La reforma jubilatoria en Francia le abre un frente de tormenta al gobierno de Emmanuel Macron

PARÍS.– Francia podría quedar paralizada a partir de la semana que viene por un masivo movimiento social como solo los franceses saben provocar. Movilizaciones y huelgas han sido convocadas por todas las centrales sindicales para oponerse al proyecto de reforma del régimen jubilatorio prometida por el presidente Emmanuel Macron, que debe llevar la edad del retiro de los 62 años en la actualidad a los 64 a partir de 2030.

En el país de Asterix, las reformas no solo son siempre trabajosas, sino casi siempre imposibles. Lo demuestran las cifras: el 59% de los franceses se declara en contra de la reforma de la jubilación prometida por el mandatario en sus dos campañas presidenciales, según un sondeo del instituto Elabe publicado este jueves. Esta vez, sin embargo, no se trata de una reforma extravagante: según anunció esta semana la primera ministra, Elisabeth Borne, el gobierno pretende aumentar dos años la edad legal del retiro, progresivamente, hasta llegar a los 64 años en 2030.

Al detallar el miércoles el contenido del proyecto, Borne no hizo ninguna revelación extraordinaria. Hace meses que se habla de ese plan, cuyo primer intento –lanzado durante el primer quinquenio de Macron– tuvo que ser abandonado debido a la pandemia del Covid-19.

Concretamente, además de la extensión de la edad para el retiro, la reforma impone una prolongación de los aportes, avanzando a 2027 en vez de 2035, la exigencia de 43 años de cotizaciones para una pensión completa. Establece además un aumento de la pensión mínima para todos los jubilados, que será de 1200 euros. También se prevén adaptaciones para favorecer el empleo de los seniors y para tener en cuenta la penosidad del trabajo.

Según el Poder Ejecutivo, es “urgente” corregir un régimen jubilatorio que podría padecer un déficit de unos 20.000 millones de euros en 2030. Queda ahora por saber cómo hacer pasar esa reforma pues calificarla de impopular bien parece un eufemismo. Tanto los asalariados como los sindicatos denuncian el proyecto, estimando que afectará a los franceses más modestos, y prometen una masiva movilización a partir de la semana próxima.

Reunidos el martes por la tarde en la Bolsa de Trabajo de París, los dirigentes de los ocho grandes sindicatos llamaron a una primera jornada de manifestaciones y huelgas para el jueves próximo. O sea, en vísperas de la presentación del texto en reunión de gabinete, el lunes siguiente. Después, el texto deberá ser examinado en comisión en la Asamblea Nacional a partir del 30 de enero y en el hemiciclo a partir del 6 de febrero.

Y la primera ministra deberá sin duda buscar apoyo en la derecha parlamentaria. Los Republicanos (LR) ya anunciaron que estarían “dispuestos a sostener” la reforma con “algunas condiciones” juzgadas “esenciales” en lo que atañe a las pequeñas jubilaciones y las carreras prolongadas. Sin confirmar ese apoyo, Borne se ha declarado dispuesta “a hacer evolucionar aun más” la reforma en el Parlamento.

Como los sindicatos, la izquierda parlamentaria prepara sus filas para oponerse por todos los medios a la reforma. La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Melenchon anuncia un “contraproyecto completo”. Su presidenta, Mathilde Panot, quiere hacer todo lo posible para evitar que el gobierno active el famoso artículo 49.3 de la Constitución, ya utilizado por Borne diez veces desde que asumió, y que le permite hacer adoptar un texto sin voto de las Cámaras. LFI ya anunció una fecha para la movilización de sus afiliados: el 21 de este mes.

Sistema

Pero si bien es cierto que el gobierno debe hacer un esfuerzo para mejorar el futuro de los más modestos, es difícil entender las razones de la resistencia secular de los franceses a una modificación del sistema jubilatorio que parece inevitable en el mundo actual, teniendo en cuenta que se trata de un régimen por repartición donde son los activos que cotizan para pagar las jubilaciones del sector pasivo, y donde el permanente aumento de la longevidad desequilibra cada vez más esa proporción.

En Europa, solo Suecia y Eslovaquia mantienen la edad de la jubilación en 62 años. En Alemania, Austria, España, Bélgica, Hungría, Luxemburgo y Suiza son 65; en Irlanda y Gran Bretaña son 66, mientras que en Portugal y Holanda, son 66 años y 7 meses. Por su parte, los italianos y los islandeses deben trabajar hasta los 67 años.

Como todos sus vecinos, el gobierno francés repite que es necesario equilibrar las cuentas para asegurar la perennidad del sistema por repartición, dejar de endeudar a las futuras generaciones y tranquilizar a los mercados financieros. Pero hay otra razón importante que justifica esa reforma: la imperiosa necesidad de aumentar la tasa de empleo francesa. Desde hace 20 años, esa debilidad reduce el PBI por habitante y relega inexorablemente el país frente a Alemania, Estados Unidos o las naciones nórdicas.

“Y eso, aun cuando, paradójicamente, los primeros en protestar contra esa reforma serán aquellos que más padecen de ese desclasamiento, que se manifiesta antes que nada en el poder adquisitivo”, analiza el economista Philippe Dessertine.

Comparado a otros grandes países industrializados, Francia posee una población activa truncada en ambas extremidades: ni suficientes jóvenes ni suficientes seniors empleados. Una reciente reforma del aprendizaje hizo aumentar la tasa de empleo de los primeros. A juicio de Dessertine, el incremento de la edad legal del retiro y del número de trimestres cotizados deberían hacer remontar el de los 55-64 años, que hoy es solo de 56% en Francia, contra 71,9% en Alemania y de 60,5% en la zona euro.

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