La lucha de las mujeres por sus derechos puede costar la vida en Arabia Saudita

"Yo apoyo a Arabia Saudita , y la mitad de la población saudita son mujeres. Así que yo apoyo a las mujeres", dijo el príncipe heredero Mohammed ben Salman que viene implementando una serie de reformas con vistas a la modernización económica y social. Pero a contramano de su discurso, en el reino sigue imperando un sistema judicial represivo hacia las mujeres que, por ejemplo, mantiene tras las rejas a varias defensoras de derechos femeninos tan básicos como votar y conducir autos (que fue una actividad ilegal hasta junio pasado), y que podría terminar con la decapitación de una de las activistas que lucha por los derechos de la minoría chiita.

Las últimas detenciones de mujeres en agosto pasado desataron la reacción internacional y una dura disputa diplomática con Canadá, que repudió los arrestos y terminó con la ruptura de relaciones entre los dos países.

El conflicto puso bajo el foco mundial la historia de vida de dos mujeres que mostraron una inusual valentía para enfrentar al régimen.

Samar Badawi, 37 años, originaria de Jeddah, la segunda ciudad más populosa del reino, fue la primera mujer que entabló un juicio contra su padre, que abusó físicamente de ella con golpes y maltratos durante 15 años. En 2010, cuando tenía 28 años, Samar acusó a su padre de impedirle contraer matrimonio, una demanda conocida como adhl en la justicia islámica, pero el padre contraatacó y la acusó a ella de "desobediencia filial", un cargo más grave. Aunque la justicia falló a favor de Samar en el caso de adhl, ella permaneció en aquel momento en prisión durante seis meses por la contraacusación de su padre.

Pero la cárcel no la amilanó.

Pocos meses después, la siguiente batalla de Samar fue desafiar la prohibición de conducir autos (un derecho vedado a las mujeres hasta junio de este año). A partir de junio de 2011 se subió al auto de su hermano y manejó "dos o tres días por semana", según reconoció ante la Justicia, por las calles de Jeddah, una ciudad más liberal que la capital Riad. "Estamos siendo marginadas en nuestros derechos básicos", se defendió Samar cuando fue llevada ante la corte. "Piensan que dándonos algunos derechos políticos nos vamos a quedar tranquilas y calladas".

Y efectivamente no se quedó callada. En septiembre de ese mismo año marcó un hito histórico cuando se convirtió en la primera mujer en presentar una demanda legal para poder ser empadronada y votar en las elecciones municipales. Aunque su demanda no prosperó, a partir de allí se acrecentó la proyección internacional de su lucha y con ella la irritación del régimen.

Al año siguiente el Departamento de Estado norteamericano la premió por su contribución a los derechos de las mujeres y Samar viajó a dar conferencias en la ONU en Ginebra y en el Congreso estadounidense.

Pero cuando en diciembre de 2014 se disponía a salir del país para hablar frente a la Unión Europea en Bruselas, al llegar al aeropuerto de la capital saudita se enteró de que pesaba sobre ella una prohibición de viaje.

A partir de ese momento se agudizó la persecución para ella y toda su familia, incluyendo su esposo -un activista por los derechos humanos en prisión desde 2014- y su hermano –escritor disidente que está en la cárcel desde 2012-. La propia Samar fue arrestada en enero de 2016 junto a su hija Joud, de 2 años, y luego liberada bajo fianza.

Su último arresto, en julio pasado, derivó en una crisis diplomática entre Arabia Saudita y Canadá, que pidió la inmediata liberación de ella y de otras activistas. El reino reaccionó expulsando al embajador canadiense en Riad, pero la joven ya no volvió a recuperar la libertad y su futuro es incierto.

Mucho más complicadas aún se presentan las perspectivas para Israa al-Ghomgham, de 29 años, que podría convertirse el 28 de octubre próximo en la primera defensora de los derechos humanos que es ejecutada por decapitación.

Israa, además de ser mujer, es chiita, en un reino de 30 millones de habitantes donde el 90% de la población es sunnita, la otra rama del Islam. La mayoría de los chiitas vive en el este del país, donde se encuentra gran parte de su petróleo. Pero los chiítas se beneficiaron poco de la riqueza del país y tienen vedado el acceso a la vida política del reino. También se ven presionados por el hecho de que la mayoría de los sauditas son partidarios del wahabismo y ven a los chiítas como apóstatas.

Cuando se desató la "primavera árabe" de 2011 toda la minoría chiita vio una oportunidad de hacer oír sus reclamos. Junto con su esposo, Moussa al-Hashem, Israa participó de las protestas en la provincia de Qatif, las documentó y las subió a las redes sociales.

Hace tres años, los dos fueron arrestados y llevados a prisión y no se supo más de ellos hasta que el mes pasado Human Rights Watch, informó que el fiscal había pedido para ambos la condena a muerte, con cargos que incluyen participar en protestas, incitar protestas, cantar consignas contra el régimen, intentar inflamar la opinión pública, filmar protestas, publicar en las redes sociales y brindar apoyo moral a los alborotadores.

La audiencia final donde se confirmará o anulará la condena está prevista para el 28 de octubre.

En tanto, crece la presión internacional para conseguir la liberación de ella y más de una docena de activistas por los derechos humanos detenidas desde mayo.

"Si el príncipe de la corona es realmente serio acerca de la reforma, debe intervenir inmediatamente para garantizar que ningún activista sea injustamente detenido por su trabajo en favor de los derechos humanos", sostuvo Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rights Watch.

Por Rubén Guillemí

• Arabia Saudita

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