La libre circulación retrocede en Europa con la multiplicación de los controles fronterizos

PARÍS.- República Checa y Austria anunciaron que volverán a implementar temporalmente los controles a lo largo de sus fronteras con Eslovaquia en un intento de reducir las llegadas de migrantes. Esta medida, que entrará en vigor este miércoles y se mantendrá inicialmente durante 10 días, se suma a otras que los países europeos han tomado recientemente para hacer frente a la nueva ola de ingresos irregulares en el espacio comunitario.

Jamás el apodo de “Europa fortaleza” pareció más justificado: ante el drama de la inmigración ilegal, los Estados miembros levantan muros, recurren a arsenales defensivos cada vez más sofisticados y dotan a la Agencia de Protección de Fronteras Europeas (Frontex) de un presupuesto récord de 5600 millones de euros para el periodo 2021-2027.

Muros de cemento armado, alambradas, barreras erizadas de púas… Desde hace 20 años, los obstáculos físicos se multiplican en las fronteras de la Unión Europea (UE). En Hungría, España, Grecia o Bulgaria ya es el 13% de las fronteras terrestres del bloque que están cerradas. Y como los muros no bastan, también hay cámaras, drones de control y todo un arsenal tecnológico que fue desplegado. Objetivo: disuadir o impedir la entrada ilegal.

Pero el resultado es moderado. Nadie consigue realmente disuadir a quien ha decidido buscar una vida mejor que renuncie a sus sueños. Y los traficantes, por su parte, despliegan recursos insospechados de imaginación para sortear los obstáculos.

Al hacer su anuncio, el ministro del Interior austríaco, Gerhard Karner, afirmó que el objetivo de esos controles era impedir que los traficantes utilicen rutas alternativas. Por su parte, su par checo, Vit Rakusan, declaró que los controles “nos ayudarán a luchar eficazmente” contra los traficantes de seres humanos. La medida -agregó- se coordinó estrechamente con los países vecinos, incluida Polonia, que hace dos días estableció controles similares en la frontera con Eslovaquia.

Eslovaquia criticó, sin embargo, la decisión de sus vecinos, calificándola de “unilateral” y temiendo “un efecto dominó”. Para su primer ministro, L’udovit Ódor, “es necesario encontrar una solución europea al problema de los inmigrantes”. Mientras tanto, este miércoles su gobierno anunció que el país también reintroducirá controles provisionales en su frontera con Hungría para frenar la llegada de migrantes.

Pero los 27 países miembros no consiguen ponerse de acuerdo sobre un texto clave de la reforma del sistema migratorio europeo, que permitiría sobre todo extender la duración de la detención de los migrantes en las fronteras exteriores del bloque.

También Eslovaquia constató este año un incremento del número de migrantes, en su mayoría llegados desde Serbia, vía Hungría. Durante los primeros ocho meses de 2023, Bratislava detectó unos 24.500 migrantes que entraron ilegalmente en su territorio, contra cerca de 10.900 por todo el año anterior y unos pocos centenares el precedente, según la policía.

Su jefe, Stefan Hamran, explicó que la mayoría de ellos se presentan como sirios que, en virtud de las reglas de asilo internacional, no pueden ser detenidos o expulsados, y continúan su ruta hacia Europa occidental.

“Recurrir a la fuerza”

El populista Robert Fico, que ganó las elecciones legislativas del sábado pasado en Eslovaquia y fue designado primer ministro el lunes, prometió durante la campaña que “recurriría a la fuerza para resolver el problema de los migrantes”.

Pero Fico no es el único que ha decidido prestarse a la escalada. En las últimas semanas Francia desplegó sus fuerzas policiales en las fronteras con Italia para evitar el paso de migrantes por la costa mediterránea. La multiplicación de esos controles resultó en numerosas detenciones: 32.000 desde principios de años, 1400 la semana pasada, según los especialistas.

El 21 de septiembre, la Corte de Justicia de la UE se opuso a la estrategia francesa, pronunciándose “contra la negativa sistemática de entrar a territorio francés”.

También Alemania anunció, la semana pasada, un refuerzo de controles en sus fronteras con Polonia y República Checa.

La respuesta de Berlín se produce después de haber registrado en 2023 más de 70.000 entradas, es decir un aumento del 60% en relación al mismo periodo el año pasado. La frontera alemana con Polonia tiene 470 kilómetros y 650 kilómetros con República Checa.

Todos esos países son, sin embargo, miembros de la UE y del espacio Schengen. La reintroducción de controles fronterizos en este último está autorizada solo en circunstancias excepcionales y debe ser notificada a Bruselas antes de su aplicación.

“Un cuarto de los países del espacio Schengen ha instalado controles fronterizos afectando a la mitad de la población de ese espacio”, detalla Euractiv.

En ese contexto, los ministros del Interior de los 27 se reunieron el 28 de septiembre en Bruselas con la esperanza de hallar un compromiso sobre una de las leyes más controvertidas del paquete de migración y asilo de la UE.

Pero fue en vano. Un desacuerdo entre Alemania e Italia hizo fracasar la reunión. Según fuentes diplomáticas europeas, el diferendo reside en la ayuda humanitaria y los servicios de búsqueda y salvataje proporcionados por los buques de las ONG en el mar Mediterráneo.

Roma considera esos navíos como un factor de atracción que alienta cada vez a más candidatos al exilio hacia las costas europeas. Alemania rechaza esa calificación y afirma que esos barcos son indispensables para salvar vidas en el mar.

Esa fractura no permitió reunir la mayoría calificada necesaria para concluir el acuerdo. El trabajo continuará ahora a nivel de embajadores.

La pieza maestra de esa reforma es un sistema de solidaridad obligatoria que ofrece a los países tres opciones diferentes para administrar los flujos migratorios: aceptar en su territorio cierto número de solicitantes de asilo relocalizados; pagar 20.000 euros por el regreso de aquellos cuya solicitud de asilo fue denegada o financiar un apoyo operacional, como por ejemplo infraestructuras y personal.

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