La lucha contra la corrupción se debilita en América Latina

América Latina es una de las regiones donde la pandemia de coronavirus da batalla y golpea fuerte. El agravamiento de la mayoría de las economías sumado al malestar ciudadano por la situación sanitaria evidenció la vulnerabilidad de los países a la enfermedad, que ya se cobró la vida de más de un millón de personas. La lucha contra el coronavirus agudizó el frente contra un enemigo común de las democracias latinoamericanas: la corrupción.

“La tragedia de todo esto es evidente: los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca antes”, reveló la tercera edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021, elaborado por la Americas Society/ Council of the Americas (AS/COA) junto a la empresa global de consultoría Control Risks.

El ranking estudia y clasifica a 15 países - que representan el 95% del PIB de América Latina - para determinar su capacidad para combatir y prevenir la corrupción. El índice CCC observa 14 variables claves, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia.

“Las instituciones democráticas están dejando de estar a la moda en gran parte de América Latina. En cambio, vemos una creciente polarización que se infiltra en la política y hace que el concepto de justicia sea cada vez más esquivo”, lamentó en conversación con LA NACION Brian Winter, co-autor del reporte y vice presidente de Políticas Públicas de AS/COA.

Cinco de los 15 países evaluados experimentaron una fuerte recaída en sus puntuaciones, lo que refleja los efectos amplificados de la corrupción en la sociedad mientras los gobiernos intentan sostener una presión financiera cada vez mayor y los sistemas sanitarios están gravemente deteriorados.

Según el estudio, con la aplicación de las cuarentenas para evitar la propagación del virus, la indignación popular no se manifestó en las calles tanto como en años anteriores y la vigilancia de la sociedad fue menor, lo que aseguró mayor autonomía de los políticos para disminuir recursos de los órganos judiciales, así como la opacidad en las adquisiciones públicas y en el gasto excesivo en suministros médicos.

En un momento en que tanto la inversión extranjera como nacional en América Latina están en mínimos de varios años, “las crecientes dudas sobre la implementación del Estado de derecho y sobre la calidad de las instituciones judiciales han socavado la confianza de las empresas”, advirtió el informe.

Por segundo año consecutivo, Uruguay encabeza el índice como el país más preparado para hacer frente al crimen y su puntuación se vio inalterada con la pandemia ni con la llegada de Lacalle Pou en marzo de 2020.

Le siguen Chile, Costa Rica y Perú. La Argentina se encuentra en quinto lugar, subiendo un escalón en comparación con el mismo índice del año pasado. No obstante, empeoró su puntaje global con un ligero descenso. Brasil, México y Colombia presenciaron los mayores retrocesos, mientras República Dominicana se llevó la mejor actuación con el mayor aumento de su puntaje este año. Venezuela persiste en el último puesto.

En cuanto a la Argentina, “la percepción de un aumento de la politización del poder judicial y de las instituciones anticorrupción durante la administración del presidente Alberto Fernández contribuyó a una caída del 7% en la puntuación de la capacidad legal” del país, donde “se produjeron las restricciones más significativas en la independencia tanto de la fiscalía general como de los organismos anticorrupción”, dice el índice, que hace referencia a la retirada de la Oficina Anticorrupción como querellante en causas penales contra funcionarios y exfuncionarios el año pasado.

“En la Argentina, el CCC de 2021 indica claramente un impacto significativo de la reducida calidad e independencia de las instituciones en la capacidad del país de combatir la corrupción, lo que explica en buena medida el deterioro de su puntaje y tal vez sea una referencia importante para orientar esfuerzos anticorrupción en los próximos años”, dijo a este medio Gabriel Brasil, analista de Control Risks. El especialista aseguró que el impacto de la pandemia en el control de la corrupción en el país “fue seguramente negativo”.

El informe además profundiza en la continua “preocupación por la supuesta influencia que la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (...) ejerce sobre el poder judicial” por parte de los organismos de control internacionales, y en la reforma judicial presentada por el oficialismo y aprobada por el Senado. Asimismo, destaca la vigilancia de la sociedad civil y los medios de comunicación en esta materia. “La corrupción será uno de los temas clave de cara a las elecciones legislativas de octubre del 2021”, asegura.

Los resultados arrojaron que los mecanismos de control de corrupción de las economías líderes de América Latina, Brasil y México, vienen en picada desde las últimas dos ediciones del índice. En ambos países predomina la retórica anticorrupción, pero en la práctica no se observan mayores resultados.

“En algunos países hemos visto el regreso de la vieja idea de que un “líder puro” es la mejor herramienta para erradicar la corrupción. Estos líderes, Bolsonaro es un ejemplo, López Obrador en México es otro, se presentan a sí mismos y a sus amigos como infaliblemente honestos, lo que hace que las instituciones sean innecesarias. Obviamente, este enfoque casi nunca funciona con el tiempo: las instituciones de calidad son la única defensa probada a largo plazo contra la corrupción”, dijo Winter.

Aunque la puntuación general cayó un 10% de 2019 a 2021 en Colombia y la mayoría de los indicadores fallaron en asegurar transparencia - como irregularidades en gastos de emergencia y la independencia de organismos anticorrupción - los datos demuestran que las manifestaciones en las calles favorecieron a la lucha contra el crimen.

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