La lucha contra la corrupción está en retroceso en toda América Latina, según un informe
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción reveló un descenso en el promedio regional por primera vez desde 2020; Uruguay lidera la tabla, Argentina al medio y cierra Venezuela
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LA NACIONRamiro Pellet Lastra
La “lucha contra la corrupción” puede ser solo un decir, si no se tienen las herramientas para llevarla adelante. Y algunos países tienen un ecosistema más evolucionado para enfrentarla que otros, como muestra la edición 2023 del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC).
El informe elaborado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COAS) y Control Risks, evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para combatir la corrupción, en un ranking regional con Uruguay al frente y Venezuela al fondo, y con la Argentina y Brasil a mitad de tabla del total de 15 países examinados por especialistas.
Con otras urgencias que acaparan la atención como la delincuencia violenta, la lenta recuperación económica tras la pandemia y el retroceso democrático, “el resultado final es un entorno anticorrupción que en muchos países está menos activo y movilizado que en años anteriores”, señala el informe, que marca descensos relativos incluso en los países que salieron mejor parados en la evaluación.
Tanto Uruguay como Costa Rica, los países en la cima de la pirámide, experimentaron una baja en su performance con respecto a los informes de los últimos años. Guatemala y Venezuela, que ya venían rezagados, cayeron todavía más.
“Nuestro informe no es un indicador sobre la cantidad de corrupción en cada país. Eso lo hacen otros como Transparencia Internacional, por ejemplo. Lo que hace nuestro índice es medir el clima o el ambiente para detectar, castigar y prevenir la corrupción”, dijo a LA NACION Brian Winter, coautor del reporte 2023 y vicepresidente de Políticas de AS/COAS.
“Lo que vivimos este año fue más bien una erosión que refleja lo que muchos sentíamos, que en varios países la lucha contra la corrupción es un tema que ha pasado a segundo plano. Todavía es relevante, entre el público sigue siendo una prioridad, pero no recibe la misma atención por lo general que recibía hace dos o tres años. El índice básicamente refleja eso”, señaló.
Líder regional
Uruguay se mueve a sus anchas en este tipo de listados, dijo Winter. No solo encabeza el CCC año tras año, de manera ininterrumpida, sino que rinde bien en otros índices sobre calidad democrática y calidad institucional, entre ellos el del Economist Intelligence Unit, que evalúa las tendencias políticas y económicas de 205 países.
De todos modos, incluso el líder del ranking experimentó un ligero descenso. Diez de los 15 países analizados tuvieron un rendimiento inferior a la de los últimos reportes.
Los 6,99 puntos de Uruguay (con escala de 1 a 10) lo sitúan delante de Costa Rica (6,76) y Chile (6,67), sus escoltas en un escalafón cuyo furgón de cola absoluto es Venezuela (1,46). Al igual que Uruguay, Venezuela es fiel a sí misma y se mantiene en su caso al fondo del lote, la posición que mantiene inalterable y sin señales de mejora.
Con 5,07 puntos, la Argentina se mantuvo sin grandes cambios respecto del informe 2022, “estabilizándose tras una trayectoria negativa de tres años, aunque descendió del sexto al séptimo puesto”. Preocupa a los autores del informe la constatación de que el país “sigue por detrás de la media regional en términos de capacidad legal”, con tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
“La Argentina está bien por encima del promedio regional en el tema de la calidad de la democracia, la calidad de los procesos legislativos, mejoras en educación, la calidad de la prensa y el periodismo de investigación”, dijo Winter, enumerando algunos de los elementos que permiten combatir la corrupción. Pero señaló en cambio que “está por debajo del promedio regional principalmente en la independencia de la justicia y las agencias anticorrupción”.
Descenso infinito
Los autores del informe detectaron una vez más la recurrente posición de Venezuela, anclada en lo más hondo del enésimo listado comparativo internacional del que toma parte. Nada salva por ahora al país gobernado por el chavismo desde 1999 de la deriva autoritaria que ahogó la separación de poderes, la oposición democrática, los medios de comunicación y cualquier institución de vuelo propio y que pudiera contribuir al combate a la corrupción.
“La variable que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción disminuyó un 18%, mientras que la variable que evalúa la calidad de la prensa cayó un 15%, situando a Venezuela en el penúltimo lugar de ambas variables. Estos cambios reflejan las renovadas amenazas a la libertad de prensa y a las libertades civiles por parte del gobierno de Nicolás Maduro”, dice el informe.
Lo más interesante quizás no sea ver a Uruguay en el primer lugar y a Venezuela en el último, dos ubicaciones invariables y previsibles. Los casos que más llamaron la atención fueron México (12 en el ranking con 3,87 puntos) y Guatemala (13 con 2,86). Los dos sufrieron serias caídas en varios subíndices que integran la medición.
“La puntuación de México continuó su tendencia a la baja por cuarto año consecutivo (…) El descenso más pronunciado se produjo en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, ya que los periodistas mexicanos siguen enfrentándose a condiciones de trabajo adversas, incluida la tasa de violencia contra reporteros más alta del mundo fuera de Ucrania”, dice el informe.
Según explicó Winter, “en el caso mexicano vemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tomado una actitud bastante hostil contra la prensa”, así como contra el organismo regulador electoral, el INE. Winter se mostró asimismo preocupado por los resultados de Guatemala, la cual “muchos creen que es un ejemplo de otra democracia en América Latina que está en peligro y que ya tal vez pasó de ser una democracia plena a un régimen híbrido”.
La gran pregunta está en el gigante de la región, Brasil, que a principios de año cambió de gobierno, del derechista Jair Bolsonaro al socialista Lula da Silva. “Es cierto, por un lado, que el gobierno de Bolsonaro tomó acciones concretas para sacarle independencia a los poderes fiscalizadores. Ahora él ya no está y hay señales de más armonía entre los poderes. Pero también hay interrogantes sobre la tendencia a mediano plazo”, dijo Winter.
“Es un momento para ser cautos en ese sentido, porque no sabemos exactamente qué rumbo va a tomar, y si puede haber una mejora significativa comparada con el gobierno pasado”, concluyó el analista sobre el gobierno de Lula.
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