Coronavirus: la veloz reacción de Perú ante la crisis chocó con un sistema de salud ineficiente

LIMA.- Seis días después del primer caso de coronavirus detectado en Perú, el presidente Martín Vizcarra declaró la emergencia sanitaria y dictó restricciones a las reuniones de más de 300 personas y el aislamiento domiciliario de las personas que provinieran de Italia, España, Francia y China. El anuncio fue horas antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificara el Covid-19 como una pandemia. Cuatro días más tarde, el 15 de marzo, Vizcarra ordenó una cuarentena general y el cierre de las fronteras peruanas, lo que le ganó los aplausos nacionales e internacionales.

Un mes y medio después de esos anuncios, Perú es el tercer país en América del Sur con la mayor cantidad de muertes confirmadas por coronavirus, y el segundo con mayor cantidad de contagios, solo por debajo de Brasil, un país cuya población es seis veces la de Perú.

La situación nacional es crítica y, a pesar de una intervención rápida y estricta del gobierno, es el sistema de salud público -desatendido por décadas- el que ha tenido que lidiar con las consecuencias.

Al inicio de esta pandemia, el país solo contaba con 276 camas de unidad de cuidados intensivos (UCI) con el equipamiento necesario para atender pacientes con Covid-19, es decir, menos de una por cada 100.000 personas. El piso del que se partía era mucho más bajo que el de varios países vecinos.

A lo largo de la emergencia, el gobierno amplió la cantidad de camas de UCI hasta superar las 800, pero la atención para los pacientes que no necesitan ventilación mecánica (más de 6000 camas) también se está desbordando. Reportes de todo el país pintan una escena común: una vez alcanzada la máxima capacidad en un hospital, los pacientes son atendidos en sillas a la intemperie, o simplemente no los reciben. Y aún no se ocuparon a la vez todas las camas disponibles.

La conducción del sector tampoco ha sido clara. Perú cambió siete veces de ministro de Salud en menos de cuatro años, entre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el de Vizcarra. La estrategia para afrontar el coronavirus se montó sobre la marcha, mientras asumía el rol el actual ministro de Salud, Víctor Zamora.

En los últimos tres años, si bien hubo un crecimiento del gasto, la ejecución del presupuesto para proyectos del Ministerio de Salud ha sido baja. En 2017, apenas fue de 44%; en 2018, 57%, y en 2019 no superó 68%. Mucho antes de ser ministro, Zamora había diagnosticado que el financiamiento del sector estaba orientado fundamentalmente al cuidado de la enfermedad antes que a la prevención, y a reducir la barrera económica para el acceso a los servicios de salud.

Zamora también señalaba la brecha de recursos humanos que hay en Perú. Según cálculos oficiales, en octubre de 2019 hacían falta más de 16.000 médicos especialistas en todo el país. Pero esta gestión tampoco ha podido ir al ritmo de las necesidades de la protección para el escaso personal de salud. Todos los días son muchos los casos de médicos que protestan por no contar con los equipos de protección personal requeridos, teniendo que reutilizar varias veces las mascarillas, o de aquellos que dejaron de atender por falta de equipos o por caer enfermos.

Descuidos

Y aunque la gestión de Vizcarra tuvo reflejos rápidos, también hubo descuidos muy puntuales. Reportes periodísticos dieron cuenta de que empresas peruanas exportaron 155 toneladas de mascarillas a China, antes de que el gobierno decretara que estos productos solo se exportaran con licencia del sector salud, el 8 de abril.

También se emplearon pruebas rápidas. Los resultados de su aplicación no han sido satisfactorios para la atención de pacientes, a los que no se los atendía con urgencia por haber dado falsos negativos. Esto también creó una desconfianza de los números oficiales, con varios informes que señalan que hay un subregistro por falta de confirmación de pruebas, tal como sucedió en otros países.

Algo que también pudo haber sumado al caos es el sistema de salud público fragmentado: un grupo de hospitales es administrado por el Ministerio de Salud; otro, por el de Trabajo; otro, por la policía y las Fuerzas Armadas, y otros, por los gobiernos regionales descentralizados.

El brillo inicial de la reacción de Vizcarra se opacó, mientras la situación en los hospitales se agrava. Los aciertos en la gestión de la crisis no han sido suficientes para emparchar las grietas estructurales del sistema de salud, pero sus errores las han visibilizado más. La pronta reactivación económica y la relajación de las medidas de aislamiento social -ya sea por disposición del gobierno o de facto por las necesidades de la población- pondrán más presión sobre un sistema que ya está saturado, y el margen de acción para evitar un peor escenario será bastante estrecho.

Jonathan Castro Cajahuanca - The Washington Post

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