La Unión Europea demanda a Gran Bretaña por incumplir el acuerdo del Brexit

PARIS – Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Gran Bretaña se deterioraron ayer un poco más, después que Bruselas inició un procedimiento de infracción contra Londres por violación del acuerdo de salida y del protocolo sobre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte firmado con el bloque.

La Comisión Europea (CE) acusa al gobierno de Boris Johnson de extender unilateralmente el periodo de gracia que, después del Brexit, permitía la entrada en Irlanda del Norte sin control aduanero de ciertas mercancías procedentes de otras partes de Gran Bretaña hasta el 31 de marzo.

De no resolverse por la negociación, el caso podría terminar ante la Corte de Justicia Europea y con sanciones multimillonarias contra el Reino Unido.

“Espero que lleguemos a resolver esto en forma pragmática y constructiva”, declaró ayer el vicepresidente de la CE, Maros Sefcovic, al anunciar el lanzamiento del procedimiento, que estuvo acompañado por una misiva dirigida al nuevo ministro británico del Brexit, David Frost.

La carta solicita al Reino Unido que “rectifique y se abstenga de poner en práctica” su decisión anunciada el 3 de marzo de extender el periodo de gracia de los controles para mercaderías destinadas a los supermercados que crucen el mar de Irlanda (que separa la provincia británica de Irlanda del Norte con Gran Bretaña).

“El reino Unido debe dejar de actuar en forma unilateral y de violar las reglas que firmó”, dijo Sefcovic.

Londres tiene ahora un mes para presentar sus observaciones. Si no lo hace o evita consultas directas en el marco del comité conjunto responsable del cumplimiento del pacto, la UE podrá activar el mecanismo de resolución de disputas que, si no llegara a buen fin, “podría significar la imposición de sanciones financieras” e incluso la suspensión total del acuerdo de salida, incluida la circulación de ciudadanos.

“Las decisiones unilaterales y la violación de las leyes internacionales por parte del Reino Unido son nocivas y degradan la confianza mutua”, agrega la misiva de Sefcovic.

La irritación europea con Londres es palpable desde hace semanas. Según algunas fuentes diplomáticas, como sucedió durante los meses de negociación del tratado de salida, la cuestión norirlandesa sigue envenenando la relación bilateral. Al punto de poner en peligro las actuales tratativas sobre el mantenimiento del acceso privilegiado del sector financiero de la City al mercado europeo.

El acuerdo de Brexit, firmado por el gobierno de Boris Johnson y la CE en enero de 2020, estipula que Irlanda del Norte seguirá formando parte del mercado interior europeo hasta el 31 de marzo, fecha a partir de la cual se deberán aplicar a la provincia británica los mismos controles aduaneros que al resto del Reino Unido.

La excepción norirlandesa fue aceptada por Londres para preservar la unidad económica de la isla y evitar que una frontera física entre la República de Irlanda y el Ulster pusiera en peligro los acuerdos de paz de 1998.

El texto original propuesto por la CE preveía, sin embargo, un periodo transitorio de hasta dos años para que Gran Bretaña, el Ulster y las empresas se adaptaran a la nueva situación. Johnson decidió, por el contrario, poner punto final a la transición el 31 de diciembre de 2020 provocando un caos comercial y administrativo cuyas dimensiones sumió esta semana al país en la estupefacción.

Según un estudio publicado el 13 de marzo por la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido (ONS), las exportaciones de ese país hacia la Unión Europea se redujeron en 41% solo en el mes de enero. En términos globales, eso significa una disminución del 19,3%. Por su parte, las importaciones provenientes del bloque también se desmoronaron 29%.

“Es la caída más importante en un mes desde que las cifras comenzaron a ser medidas en enero de 1997”, anotó la ONS.

“El impacto de la salida del mercado único europeo (el 1° de enero) en el comercio exterior tuvo un impacto demoledor en el comercio exterior. Entre embotellamientos en los puertos, restricciones de desplazamiento por la pandemia y una nueva y gigantesca burocracia administrativa, todo es un rompecabezas”, reconoce Danni Hewson, economista en el instituto AJ Bell.

Para Johnson, bastaban tres meses -hasta el 31 de marzo de 2021- para que los nuevos controles fronterizos fueran operativos. Pero, entre pandemia e imprevisión, a menos de un mes del plazo, el primer ministro se vio obligado a reconocer que nada está listo y decidió —en forma unilateral— extender los plazos de gracia.

Como lo hizo durante los interminables meses de negociación del Brexit, Bruselas afirma que está dispuesta a buscar una solución negociada. Pero la paciencia se acaba. Es la segunda vez que el gobierno de Johnson viola el derecho internacional. El año pasado Londres aprobó una ley de mercado interior que también infringía lo pactado sobre Irlanda, y que dio a su vez motivo para el inicio de un primer procedimiento de infracción en septiembre de 2020. Tras una auténtica sublevación parlamentaria, incluso en sus propias filas conservadoras, el primer ministro retiró los artículos concernidos.

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