La telaraña del dinero en la guerra contra el narco mella la eficacia del gobierno mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Miles de rifles de asalto se pusieron a disposición de los carteles de la droga mexicanos, cortesía del gobierno de Estados Unidos. Era 2009 en la frontera entre ambos países. Era la fracasada operación Rápido y Furioso, que buscaba rastrear a través de armamento a los grandes capos y traficantes de droga.

La huella de las armas se perdió y la estrategia falló. Estados Unidos y México no supieron el destino de la munición y tampoco hallaron a los capos. En la última década, ambos países han financiado estrategias para combatir el narcotráfico en suelo mexicano. A pesar del poco éxito, los socios siguen abonando más ceros a las cuentas de la guerra contra el narco.

México ha gastado más de 71.400 millones de dólares en los últimos 10 años para luchar contra su enemigo número uno. Los presupuestos nacionales muestran el crecimiento sostenido del gasto en seguridad de aproximadamente un 15% anual. Los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto apostaron por aumentar la estructura de la marina y el ejército, los principales frentes de combate; la reestructuración de los cuerpos de policía, incluida la nueva gendarmería, y la expansión de las operaciones de inteligencia.

Estados Unidos se sumó en 2008 a los planes de una guerra frontal contra el narcotráfico. A través de la Iniciativa Mérida, el gobierno estadounidense aseguró 2500 millones de dólares para emprender la aniquilación de los carteles mexicanos. Los helicópteros de guerra y la formación estadounidense para las fuerzas armadas mexicanas fluyeron a México hasta 2014, cuando Washington puso en duda el compromiso de México con los derechos humanos tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La cuestión sobre si los fondos empleados en la guerra contra el narco funcionan ha tenido su primera reacción en el Congreso de EE.UU. El senador demócrata Patrick J. Leahy ha insistido en el último año en bloquear los fondos ante la prueba de que "México ha permitido a su policía y ejército evadir el castigo por cometer y encubrir crímenes horribles". La Iniciativa Mérida buscaba reproducir el éxito que el Plan Colombia tuvo en la década de los años 90 para reducir el tráfico de drogas.

"No estamos satisfechos con lo que hemos logrado", reconoció hace una semana Peña Nieto ante el Consejo de Seguridad Nacional, el organismo encargado de coordinar todas las acciones para combatir el crimen en México. La franqueza de Peña Nieto coincide con el aumento de la percepción de la inseguridad entre los mexicanos: el 71,9% se siente inseguro. Pero la estrategia para 2017 sigue en la misma dirección: más recursos enfocados en el sistema judicial y en la preparación de los cuerpos de defensa. "Los indicadores no mejoran porque las políticas públicas no mejoran. Se pueden repetir las mismas políticas aunque no haya resultados porque no hay consecuencias", apunta Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia en México (Insyde).

El camino del gobierno mexicano en una década ha ignorado las medidas comunitarias para mejorar la seguridad -este año ha reducido los fondos para la prevención del delito-, pero ha seguido abonando recursos a una inagotable red que cultiva lo que combate. El interrogante en 2017 será si el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguirá respaldando la añeja estrategia mexicana.

© El País, SL

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