Las dos reformas judiciales que llevaron al límite la tensión política en España
Las reformas derogan el delito de sedición, modifican el de malversación y cambian las mayorías para renovar el Tribunal Constitucional; fuertes acusaciones en el pleno del legislativo
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PARA LA NACIONRicard González
BARCELONA.- En comparación con sus vecinos europeos, la política española ha tenido siempre un tono más tosco y agrio. Sin embargo, durante los últimos días, la tensión política en el Parlamento ha alcanzado unas cotas inéditas incluso para sus propios estándares.
Dos fueron los desencadenantes: la aprobación de una reforma del sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y un cambio del Código Penal que podría reducir las penas a las que se enfrentan algunos políticos catalanes por haber lanzado su proyecto independentista. Finalmente, las dos reformas fueron aprobadas, pero numerosos diputados de la derecha boicotearon la votación abandonando el hemiciclo.
Ambos asuntos convergieron el jueves en un acalorado pleno en el que los diputados de los bloques de derecha e izquierda se lanzaron graves acusaciones, abucheos y descalificaciones. El diputado del PSOE Felipe Sicilia espetó que “la derecha política y judicial tiene secuestrado al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional”, y les atribuyó el golpe de Estado del 23-F de 1981. Cuca Gamarra, vocera del Partido Popular, tachó al presidente Pedro Sánchez de “cobarde”, y dijo que pretendía “sacar a la calle a delincuentes”.
Días antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, había ido más lejos, y aseguró que Sánchez quería “meter a la oposición a la cárcel”, y que la situación era “peor que en Perú”. Desde la ultraderecha de VOX, se habló sin tapujos de “golpe institucional”. En cambio, el representante del izquierdista Unidas Podemos, Jaume Asens, negó al PP la capacidad de dar cualquier lección moral por ser el “partido más corrupto de Europa”.
El tema que mayor tensión genera es el de la renovación de los magistrados de las más altas instituciones judiciales, que ya lleva más de cuatro años bloqueada. La última elección de sus miembros tuvo lugar mientras el PP poseía mayoría absoluta, por lo que dibujan una clara mayoría conservadora. Por ello, los populares han recurrido a los tribunales de forma habitual en los últimos años para obstaculizar las iniciativas del gobierno.
Bloqueos cambiantes
La Constitución establece una amplia mayoría de 3/5 en el Congreso de los Diputados para la elección de los letrados del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, lo que obliga siempre a un acuerdo entre los dos grandes partidos, el PP y el PSOE. Durante los últimos cuatro años, las razones esgrimidas por el PP para bloquear los nombramientos han sido cambiantes, y el gobierno está convencido que son excusas ya que la verdadera razón es ganar tiempo mientras esperan a recuperar el poder.
Ante esta tesitura, el gobierno de izquierda formado por el PSOE y Unidas Podemos había previsto la aprobación el jueves de forma acelerada de una reforma en el proceso de elección de los jueces del Tribunal Constitucional, lo que les permitiría dotarlo de una mayoría progresista. La reacción del PP fue elevar un reclamo al propio tribunal para impedir de forma cautelar la votación en el Congreso, lo que anticipaba un peligroso choque de legitimidades entre los poderes legislativo y judicial.
En un ambiente de enorme presión, el Tribunal Constitucional optó por aplazar su decisión hasta el próximo lunes. Así pues, se pudo proseguir con la votación, que certificó la aprobación de las dos iniciativas con 184 votos a favor y 64 en contra. Los diputados de Ciudadanos y de VOX abandonaron el Parlamento, mientras que los del PP permanecieron, pero muchos se negaron a votar.
La otra votación que encendió los ánimos permitió derogar el delito de sedición, que establece penas máximas de hasta 15 años, y por la que fueron condenados varios miembros del gobierno de la Generalitat de Cataluña que organizaron un referéndum de autodeterminación ilegal en 2017. En su lugar, se crea una nueva figura penal, la de desórdenes públicos agravados, con una pena máxima de cárcel de 5 años.
Asimismo, se rebajó de seis a cuatro años de cárcel la pena establecida para el delito de malversación de fondos públicos sin ánimo de lucro, por la que también fueron condenados los políticos catalanes. Tras cerca de cuatro años entre rejas, en el verano de 2021 el gobierno indultó a los dirigentes catalanes que optaron por no exiliarse.
Aquellos que sí lo hicieron, como el expresidente Carles Puigdemont, verían su posible condena rebajada si volvieran a España. La medida es fruto de un pacto entre el gobierno con el ERC, el partido independentista que gobierna Cataluña, y cuyo apoyo en el Congreso es clave para la aprobación de los presupuestos.
A falta de pocos días para la llegada de un año electoral decisivo, en el que se celebrarán comicios municipales, autonómicos y generales, la política española entró en una espiral de polarización que la acerca a la de otros países como Estados Unidos o Brasil.
Por Ricard González
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