Por qué la monarquía española se enfrenta a su peor crisis desde la Transición
PARA LA NACIONRicard González
BARCELONA.- El goteo incesante de revelaciones periodísticas sobre la oscura procedencia de la fortuna de la Casa Real española ha situado a la institución frente su peor crisis desde el restablecimiento de la democracia en los años 70. La figura del rey emérito, Juan Carlos I de Borbón, principal protagonista de los últimos escándalos, parece irremediablemente dañada. Ahora, todos los esfuerzos en el palacio de la Zarzuela están encaminados a desvincular a su hijo, Felipe VI, de estas polémicas para salvar a la institución.
Según la última información, publicada por el diario online El Confidencial, Juan Carlos I retiró en promedio 100.000 euros mensuales de una cuenta bancaria secreta en Suiza entre 2008 y 2012. Esta es la misma cuenta en la que el rey emérito recibió una transferencia de 65 millones de euros por parte del monarca de Arabia Saudita y que está ligada una fundación en Panamá, un conocido paraíso fiscal.
Mientras que la Fiscalía suiza, que investiga el caso, sospecha que el dinero proviene de una comisión ilegal por la adjudicación a una compañía española de la construcción de una línea de tren de alta velocidad entre las ciudades de La Meca y Medina, el rey emérito asegura que fue "un regalo" de un viejo amigo, el soberano Abdalá Ibn Abdelaziz.
La suerte de Juan Carlos I dio un vuelco en 2012, cuando salió a la luz pública su atribulado viaje a Botswana para cazar elefantes con su amante, la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein. El escándalo provocó la abdicación del monarca dos años después, y la agria ruptura de la adúltera pareja, que obtuvo ingentes beneficios en tareas de representación y mediación comercial trabajando en tándem. El entorno de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, también investigada en Suiza, es probablemente el responsable de las filtraciones a los medios.
"No sabemos si estas revelaciones son verdad. Son solo la versión de una de las dos partes", sostiene Mariángel Alcázar, una periodista con buenas fuentes en la Casa Real.
Recientemente, se han multiplicado las noticias sobre los actos corruptos y el lujoso tren de vida de la familia real, justo en un momento en el que el país se enfrenta a la peor crisis económica a causa del nuevo coronavirus y millones de personas temen caer en la pobreza.
Por ejemplo, en junio se supo que la luna de miel de Felipe VI costó 500.000 euros, y fue parcialmente sufragada por un empresario. El Confidencial afirma que el rey emérito habría usado el dinero de su cuenta suiza "para sufragar gastos de toda la familia real", es decir, no habría sido el único beneficiario.
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Este tipo de informaciones amenazan con neutralizar el cortafuegos que la Zarzuela y los partidos monárquicos han intentado cavar entorno a la figura de Felipe VI. En marzo, el rey retiró a su padre su asignación anual -cerca de 200.000 euros-, e hizo público un documento por el que renunciaba a la herencia de los fondos de diversas sociedades en paraísos fiscales y que lo nombraban como segundo beneficiario, después de su progenitor.
Con el crédito atesorado por su actuación durante la Transición y en el golpe militar de 1981 ya agotados, la monarquía española vive sus horas más bajas. Un halo de sospechas se ha instalado en la institución desde que Iñaki Urdangarín, esposo de la Infanta Cristina, fuera imputado por corrupción, y condenado a casi seis años de cárcel en 2018.
Viejos tiempos
Lejos quedan aquellos tiempos en los que la Corona era la institución mejor valorada por los españoles y la prensa trataba con guantes de seda a la Casa Real -o mejor dicho, se aucensuraba-, obviando escándalos extramatrimoniales y de corrupción. Tras el estallido del "caso Urdangarín", se abrió la veda y la valoración de la monarquía cayó en picada. De hecho, el instituto público demoscópico dejó de preguntar por ella en 2015, cuando ya recibía un suspenso de la ciudadanía.
Incluso el último muro de contención, la inviolabilidad del monarca recogida en la Constitución, amenaza de colapso. El jueves, el presidente Pedro Sánchez se mostró favorable a una reforma de la Carta Magna que limite su alcance, lo que podría abrir la puerta a un juicio al rey emérito. No obstante, la posibilidad de que Juan Carlos I termine sus días entre rejas parece más bien remota. Una reforma constitucional requeriría la aprobación del opositor Partido Popular, defensor a ultranza de la Corona. Además, tampoco le será fácil al fiscal suizo Yves Bertossa probar el origen ilegal de los fondos del rey emérito, ya que el reino saudí y sus instituciones no se caracterizan precisamente por su transparencia.
Sea como fuere, la vieja querella entre republicanos y monárquicos que marcó durante más de un siglo la política española ha vuelto para quedarse. Los fantasmas del pasado acechan a toda Europa, y España no es una excepción.
Por Ricard González
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