fueron desalojados a golpe de gases lacrimógenos y uso del láser, cuando se manifestaban pacíficamente, la única protesta pacífica de todo el día.

Los llamados de la izquierda radical para que la huelga continuara ayer llegaron desde sus líderes, como el excandidato presidencial, Gustavo Petro; su delfín, Holman Morris, duramente derrotado en las elecciones municipales de octubre, o Gustavo Bolívar, un actor que progresa en política a la sombra de Petro.

"No queremos tumbar a Duque, eso sería ir contra la Constitución", aseguró Petro, no obstante, en un programa radial.

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