La única organización de Derechos Humanos que funciona en Nicaragua celebró la salida de presos políticos pero aclaró: “No es liberación, es un destierro”
El Cenidh saludó la puesta “a salvo” de los opositores pero sostuvo que la medida va en contra de las normas internacionales
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LA NACION
MANAGUA.- Tras la salida de más de 200 presos políticos de las cárceles del sandinismo, el Centro de Derechos Humanos de Nicaragua (Cenidh), el único grupo activista que aún funciona en Managua, advirtió que el castigo que se aplicó a los exconvictos fue en realidad un “destierro”, una medida “absolutamente prohibida en todas las legislaciones y las normas internacionales de derechos humanos”.
El Cenidh es presidido por la prestigiosa doctora Vilma Núñez de Escorcia, exnúmero dos de la Corte Suprema a comienzos de la revolución sandinista, que se distanció luego del gobierno y fue abogada de la hijastra de Daniel Ortega en las acusaciones de acoso sexual contra el mandatario.
Luego de conocerse el traslado de los condenados a Estados Unidos, el Cenidh se refirió este jueves a la supuesta “deportación de los reos de conciencia en Nicaragua, torturados por más de dos años en las cárceles inmundas de la dictadura”.
Desde el punto de vista legal, advierten que la “deportación” es “una figura jurídica migratoria que se aplica específicamente a extranjeros que han cometido delitos”, por lo que no resulta aplicable a ciudadanos nicaragüenses. Por eso advierte que se trata de un “destierro”. Como esa sanción a su vez no existe en la legislación de ningún país señalaron que ahora la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo está trabajando en una reforma de la Constitución para “suspender la nacionalidad” de los desterrados.
De todas formas, el Cenidh saludó que los presos políticos hayan sido “puestos a salvo”. “Lo hemos logrado”, afirmaron.
Finalmente recuerdan que “todavía están encerrados más de 20 presos políticos y también debemos salvarlos”.
Ortega sostiene que los opositores encarcelados y otros estuvieron detrás de las protestas callejeras de 2018 que, según el gobernante, fueron un complot para derrocarlo. Decenas de miles huyeron al exilio desde que las fuerzas de seguridad nicaragüenses reprimieron violentamente esas protestas antigubernamentales.
El Ejecutivo nicaragüense no se refirió a las liberaciones, pero una declaración emitida por el Tribunal de Apelaciones de Managua y leída en rueda de prensa en la jornada indica que se ordenó “la deportación inmediata efectiva de 222 personas” sentenciadas, según afirma, por cometer actos que “menoscaban la independencia” y por “incitar a la violencia”.
De acuerdo con la resolución los excarcelados fueron “inhabilitados de forma perpetua” para ejercer cargos públicos o de elección popular.
Hasta el momento el gobierno no ha precisado cuántos ni quiénes continuarían detenidos en Nicaragua.
LA NACION
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