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La suerte de Sánchez de Lozada, atada a un acuerdo con el FMI
Se considera que la continuidad presidencial está ligada a la llegada de fondos
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LA NACIONFrancisco Seminario
LA PAZ.- En el desborde de multitudes, colores, ruidos y olores de la capital boliviana no pasaron inadvertidos ayer los dichos del presidente Eduardo Duhalde, que responsabilizó al Fondo Monetario Internacional de los sangrientos episodios de violencia de esta semana. El Presidente apuntó al centro de las expectativas del gobierno boliviano, que ve en un acuerdo con el organismo internacional sus mejores posibilidades de sobrevivir a la actual crisis, según dijeron analistas locales a LA NACION.
"Presidente argentino culpa al FMI por crisis en Bolivia", tituló ayer El Diario, de La Paz. Los dichos de Duhalde ocuparon la mitad superior de la primera plana, visible en la infinidad de pequeños puestos de diarios del centro de la capital boliviana.
En un par de portadas las declaraciones de Duhalde incluso desplazaron al dramático pedido de ayuda económica del canciller boliviano, Carlos Saavedra Bruno, que advirtió en Washington que "la democracia en mi país corre enormes riesgos", en alusión a la denuncia del presidente Sánchez de Lozada de que un golpe había sido orquestado contra su gobierno y que francotiradores no identificados atentaron contra su vida. La denuncia provocó ayer una polémica en la que todos los sectores hincaron el diente.
Duhalde afirmó anteayer que los disturbios en Bolivia, que dejaron esta semana una treintena de muertos, tuvieron lugar porque al gobierno boliviano "no se le ocurrió otra cosa que hacerle caso al Fondo Monetario".
Más aún: el Presidente comparó la crisis boliviana con la que vivió la Argentina a fines de 2001, que condujo a la caída de Fernando de la Rúa. "Qué pasó en Bolivia? El FMI, igual que lo que hizo en la Argentina en el gobierno de De la Rúa, quiso que rebajaran los salarios en un 12 por ciento. Y el resultado fue la gente en la calle, los hermanos enfrentados, muertos, un gobierno de seis meses que tambalea", indicó.
En realidad, salvo por el temor a nuevos estallidos de violencia durante la huelga de 48 horas a la que convocó la Central Obrera de Bolivia (COB) para mañana y el martes, la recesión, las marchas y los piquetes en las rutas animan en Bolivia un paisaje no demasiado diferente del argentino. Y la encrucijada de las negociaciones con el FMI tiene también puntos en común, pero a diferencia de Duhalde, Goni Sánchez de Lozada tiene por delante cuatro años y medio de mandato y carga ya, seis meses después de asumir, con el terrible costo de las muertes de esta semana.
Gestiones cruciales
Analistas consultados por LA NACION coinciden en que más de tres años de recesión y el actual estado de convulsión social no admiten ajustes salariales como el proyectado por Sánchez de Lozada para alcanzar las metas de déficit fiscal acordadas con el FMI, del 5,5% en lugar del actual 8,6. Pero coinciden también en que la difícil situación presupuestaria no da otro margen de maniobra al gobierno que reclamar fondos externos para obras de infraestructura, como riego, vivienda y rutas.
Del éxito o fracaso de las gestiones con el Fondo, que destrabaría créditos por casi 4000 millones de dólares del BID, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento (CAF) a lo largo de tres años para estas obras, "podría depender la continuidad de Sánchez de Lozada en el poder", estimó el analista económico Humberto Vaca Flor. Los plazos de la negociación son "urgentes", agregó.
"Con el "impuestazo" que se proponía implementar, el gobierno le mostró al Fondo que tiene buena voluntad, pero que no puede alcanzar las metas acordadas por esa vía, como demostraron los hechos de violencia", observó el analista, para quien el estallido representó "una suerte de referéndum" sobre el presupuesto.
El gobierno presentará la semana próxima un nuevo proyecto de presupuesto, que no tendrá un "impuestazo", pero sí algún tipo de impuesto, según dijo a LA NACION el analista Alberto Bonadona. Añadió que las muertes de esta semana podrían ser determinantes para un acuerdo con el Fondo. "Si el gobierno no utiliza este argumento para alcanzar condiciones más flexibles -dijo-, estaría perdiendo una importante carta de negociación."
