Las elecciones parlamentarias, una jugada de alto riesgo para la supervivencia de Maduro

MIAMI.- El gobierno de Venezuela fijó finalmente para el 6 de diciembre las cruciales elecciones parlamentarias, en una decisión que llevará al chavismo a medir fuerzas bajo uno de sus peores momentos en popularidad. El 85% de los venezolanos considera que la situación del país es mala o muy mala, y hay pocas probabilidades de que el escenario mejore en lo que resta del año.

Pero eso no quiere decir que la oposición tenga garantizado que conquistará la mayoría de los escaños, advirtieron analistas, al señalar que el gobierno de Nicolás Maduro usará el férreo control que ejerce sobre el sistema electoral para consolidar artificialmente un triunfo en unos comicios que no se puede dar el lujo de perder.

"La oposición está en el mejor momento que tuvo en los últimos 15 años para ganar una elección. No hay dudas de que conseguirá la mayoría de los votos", dijo desde Londres Diego Moya-Ocampos, analista para América latina de IHS Global Insight.

Pero el gobierno no permitirá que la oposición consolide una mayoría en la Asamblea Nacional (AN), "lo que sucedería si las elecciones fuesen realmente libres y transparentes" en Venezuela, añadió.

"Para el gobierno es un tema de supervivencia. Si el chavismo pierde estas elecciones, el mapa político del país cambiaría dramáticamente, porque quedaría en evidencia ante todos los sectores que mantienen a Maduro en el poder, que mantienen todo este aparato burocrático, de que son vulnerables", explicó Moya-Ocampos.

"Si se produce una derrota, la geometría de ese poder que sostiene a Maduro comenzará a reorganizarse, los grupos comenzarían a reorganizarse hacia objetivos distintos al sostenimiento de Maduro", agregó.

Según las últimas encuestas, la popularidad de Maduro es de sólo un 15%, debido a que la mayoría de los venezolanos lo ve como el principal responsable de la aguda crisis económica que padece el país. La popularidad del chavismo, en tanto, es algo más alta, en el orden del 25%, pero la cifra sigue estando entre las más bajas registradas en los 16 años de revolución bolivariana.

Las dudas sobre la capacidad de un Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el chavismo de realizar elecciones libres y transparentes aumentaron con el correr de los años, lo que dejó en evidencia la parcialidad del organismo durante los comicios presidenciales de 2013, cuando declaró ganador a Maduro por un margen 224.000 votos (1,49%). Allí hizo caso omiso de las múltiples denuncias de fraude hechas por la oposición.

En esta ocasión, "los malos manejos" deberían ser mucho más pronunciados para brindarle al chavismo un triunfo electoral -dijo desde Washington Antonio De La Cruz, director de Inter-American Trends- debido a la aguda crisis económica y social y las pocas probabilidades de que se produzca una mejora sustancial antes de los comicios.

"En las encuestas, el chavismo está por el piso y las señales económicas que recolectamos hasta ahora es que eso es muy difícil que vaya a mejorar", resaltó De La Cruz, que dijo que ese difícil escenario había sido una de las principales razones por las que el gobierno se había retrasado en anunciar la fecha de las elecciones.

Ese anuncio recortó el plazo para conseguir un milagro, que podría provenir de algún conflicto en Medio Oriente que dispare los precios del petróleo, o de la mano de un masivo préstamo del gobierno chino, que hasta el momento se mostró renuente a hacer nuevos desembolsos a Caracas.

Incluso si el dinero no llega, De La Cruz coincidió en que Maduro tratará de manipular el sistema para sacar una mayoría en la AN. "Por eso es que es clave que la oposición mantenga la presión para que el gobierno acepte la presencia de observadores internacionales" de Estados Unidos, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), dijo De La Cruz.

En su anuncio, el CNE informó que la observación internacional estará a cargo de la Unasur, organización que tradicionalmente ha respaldado públicamente al chavismo, descartando la presencia de fiscales de la OEA y de la UE.

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