La "ley del odio", otro instrumento para amordazar el disenso

CARACAS.- Se llama "ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia" y el órgano encargado de ejecutarla es la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica. Los artículos de la primera y los miembros de la segunda, todos connotados revolucionarios, dotarán a Nicolás Maduro de una nueva herramienta para profundizar la censura, perseguir a los disidentes, ilegalizar partidos, cerrar medios de comunicación y controlar las redes sociales.

La nueva ley contempla hasta 20 años de cárcel para los culpables de promover o protagonizar los delitos de odio, siempre según el criterio chavista.

"Es una nueva espiritualidad a la que se ha convocado al pueblo de Venezuela y la convocó el presidente Nicolás Maduro, hombre de paz", reseñó Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Se trataría de un supuesto "homenaje a los que perdieron la vida víctimas del odio y la intolerancia" durante las protestas contra el gobierno, aseguró la ex canciller Rodríguez. Una extraña explicación, ya que entre abril y julio murieron en Venezuela 125 personas, víctimas de la represión de las fuerzas gubernamentales y de la violencia desatada posteriormente.

Esta ley, que debe ser publicada íntegramente de forma obligatoria por todos los medios, ha puesto en alerta a opositores, ONG y periodistas, ya que también supone un nuevo instrumento para acallar a la disidencia y criminalizar las protestas.

"Este tipo de leyes las aprueban quienes promueven odio, violencia y persecución política", se defendió Julio Borges, presidente del Parlamento, al tanto de que la nueva legislación revocará las inscripciones electorales de los partidos que "promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio".

Los encargados de establecer el criterio bolivariano son el presidente del Supremo, Maikel Moreno; el fiscal del gobierno, Tarek William Saab, que sustituyó ilegalmente a la fiscal rebelde; delegados de la Constituyente; ministros; altos cargos del chavismo, y representantes de organizaciones revolucionarias.

Todos ellos verificarán que se cumplan sus disposiciones, entre ellas la que prevé penas de 8 a 10 años de cárcel para los policías o militares que se abstengan o retarden su actuación contra los responsables del odio señalados por la revolución.

Se trata, por lo tanto, de conceptos jurídicos indeterminados para sancionar y privar de libertad de forma arbitraria y solo contra los enemigos.

El chavismo usa desde hace años sus medios de comunicación para amenazar e insultar a sus rivales políticos, empleando términos que ya forman parte del lenguaje nacional: escuálidos, vendepatrias, lacayos, fascistas, pitiyanquis, majunches y un largo rosario que incluye descalificaciones personales a los jefes opositores como el "monstruo de Ramo Verde" (Leopoldo López), "Capriloca" (Henrique Capriles) o "coño de su madre" (Henry Ramos Allup), que es la versión venezolana del hijo de puta español.

"Hasta 20 años de cárcel para quien incite al odio. Unos cuantos funcionarios públicos aplican", ironizó Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano. "Sentencia únicamente a todo el que esté contra el gobierno", añadió Jesús Torrealba, ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Con la ley se han atrevido incluso con las redes sociales, una de las grandes obsesiones del "hijo de Chávez", que lleva semanas clamando por supuestas censuras en Facebook y Twitter. "Deben retirar en un lapso de seis horas los mensajes que promueven el odio y la intolerancia", advirtió Rodríguez. Las amenazas se extienden a las radios y televisoras, sometidas a niveles muy altos de censura y autocensura. A todas se les puede revocar su licencia si lanzan mensajes que fomenten el odio, siempre a conveniencia de la revolución.

"La ley del odio no es una ley, es una sentencia orbitando sobre la ciudadanía. Curiosa manera de luchar por la paz, convivencia pacífica y tolerancia", criticó la ex magistrada Blanca Rosa Mármol.

Para la ONG Espacio Público, que contabiliza 148 medios cerrados desde el advenimiento de Chávez, en 1999, la ley "es inconstitucional de origen, así como la ANC que la aprueba".

En el exterior también se han disparado las alarmas. "La ley antiodio hunde a Venezuela aún más en el régimen dictatorial de Maduro. Pero nadie se debe sorprender de que el circo autocrático de Maduro haya llegado tan lejos: la mafia que gobierna Venezuela ha mostrado demasiadas veces que está dispuesta a aplastar toda crítica", destacó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

A qué apuntala norma del gobierno

Objetivo

La llamada "ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia" promulgada por la Asamblea Constituyente fue solicitada por Maduro para poner fin a los supuestos mensajes de odio, intolerancia y racismo que presuntamente esgrimen los opositores

Criminalización

Maduro sostiene que ese tipo de mensajes desencadenaron las protestas que entre abril y julio dejaron más de 120 muertos; la oposición, sin embargo, afirma que la ley busca criminalizar la protesta pacífica, al ser ejecutada por organismos oficiales

Penas

No hay distinciones entre individuos, grupos de personas, medios, representantes jurídicos de redes sociales y diversas organizaciones; las sanciones contemplan penas de 10 a 20 años de prisión

Razones

La ley establece, sin dar detalles, que cualquier medio que difunda mensajes que según las autoridades constituyan propaganda a favor del odio racial, religioso o político, entre otros, será sancionado con la revocatoria de la concesión de transmisión

Redes

También se fijan multas para los responsables jurídicos de redes sociales y medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes de esa índole

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