La insólita campaña que surgió en Reino Unido por el aumento de las tarifas de luz y gas
Ante el encarecimiento del costo de vida, una nueva tendencia surgió en territorio británico y podría poner “en serios problemas” a las empresas de energía según sus organizadores
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El movimiento Don’t Pay UK (No pagues UK) comenzó a ganar relevancia en Reino Unido con una insólita campaña, que tiene como único objetivo manifestar en desacuerdo con el aumento de tarifas en el país. Unirse a la agrupación es simple: el único requisito excluyente que hay que cumplir es negarse a pagar la factura.
Desde el conjunto británico creen que esta es la única manera de obtener una reducción de los valores que los ciudadanos británicos deben afrontar mensualmente. Hasta el momento, y según pudo conocer The Guardian, la nueva tendencia cosechó más de 90 mil seguidores. Pero aun así no es suficiente.
En su página oficial, los principales organizadores consideran que solamente se logrará un retroceso en materia de costo si lograr que un millón de personas se unan a su “huelga masiva”. Hay tiempo todavía hasta el próximo 1 de octubre, cuando el ente regulador incremente el tope del precio de la energía.
La falta de pago masiva no es una idea nueva. Tuvo lugar en el mismo Reino Unido a finales de los años 80 y 90, cuando más de 17 millones de personas se negaron a pagar el Poll Tax o impuesto a la comunidad, tributo que no tenía una razón aparente por la que existir pero que todos debían pagar por igual.
“Incluso si una fracción de los que estamos pagando por domiciliación dejemos de pagar, será suficiente para poner en serios problemas a las empresas de energía. Queremos obligarlos a poner fin a esta crisis. Así es como creemos que podemos llegar allí. Es la única manera”, consideran desde Don’t Pay UK.
La situación económica y social, según los analistas consultados por el medio británico, es “preocupante”. Se pronostica que la factura doméstica promedio que pagan los hogares ingleses ascienda 3.300 libras (530 mil pesos) esterlinas al año, cuando en abril era de 1.971 libras (317 mil pesos).
Todo esto ocurre en el marco de una gran crisis del costo de vida que afronta Gran Bretaña. Citizens Advice, una organización independiente que ayuda a personas con todo tipo de deudas de consumo, también consideró que la escala del problema sea verdaderamente significativa.
Reveló haber apoyado a más personas que no pudieron recargar su medidor de prepago en junio que en enero de 2022. Y detalló que sobre la existencia de un número récord de usuarios de su servicio que carecen de fondos para comprarse una heladera o incluso un horno para cocina alimentos.
Las graves consecuencias de no pagar la factura
Las facturas de gas y electricidad se clasifican como prioritarias, lo que significa que puede haber consecuencias graves por la falta o el retraso en un pago, advirtieron desde la organización Stepchange. Si la gente no les paga, el proveedor puede cobrar la deuda a través de una agencia de cobro de deudas.
También pueden obtener una orden judicial para ingresar a las casas de las personas para colocar un medidor de tarjeta de prepago. “Ante cualquier atraso, se agregará al medidor y se deducirá una cantidad fija cada semana, por lo que el cobro se hará con mayor asiduidad”, anticiparon.
“El proveedor también puede quitar el medidor y cortar su suministro, pero afortunadamente esto no ocurre con frecuencia”, sostuvo Richard Lane, director de asuntos externos de Stepchange. Sin embargo, deslizó un consejo: “Si uno se atrasa con el pago y le preocupa cómo abonar, es importante que no espere para obtener ayuda”.
“Lo que hay que hace antes que nada es comunicarse con el representantes del ente regulado para informarles que tiene dificultades. Es posible que pueda ofrecerle apoyo e informarle sobre las subvenciones disponibles para pagar una factura de servicios públicos o negociar un plan de pago asequible”, destacó.
Las únicas excepciones por las que la compañía encargada de la electricidad y el gas no podría cortarte el suministro sin embargo, y ni aunque quisiera, son aquellas personas que padecen de alguna enfermedad y/o discapacidad que estén en riesgo en caso de no contar con el suministro.
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