La Fiscalía de Venezuela emitió una orden de captura contra el excandidato opositor Edmundo González
La dictadura de Nicolás Maduro lo acusa por la publicación de las actas electorales en un sitio web tras los comicios presidenciales denunciados por fraude y no reconocidos por la mayoría de los países de la comunidad internacional
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LA NACION
CARACAS.- La fiscalía de Venezuela pidió el lunes una orden de captura para el ex candidato opositor Edmundo González Urrutia después de que se ausentara a tres citaciones del Ministerio Público por la publicación de actas electorales del 28 de julio recopilados por la oposición en un sitio web y que las autoridades acusan de cometer “graves delitos”.
El Ministerio Público divulgó en sus redes sociales una copia de la solicitud a un tribunal con competencia en terrorismo de la “orden de aprehensión en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia” por presuntos delitos relacionados con los comicios, que incluyen “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “forjamiento de documento público”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”.
La solicitud de aprehensión finaliza con la firma del fiscal Luis Ernesto Dueñez, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía 58 nacional. Dos horas después del pedido de la fiscalía, un juez venezolano emitió la orden de detención oficial.
El pasado jueves, la Fiscalía de Venezuela había vuelto a citar formalmente al excandidato presidencial de la coalición opositora Plataforma Unida Democrática (PUd) para que declare en la causa abierta en su contra por la publicación de actas en un sitio web opositor, en el que la coalición mostró lo que asegura es el triunfo de González Urrutia en los comicios presidenciales con el 83,5% de las actas electorales, unas boletas emitidas por las máquinas electorales respaldadas por gran parte de la comunidad internacional. Organismos y observadores internacionales cuestionaron la independencia e imparcialidad del tribunal electoral venezolano.
González Urrutia tampoco se presentó a ese tercer llamado, luego de que decidiera no presentarse a las dos primeras citaciones. El excandidato negó los cargos en su contra y afirmó que fue un pretexto del gobierno para detenerlo. La dos convocatorias anteriores fueron ignoradas por el rival en las elecciones del presidente Nicolás Maduro, al considerar que este organismo actúa como un “acusador político” que lo sometería a un proceso “sin garantías de independencia y del debido proceso”.
La fiscalía venezolana sostiene que González ha dicho públicamente que es uno de los responsables de la publicación de esas actas en el sitio http://resultadosconvzla.com/.
“Hay una tercera citación que enviaremos, son tres como lo exige la jurisprudencia, una persona puede ser citada hasta un máximo de tres veces”, dijo entonces el fiscal general, Tarek William Saab, ligado directamente al chavismo. “De no comparecer ante este despacho fiscal en la fecha antes señalada”, advirtió dicha citación, “se considerará que nos encontramos en presencia del peligro de fuga (...) y del peligro de obstaculización (...) por lo que se tramitará la correspondiente orden de aprehensión”.
El opositor no ha tenido apariciones públicas en las últimas semanas y, junto a la líder opositora María Corina Machado, han denunciado ser perseguidos por las autoridades. Maduro ha pedido cárcel tanto para González Urrutia como para Machado, también en la clandestinidad. Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2400 detenidos.
“Han perdido toda noción de la realidad. Amenazando al Presidente Electo sólo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos”, escribió en sus redes sociales Machado tras conocerse la orden de la Fiscalía.
En las elecciones de julio, Maduro, que aspiraba a la reelección para un tercer mandato, fue declarado ganador por la autoridad electoral sin que se publicaran las actas oficiales de resultados. Los resultados anunciados oficialmente fueron ampliamente cuestionados por la oposición y por la comunidad internacional por falta de transparencia y la imposibilidad de verificar los votos.
Antes las críticas por falta de transparencia y la presión internacional, Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia -integrado por magistrados que formaron parte del gobierno- que hiciera un peritaje al proceso electoral. Éste certificó el pasado 22 de agosto la victoria de Maduro y afirmó en su resolución que los recuentos de votos publicados por la oposición eran falsos.
Tras esa decisión, la fiscalía ha ido incorporando presuntos delitos por los que investigar a González, de 75 años, y a otros miembros de la oposición.
“No pretendan convertir en delito el legítimo reclamo de que los resultados oficiales del CNE se ajusten a la voluntad expresada por el pueblo de Venezuela el 28 de julio”, rechazó la Plataforma Unitaria en un comunicado de la semana pasada. “Digitalizar y resguardar las actas de escrutinio que por derecho nos corresponden no es un delito”.
Respuesta al secuestro del avión de Maduro
El pedido de la Fiscalía coincide este lunes con el secuestro de parte de las autoridades estadounidenses de un avión utilizado por el presidente Nicolás Maduro, una medida que el gobierno venezolano calificó este lunes de “piratería”.
”Una vez más, las autoridades de Estados Unidos de América están empeñadas en una práctica criminal que no puede ser definida de otra manera que piratería ”, declaró la cancillería de Caracas en un comunicado.
El avión fue incautado en República Dominicana, donde se encontraba, con la asistencia de las autoridades de ese país y transferida a Florida por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares.
La compra se realizó “a través de una empresa fantasma y el avión fue sacado de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches”, denunció el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland.
De acuerdo a un reporte de Bloomberg publicado este lunes, el Departamento del Tesoro estadounidense está a punto de anunciar 15 sanciones individuales contra funcionarios chavistas que “obstruyeron la celebración de elecciones presidenciales libres y justas”, indican documentos vistos por el medio.
Agencias AP, AFP y Reuters
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