Las autoridades de Brasil empiezan a buscar a los responsables del asalto a los poderes del Estado
Luego de un domingo explosivo en la capital brasileña, el gobierno comienza a buscar responsables y a tomar medidas severas para los miles de seguidores del expresidente que ayer atacaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo del país
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LA NACION
BRASILIA-. Las autoridades brasileñas prometieron proteger la democracia y ya empezaron a imponer castigos después de que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial y causaron destrozos en las principales sedes de poder del país.
El presidente Luiz Inacio Lula da Silva y los titulares del Congreso y de la Corte Suprema de Brasil condenaron en una declaración conjunta, “los actos terroristas” ocurridos el domingo en Brasilia. “Los poderes de la República, defensores de la democracia y de la Carta Constitucional de 1988, rechazan los actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas sucedidos la tarde de ayer en Brasilia”, indicaron en una carta común que Lula publicó en su cuenta de Twitter.
Hasta ahora fueron detenidas 1200 personas, según informó el Ministerio de Justicia. La policía reaccionó con lentitud, incluso después de la llegada de más de 100 colectivos, lo que llevó a muchos a preguntarse si las autoridades simplemente ignoraron las numerosas advertencias y subestimaron la fuerza de los manifestantes, o si fueron cómplices de alguna manera.
En una columna del medio brasileño O Globo, el periodista Lauro Jardim aseguró que gran parte de los radicales que acamparon, o que pasaron sus días, eran militares retirados y familiares de militares en actividad. “El Ejército actuó de manera corporativa. No quería emprender ninguna acción contra personas que, de alguna manera, son cercanas a él”, señaló Jardim.
Por su parte, el Congreso brasileño ya recolectó 14 de las 27 firmas de senadores necesarias para abrir una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que deberá lidiar con el asalto a los edificios del poder. El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, que viajaba por vacaciones, regresó anticipadamente a Brasilia con el objetivo de instalar la comisión mañana, en sesión extraordinaria, según informó CNN Brasil.
El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, decretó la prohibición de manifestaciones hasta el 31 de enero y convocó a alcaldes, gobernadores y generales. Las medidas están contenidas en el documento de 18 páginas que también dispuso la destitución cautelar por 90 días del gobernador del Distrito de Brasilia, Ibaneis Rocha.
Según Moraes, Ibaneis “no sólo hizo declaraciones públicas en defensa de una falsa manifestación política libre en Brasilia”, sino que también hizo caso omiso de todos los llamamientos de las autoridades para aplicar un “plan de seguridad”, prohibiendo a “los criminales terroristas entrar en la Explanada de los Ministerios”.
Entre otras cosas, el juez Moraes ordenó a la policía obtener todas las imágenes de las cámaras del Distrito Federal que puedan ayudar en el reconocimiento facial de los terroristas que perpetraron los ataques a las oficinas institucionales y liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país.
Mientras tanto, comenzaron a emerger las primeras solicitudes para extraditar a Jair Bolsonaro a Brasil. Joaquín Castro, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, le dijo a CNN que Bolsonaro usó “el guión de Trump para inspirar a los terroristas nacionales para intentar tomar el gobierno”.
La extradición es evaluada por el Departamento de Justicia de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero no se descarta que la Cámara de Representantes, ahora controlada por los republicanos con un papel decisivo de los legisladores cercanos a Trump, pueda intentar el procedimiento.
“Estados Unidos no debe albergar a este hombre autoritario que inspiró el terrorismo interno en Brasil”, dijo en la misma dirección la activista Alexandria Ocasio-Cortéz, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
La moneda de Brasil, el real, se debilitó alrededor de un 1% frente al dólar en las primeras operaciones al contado. “Considerando la enorme cobertura que tuvo el evento y la sorpresa que todos tuvimos, los mercados deberían reaccionar negativamente, pero esto debería ser a corto plazo”, dijeron economistas de JP Morgan según un reporte de la agencia Reuters.
Condena mundial
Diversos líderes internacionales condenaron el asalto y expresaron su apoyo al actual presidente brasileño.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el asalto a las instituciones democráticas en Brasil. “Se debe respetar la voluntad del pueblo brasileño y de las instituciones”, escribió en Twitter, y dijo estar “seguro de que así será, porque Brasil es un gran país democrático”.
A la vez, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió los disturbios como un “ataque a la democracia y al traspaso pacífico de poder en Brasil” en un tuit, y dijo que estaba deseando seguir trabajando con Lula.
El ministro de Defensa argentino, Jorge Taiana, elogió la actuación de Lula da Silva, y de los poderes de ese país ante el ataque perpetrado por militantes bolsonaristas. Dijo que fue un “intento de desencadenar un golpe a través de fuerzas de choque muy violentas” y resaltó la importancia de investigar “la financiación” de esos grupos.
En la misma línea, el gobierno de China condenó “firmemente” el “asalto violento” a las principales instituciones de Brasil y confía en que, con Lula da Silva en la Presidencia, el gigante sudamericano “siga gozando de estabilidad y armonía social”. Según el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, Pekín sigue “muy de cerca” los acontecimientos protagonizados el domingo por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
“Brasil es un socio estratégico de China”, ha dicho Wang, según declaraciones difundidas por el propio Ministerio. El Gobierno chino “respalda” las medidas adoptadas por Lula da Silva para “calmar la situación, restaurar el orden y mantener estable el país”.
A último momento, el Gobierno de Cuba condenó “enérgicamente” la invasión y respaldó a Lula: “Expresamos todo nuestro respaldo y solidaridad a Luiz Inácio Lula da Silva y a su gobierno”, expuso un mensaje del presidente cubano y primer secretario del gobernante partido comunista, Miguel Díaz-Canel.
Agencias AFP y Reuters
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