La SIP rechazó un polémico artículo en el proyecto de ley de medios en Uruguay impulsada por Lacalle Pou
El artículo 72 impone obligaciones a los medios de comunicación que atentan contra la libertad de expresión, según el organismo y entidades de derechos humanos
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MONTEVIDEO.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer su preocupación y rechazó un artículo que se agregó a último momento en un proyecto de ley de medios que se aprobó en el Senado uruguayo, una iniciativa del oficialismo que es “inadmisible”, según señaló la entidad en un comunicado oficial.
En el texto, la entidad demostró “su alarma y anticipó su rechazo” al artículo 72, que impone regulaciones a los contenidos de los medios audiovisuales en Uruguay, e instó a “senadores oficialistas y autoridades gubernamentales a abstenerse de respaldar la iniciativa, por considerar que vulnera las libertades de expresión y de prensa”.
El Senado de Uruguay aprobó el pasado 14 de mayo la propuesta legislativa de la coalición oficialista tras su ingreso en calidad de “grave y urgente”, que no pasó por comisión ni se le avisó a la vicepresidenta Beatriz Argimón, lo que generó tensiones al inicio de la jornada, informó El País.
El artículo 72 propuesto establece: “Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.
“Esta obligación comprende a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral”, agrega la inicitiva.
El proyecto de ley ahora está en manos de la Cámara de Representantes, que solo puede rechazar o aceptar la totalidad del proyecto y no podría quitar este polémico artículo, que solo podría ser anulado por el veto del Ejecutivo.
La ley fue cuestionada inclusive por legisladores del oficialismo, que argumentaron que el agregado “no aporta nada” y que puede llegar a ser inconstitucional por imponer reglas a los medios y que debería ser vetada por el mandatario Luis Lacalle Pou.
El presidente de la SIP, Roberto Rock, indicó que “esta imposición a los medios audiovisuales y a sus periodistas de brindar información, opiniones y comentarios de manera seria, completa, imparcial, rigurosa, equilibrada es inadmisible”.
La norma, a su vez, también limitaría y lesionaría el derecho a la información de los ciudadanos, “por todo lo cual constituye un flagrante ataque a la libertad de expresión en todos sus alcances, libertad esta que es la piedra angular para la existencia de una sociedad democrática”, afirmó Rock en el comunicado oficial.
Al rechazo también se sumó la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) que apuntó que el aditivo “representa un grave peligro de vulneración al derecho de libre expresión: de votarse, implica de hecho la posibilidad de restringir la libertad de prensa”.
“Ello atenta contra el goce de derechos por implicar la posibilidad de controlar los medios y por ende atentar contra el pluralismo de pensamiento. A su vez, se opone a lo que recomienda la normativa internacional sobre la materia, lo que dará lugar con certeza a que Uruguay reciba observaciones”, concluye el texto oficial de la INDDHH.
Diario El País/GDA
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