La SIP hace un urgente llamado a restaurar las libertades en Nicaragua

MIAMI.– Directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recolectaron en Nicaragua crudos testimonios sobre la escalada represiva que intensificó en las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

La misión de la SIP dio a conocer un reporte preliminar del que entregará a su Comité Ejecutivo el 16 de este mes, y prevé asimismo elevar un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La entidad exhortará a organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos y las libertades de expresión y de prensa a unir fuerzas para exigir el inmediato cese de la represión, la libertad de periodistas y detenidos por motivaciones políticas y la restauración plena de la institucionalidad democrática. También pedirá que la prensa internacional continúe informando para mantener viva la conciencia sobre la crítica situación en el país.

En una misión desarrollada en formato virtual, por las restricciones sanitarias y las limitaciones para ingresar al país centroamericano, la delegación de la SIP dialogó con periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica.

“Varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume de modo contundente el dramatismo del momento: Nicaragua es un país sin ley y sin justicia”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del medio argentino La Voz del Interior, quien encabezó las conversaciones.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que la realización de elecciones generales libres y transparentes el próximo 7 de noviembre, como establece el cronograma, solo será posible si se recupera el pleno ejercicio de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, y las garantías de debido proceso judicial. Agregó que es imprescindible que el gobierno otorgue amplias facilidades para el trabajo informativo de medios nacionales y del exterior durante la campaña electoral, la jornada comicial y el escrutinio posterior.

La acentuación de la deriva autoritaria del gobierno de Ortega-Murillo encendió alarmas en septiembre del año pasado. Ese mes, la Asamblea Nacional dominada por el régimen inició la sanción de una decena de leyes represivas que definen de manera amplia y ambigua tipos penales que facilitan luego encuadrar en ellos todo tipo de acusaciones, sin prueba alguna.

En ese marco normativo dictatorial creó las condiciones para que en los dos últimos meses se desatara una embestida contra todo sector que se atreviera a cuestionar al poder omnímodo o que pusiera en riesgo la nueva reelección del matrimonio Ortega-Murillo.

Veintiún personas fueron encarceladas e incomunicadas o sometidas a prisión domiciliaria, entre ellas cinco precandidatos presidenciales. Además, se ordenaron restricciones migratorias para periodistas, empresarios y líderes sociales sin causa judicial abierta. Más de 30 reporteros y editores fueron citados por la Fiscalía y se les consulta cómo consiguen información y cómo la difunden.

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