Las empresas que financien los costos de traslados de sus empleadas para realizarse un aborto enfrentarían eventuales demandas
Varias empresas financian los gastos de viajes de sus empleadas que buscan la interrupción del embarazo
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LA NACION
LONDRES.- Un número creciente de grandes empresas estadounidenses anunciaron que cubrirán los gastos de viaje de las empleadas que deben abandonar sus estados de origen para hacerse un aborto, pero estas nuevas políticas podrían exponer a las empresas a demandas e incluso a posibles responsabilidades penales, dijeron expertos legales.
Amazon, Apple , Lyft, Microsoft y JPMorgan fueron algunas de las empresas que anunciaron planes para proporcionar esos beneficios a través de sus planes de seguro médico en previsión de la decisión del viernes de la Corte Suprema de EE. UU. que anuló el histórico fallo Roe v. Wade de 1973 que había legalizado el aborto en todo el país.
Una hora después de la publicación de la decisión, el director ejecutivo de Conde Nast, Roger Lynch, envió un memorando al personal anunciando una política de reembolso de viajes y calificando el fallo de la corte como “un golpe aplastante a los derechos reproductivos”. Walt Disney dio a conocer una política similar el viernes y les dijo a los empleados que reconoce el impacto de la decisión sobre el aborto, pero que sigue comprometida con brindar acceso integral a atención médica de calidad, según un vocero.
Las empresas tendrán que navegar ahora por un mosaico de leyes estatales y es probable que provoquen la ira de los grupos antiaborto y los estados liderados por republicanos si adoptan políticas que apoyen a los empleados que buscan la interrupción del embarazo.
Los legisladores estatales de Texas ya amenazaron a Citigroup y Lyft, que anteriormente habían anunciado políticas de reembolso de viajes, con consecuencias legales. Un grupo de legisladores republicanos en una carta el mes pasado al CEO de Lyft, Logan Green, dijo que Texas “tomará medidas rápidas y decisivas” si la empresa de transporte implementa la política.
Los legisladores también esbozaron una serie de propuestas relacionadas con el aborto, incluido un proyecto de ley que prohibiría a las empresas hacer negocios en Texas si pagan a los residentes del estado para que se realicen abortos en otros lugares.
Según Robin Fretwell Wilson, profesora de derecho de la Universidad de Illinois, es probable que solo sea cuestión de tiempo antes de que las empresas enfrenten demandas de los estados o de activistas contra el aborto que aleguen que los pagos relacionados con el aborto violan las prohibiciones estatales de facilitar o ayudar e instigar la interrupción del embarazo.
Posible cobertura
Para muchas grandes empresas que financian sus propios planes de salud, la ley federal que regula los beneficios de los empleados proporcionará una cobertura crucial en las demandas civiles sobre sus políticas de reembolso.
La ley de seguridad de los ingresos de jubilación de los empleados de 1974 (Erisa, por sus siglas en inglés) prohíbe que los estados adopten requisitos que “se relacionen con” los planes de salud patrocinados por el empleador. Durante décadas, los tribunales han interpretado ese lenguaje para prohibir las leyes estatales que dictan lo que los planes de salud pueden y no pueden cubrir.
Erisa regula los planes de beneficios que son financiados directamente por los empleadores, conocidos como planes autoasegurados.
Cualquier empresa demandada por un requisito de reembolso de viajes por aborto probablemente citará Erisa como defensa, según Katy Johnson, asesora principal de política de salud del American Benefits Council, un grupo comercial. Y ese será un argumento sólido, dijo, particularmente para las empresas con políticas generales de reembolso para viajes necesarios relacionados con la atención médica en lugar de aquellas que destacan el aborto.
El argumento tiene sus límites. Los planes de salud totalmente asegurados, en los que los empleadores compran cobertura a través de una aseguradora comercial, cubren alrededor de un tercio de los trabajadores con seguro y están regulados por la ley estatal y no por ERISA.
Agencias Reuters y AFP
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