La fundación de George Clooney presentó una denuncia en la Argentina por violaciones de los derechos humanos en Venezuela
La demanda fue presentada ante la justicia federal sobre el principio de jurisdicción universal reconocido por el país; apuntan contra las fuerzas de seguridad del régimen
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LA NACION
La Fundación Clooney por la Justicia (CFJ) presentó ante la justicia federal de la Argentina una denuncia por crímenes de lesa humanidad cometidos a partir del 2014 contra opositores en Venezuela, informó la institución creada por el actor George Clooney y su esposa, la abogada de derechos humanos Amal Clooney, a través de un comunicado.
Ante la falta de respuesta de las autoridades venezolanas, el caso -que involucra a dos familias víctimas de las fuerzas de seguridad- fue presentado a la justicia argentina sobre el principio de la jurisdicción universal, al que ya han recurrido magistrados locales en años recientes.
“Las evidencias presentadas por CFJ apuntan a la posible responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra víctimas vinculadas o percibidas vinculadas a la oposición política del gobierno. El equipo Docket de CFJ representa a familiares de dos víctimas de violencia indiscriminada y homicidios en su última iniciativa para apoyar a las personas supervivientes y exigir responsabilidades a los autores más allá de las fronteras de Venezuela”, dice el comunicado de la fundación.
“Hablamos de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales”, explicó a la agencia Reuters Ignacio Jovtis, abogado de la Fundación Clooney, que se presentó como querellante en Buenos Aires.
El abogado, que prefirió no revelar detalles de la denuncia por razones legales y de seguridad, destacó que el caso involucra a víctimas de distintas regiones del país que desde 2013 preside Nicolás Maduro.
“No se trata de casos aislados. Los casos que estamos presentando son ilustrativos de casos que venimos documentando hace años”, añadió el abogado.
“Hay una política de Estado, en Venezuela hay una sistematicidad, donde vemos que no es una persona que comete los delitos sino que hay una cadena de mando donde se dan órdenes”, dijo el representante de la fundación.
Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela son actualmente investigadas por la Corte Penal Internacional, mientras que una misión independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha acusado al Gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad.
La justicia argentina aceptó en años recientes investigar crímenes de lesa humanidad en España -por los crímenes del franquismo- y en Myanmar -por el genocidio contra la comuidad rohingya-, lo que impulsó a la Fundación Clooney a presentar la denuncia en Buenos Aires.
El pasado enero, antes de la cumbre de la Celac en Buenos Aires, el Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), encabezado por el secretario de Asuntos Públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, presentó en Comodoro Py una denuncia penal contra Maduro y los presidentes de Cuba, Miguel Mario Díaz- Canel, y de Nicaragua, José Daniel Ortega Saavedra. Luego un abogado penalista amplió la denuncia contra el mandatario venezolano y pidió que fuera citado a indagatoria de manera urgente por violación a los derechos humanos, algo que finalmente no sucedió.
La relación bilateral entre la Argentina y Venezuela oscila en función del gobierno de turno en Buenos Aires. Mientras Mauricio Macri no reconocía el mandato de Maduro y, en su lugar, validaba al opositor Juan Guaidó como “presidente encargado”, Alberto Fernández retomó el vínculo con el régimen bolivariano, aunque con votaciones ambiguas en los organismos multilaterales.
“La Argentina es uno de los pocos países del mundo que ha aplicado la jurisdicción universal. Creemos que tenemos un caso muy sólido (...) y que están las condiciones dadas para que la Justicia argentina abra una investigación sobre los crímenes cometidos en Venezuela”, concluyó Jovtis.
“La Argentina puede convertirse en un faro de esperanza para las muchas familias y víctimas venezolanas que llevan ya años esperando justicia”, dijo Jovtis en el comunicado de la CFJ. “Esperamos que la justicia argentina siga aplicando correctamente la jurisdicción universal y abra una vía para las víctimas venezolanas y sus familias de la misma manera que lo ha hecho en los otros casos de jurisdicción universal que tiene ante sí”, agregó.
El principio de jurisdicción universal le otorga a cualquier país la posibilidad de juzgar a quienes hayan cometido un grupo limitado de delitos atroces y difíciles de juzgar, aunque hayan sido perpetrados en el extranjero o por ciudadanos de otro país. La Argentina incorpora este principio en su normativa con carácter de derecho internacional consuetudinario, mediante el artículo 118 de la Constitución, así como también por reconocer la primacía de los tratados internacionales de derechos humanos en el derecho argentino.
Apoyo de Amnistía
La ONG Amnistía Internacional consideró que la demanda penal presentada por la CFJ “es un importante paso para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela”.
“Ante la demanda penal interpuesta en Argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la justicia argentina tiene la obligación de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas suficientes y admisibles, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores. Los titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela, con el valioso apoyo de organizaciones como la Clooney Foundation for Justice, no pueden caer en oídos sordos. La justicia federal de Argentina no puede darles la espalda a las víctimas; por el contrario, debe abrir la puerta a la jurisdicción universal y generar un precedente importante para que otros países de la región sigan el mismo curso de acción”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Agencia Reuters
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