La imputación a Donald Trump: la sorpresiva acusación que lo complica aún más en una causa que de otra forma podría ser endeble

WASHINGTON.- La lectura de cargos contra el expresidente Donald Trump de martes expuso una sorpresiva acusación que según los juristas apuntala una causa judicial que hasta entonces era por lo menos novedosa y difícil de probar: en el dictamen de procesamiento, los fiscales aseguraron que Trump falsificó los registros de sus empresas como parte de un plan para engañar al fisco.

Los analistas se preguntaron durante semanas cuáles serían exactamente los cargos que presentaría Alvin Bragg, fiscal de distrito de Manhattan. Muchos pensaban que acusar a Trump de fraude impositivo para ocultar sus violaciones a la ley de financiamiento de las campañas era legalmente complicado, pero esa acusación resultó ser solo una parte importante de la teoría de la hipótesis del fiscal, pero no la única.

“Los juristas especulaban que Trump sería acusado de mentir sobre los pagos de silencio para influir ilegalmente en las elecciones, y esa teoría descansa sobre cuestiones legales controvertidas y espinosas, difíciles de probar”, dice Rebecca Roiphe, exfiscal y profesora de la Escuela de Leyes de Nueva York.

“Pero resultó que el procesamiento también asegura que Trump falsificó los registros de sus empresas para cometer un delito penal tributario”, agrega Roiphe. “Ese cargo es mucho más fácil de probar y de paso permite esquivar las posibles lagunas legales de los otros cargos”.

El dictamen de procesamiento consigna 34 falsificaciones en los libros relacionados con los desembolsos que en 2017 le hizo Trump a Michael Cohen, su exabogado. Justo antes de las elecciones de 2016, Cohen le había pagado 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para silenciarla y que dejara de hablar de la supuesta relación que había tenido con Trump.

Registros falsos

Según la constancia de hechos que acompañó el procesamiento, varios documentos empresarios concernientes a esos desembolsos a Cohen fueron registrados falsamente como pagos por honorarios legales durante 2017. Para cada uno de esos 34 registros, el gran jurado acusó a Trump de fraude fiscal, bajo el artículo 175 del Código Penal del estado de Nueva York. Una condena por ese cargo implica una sentencia de hasta cuatro años de cárcel.

Pero el fraude en los libros usualmente es un delito menor. Para que llegue a la categoría de delito grave, los fiscales deben demostrar que el propósito del acusado era cometer, facilitar u ocultar un segundo delito, lo que despierta la incógnita sobre qué otro delito piensa imputarle el fiscal Bragg.

El martes, Bragg dio a entender que la fiscalía ha presentado múltiples teorías sobre ese segundo delito, para darles a los jueces y miembros del jurado varias rutas alternativas conducentes a demostrar que el fraude en los libros fue un delito grave, y no un delito menor.

Como ya se sabía, Bragg y su equipo apuntan a encontrar presuntas violaciones tanto a las leyes federales como a las del estado de Nueva York, profundizando una línea investigativa que ha dado que pensar incluso a los más acérrimos detractores de Trump.

En cuanto al fondo del asunto, puede resultar ambiguo si pagarle a una amante fue un gasto de campaña o un gasto personal.

Y en cuanto a la materia del proceso legal, invocar una ley federal suscita una duda sin precedentes: ¿puede un fiscal de distrito citar un delito federal aunque no tenga jurisdicción para presentar cargos por ese delito? Sin embargo, el artículo 175 no dice que ese segundo crimen que se quiere cometer y ocultar deba ser exclusivamente una violación a una ley local, y no federal.

En conferencia de prensa, Bragg mencionó tanto la ley electoral del estado de Nueva York como la ley federal de alcance nacional. El fiscal citó la ley electoral de Nueva York que califica como un delito menor conspirar para impulsar una candidatura por medios ilegales, pero no explicó por qué esa ley podría aplicarse a una elección presidencial. También hizo mención al tope de aportes de campaña que establece la ley federal, pero sin explicar por qué él tendría autoridad para invocar un delito sobre el que no tiene jurisdicción para presentar cargos.

El fiscal introdujo además otra hipótesis, al acusar a Trump de falsificar los registros de sus empresas como parte de sus planes para luego cometer fraude tributario.

“Los implicados también dieron pasos para fraguar, a los efectos fiscales, la verdadera naturaleza de los pagos realizados con otros propósitos”, escribió Bragg en la constancia de hechos con la que acompañó su acusación.

Esa constancia de los hechos también describe cómo Trump le pagó a Cohen más de lo que Cohen le había pagado a Daniels, para cubrir el impuesto a las ganancias que debía afrontar Cohen por ese dinero que había recibido. En su conferencia de prensa, Bragg hizo especial hincapié en este punto.

Pero en otros momentos sus palabras fueron más ambiguas. En un momento, pareció sugerir que la falsificación planeada y presentada al fisco de Nueva York era solo un ejemplo de las diversas formas en que Trump y Cohen habrían violado la ley del estado, conspirando para impulsar a un candidato por medios ilegales.

Pero presentar información falsa al fisco de Nueva York también es un delito. En otro momento, Bragg pareció sugerir que el supuesto plan de mentirle al fisco para aparentar que Cohen había obtenido esos ingresos “por honorarios de servicios legales prestados en 2017″ podía ser considerado un delito en sí mismo.

Maniobra

Según Bragg, además de encubrir los delitos de financiamiento de campaña cometidos en 2016, “para que Cohen recuperara lo que le había cobrado el fisco como impuesto a las ganancias por esos pagos, planificaron una última declaración falsa para completar el fraude: registrar falsamente los reembolsos que recibió Cohen como nuevos ingresos”.

En el tribunal, el fiscal Christopher Conroy acusó a Trump de hacer que la Organización Trump fraguara sus libros “y registrara falsamente la verdadera naturaleza del pago” para cubrirse ante el fisco.

A algunos especialistas legales les pareció particularmente significativo que los fiscales mencionaran la posible planificación de falsear las declaraciones de impuestos, dada las especulaciones que circulan sobre cómo hará la fiscalía para convertir el fraude contable en un delito grave.

“La referencia a las falsas declaraciones de impuestos puede ayudar a que la causa sortee el conflicto legal que se puede generar si los cargos por delitos graves se basan solo en las leyes electorales federales y del estado de Nueva York”, dice Ryan Goodman, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York.

El martes, de hecho, varios especialistas en derecho electoral expresaron nuevas dudas sobre si a Bragg le alcanzaría con las violaciones a la ley de financiamiento de campañas para elevar los cargos de fraude contable a la categoría de delitos graves. Entre esos escépticos se cuentan Richard L. Hasen, jurista experto de la Universidad de California en loa Ángeles, y Benjamin L. Ginsberg, histórico especialista en derecho electoral del Partido Republicano y un hombre muy crítico de Trump.

Tarde o temprano, Bragg tendrá que mostrar sus cartas. Barry Kamins, un juez retirado de la Corte Suprema de Nueva York que actualmente se dedica al ejercicio privado de la profesión, dijo que la próxima fase de la causa obligará a los fiscales a dar más detalles.

“Lo que pasa a continuación es que los fiscales están obligados a revelar sus pruebas”, señala Kamins. “El abogado defensor tomará conocimiento de la naturaleza de las violaciones a las leyes electorales y las cuestiones tributarias que planteó Bragg en su explicación de los hechos”.

Charlie Savage

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