La justicia de Bolivia decide si dicta una prisión preventiva de seis meses para Evo Morales por la presunta trata de una menor

LA PAZ.- La justicia boliviana reprogramó la audiencia que estaba fijada para hoy en la que se debía resolver una solicitud de la fiscalía para la detención preventiva por seis meses del expresidente Evo Morales, investigado por el presunto delito de trata de una menor cuando ejercía el poder en 2015. La nueva citación fue establecida para el 17 de enero, debido a problemas de salud de líder cocacolero. En caso de ser condenado por esta causa, debería cumplir una pena de entre 10 y 15 años de cárcel.

La fiscal a cargo del caso, Sandra Gutiérrez, informó que este viernes a las 9:30 (hora local) “se realizará la audiencia de medidas cautelares” contra Morales, ante un juez anticorrupción. Los abogados del expresidente indicaron que Evo sufre de neumonía, por lo que presentaron un certificado médico, que fue valorado por el juez y debido a eso se reprogramó la citación de la justicia.

“Esperamos que se presente Evo Morales y no hayan más chicanerías en este caso”, afirmó Gutiérrez tras la conclusión de la audiencia de hoy.

Gutiérrez señaló que el juez esperará la comparecencia del exmandatario, pero que si no se apersona, la autoridad puede dictar medidas restrictivas contra el político. ”El juez puede definir su rebeldía, arraigo y la medida de aprehensión”, afirmó el lunes la fiscal, que en diciembre pasado anunció que ya había solicitado los seis meses de cárcel.

Asimismo, la fiscal indicó que a la madre de la víctima, Idelsa Pozo, se la ha declarado en rebeldía por no presentarse ella ni sus abogados. A esto se suma la orden de aprehensión y arraigo contra la Mujer.

Wilfredo Chávez, abogado de Morales, había adelantado este lunes que el exjefe de Estado no asistiría a esta citación judicial, debido a que “no había sido notificado” personalmente. Gutiérrez, no obstante, negó que se haya cometido una irregularidad en el procedimiento de notificación.

Morales presidente entre 2006 y 2019, de 65 años, es acusado por el Ministerio Público por el delito de trata de una menor, a raíz del presunto arreglo que habría tenido con los padres de una adolescente de 15 años. Según la fiscalía, Morales y la menor sostuvieron una relación en 2015 de la que nació una hija un año después, y que los padres consintieron a cambio de beneficios.

Sobre el líder cocalero ya pesa una orden de aprehensión por no acudir a declarar ante la fiscalía durante la investigación. La medida fue emitida el 16 de octubre de 2024, pero fue mantenida en reserva frente a la opinión pública debido a que “el caso es muy complejo”, según la fiscal. La policía no pudo aprehender al líder aimara, quien se encuentra resguardado por sus seguidores en la región cocalera del Chapare, su feudo político.

En diciembre, Gutiérrez presentó una “imputación formal” contra Morales por el delito de trata y precisó que enfrenta una pena de “10 a 15 años”. También dijo que solicitó una “alerta migratoria”, una medida para evitar que salga del país.

Este martes la justicia deberá resolver además la situación de la madre de la menor, quien no ha acudido a anteriores citaciones fiscales. El padre ya se encuentra con detención preventiva.

Aunque Morales desestimó previamente la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020 bajo la figura penal de “estupro” -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años-, la fiscalía se concentra ahora en la presunta trata.

El exgobernante dice ser víctima de una “lawfare” (guerra jurídica) dirigida por el gobierno de Luis Arce, su antiguo aliado, para “proscribirlo” de la carrera electoral. Arce y Morales sostienen una lucha sin cuartel por la candidatura de la izquierda para las elecciones de agosto próximo, pese a que el líder cocalero fue inhabilitado por la justicia para repostularse.

La Corte Suprema ya se pronunció en contra de su candidatura, una vez que la reelección que se sometió a consulta popular en su último mandato fue anulada por el mismo cuerpo judicial por ir en contra de la Constitución boliviana.

Manifestaciones

La policía de Bolivia dispersó el lunes con gases lacrimógenos y detuvo a dos afines del expresidente Evo Morales que arribaron a La Paz, sin su líder, en una marcha contra la crisis económica y en reclamo frente al proceso judicial contra el exgobernante.

En un nuevo pulso entre Morales y el presidente boliviano, Luis Arce, a menos de siete meses de las elecciones generales, los partidarios de Morales llegaron hasta el centro de La Paz después de haber marchado unos 100 kilómetros.

Morales, que no acompañó a sus seguidores en la convocatoria, se mantiene atrincherado en su feudo cocalero desde septiembre, en el centro del país, para evitar la orden de detención requerida por la fiscalía bajo la protección de los sindicatos cocaleros que él preside. Tiene además prohibición de salida del país.

Los manifestantes intentaron ingresar hasta la plaza central, que alberga a Palacio de Gobierno, pero la policía les bloqueó el paso en medio de choques. Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos para dispersar la protesta.

“Hay hasta el momento dos arrestados”, mencionó a los medios el comandante de la Policía en La Paz, Gunther Agudo, quien también reportó que los manifestantes intentaron rebasar a la policía e incluso intentaron robar sus implementos policiales.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo en conferencia de prensa que la marcha no tuvo una gran convocatoria y la calificó como en “defensa de la pedofilia”. Además, acusó a los manifestantes de “emboscar” buses de policías que iban en camino a La Paz.

Del Castillo informó que tres policías salieron heridos, así como dos civiles que estaban en otros buses particulares.

La marcha se inició el viernes de la semana pasada desde la localidad de Patacamaya, a unos 100 kilómetros de La Paz, con decenas de simpatizantes de Morales, pero no igualó a la que convocó el año pasado el exgobernante contra el gobierno de Arce.

Agencia AFP

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