La fiscalía de Perú archivó la denuncia por genocidio contra la presidenta Dina Boluarte

El primer ministro de Perú dijo este martes que la fiscalía archivó “definitivamente” el presunto delito de genocidio presentado contra la presidenta Dina Boluarte, tras las protestas que dejaron decenas de muertos al inicio de su gobierno.

El caso se inició luego de las protestas antigubernamentales por la destitución y arresto a fines del 2022 del expresidente Pedro Castillo, que intentó disolver el Congreso.

Sin embargo, Boluarte aún enfrenta denuncias por “homicidio calificado” y “lesiones graves” de personas en las protestas.

En un mensaje en la red social X, el primer ministro Gustavo Adrianzén afirmó que la denuncia por genocidio “fue siempre un despropósito”, aunque no mencionó las otras.

La fiscalía publicó un comunicado en el que confirmaba que el caso de genocidio había sido archivado; y que los casos de homicidios y lesiones continúan y forman parte de una denuncia constitucional presentada al Congreso contra Boluarte y otros funcionarios que estaban en el poder durante las protestas.

Boluarte ha negado las acusaciones de la fiscalía y afirma que en las protestas las Fuerzas Armadas actuaron de forma proporcional frente a manifestantes violentos que quemaron instalaciones de instituciones públicas y privadas.

La mandataria enfrenta además otra denuncia en el Congreso presentada en mayo por la fiscalía, por el presunto delito de “cohecho” y enriquecimiento ilícito vinculado a un escándalo político por el uso indebido de relojes de lujo Rolex.

Boluarte, que fue la vicepresidenta de Castillo, tiene un respaldo de sólo 5% de los peruanos, según varias encuestas, el apoyo mas bajo entre los mandatarios de América Latina.