La dictadura de Maduro detiene a Rocío San Miguel, relevante figura de la sociedad civil venezolana

CARACAS.- “¿Dónde está Rocío San Miguel?”, se preguntaba hoy la sociedad civil venezolana en medio del carnaval tras conocerse la detención y posterior desaparición forzada de la activista de derechos humanos. Familiares y amigos de San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, desconocen su paradero desde que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) la capturasen el viernes pasado junto a su hija en el aeropuerto internacional de Maiquetía.

“Exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos”, alertó la ONG Provea, un llamamiento al que se unieron casi al instante Amnistía Internacional y buena parte de las organizaciones de la sociedad civil. La hija de San Miguel ya se encuentra en libertad.

Según distintos medios locales, esta experta en cuestiones militares y que goza de reconocimiento y prestigio internacional, fue mencionada por uno de los detenidos en el caso denominado Brazalete Blanco, que forma parte de las cinco presuntas conspiraciones que la revolución bolivariana exhibe como justificación para su última arremetida contra la oposición y contra las ONGs.

Otras activistas, como Tamara Suju y Sebastiana Barraez, también fueron señaladas hace días en las mismas “investigaciones”, aunque ambas se encuentran en el exilio. “¿Qué ha dicho Maduro de las conspiraciones de 2023 y lo que va de 2024? Cuatro conspiraciones dice haber abortado el gobierno de Venezuela en 2023 y una en enero de 2024. La Constitución garantiza el debido proceso por lo que se deberían conocer datos de detenidos, lugar de reclusión, jueces a cargo del proceso…”, criticó la propia San Miguel en enero, de forma casi premonitoria porque parecidas circunstancias se repiten hoy contra ella.

Se da la circunstancia además de que San Miguel cuenta con medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien a principios de este mes instó al gobierno venezolano a que cumpliera la sentencia del caso Lista Tascón, la cruzada comenzada hace casi dos décadas por San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang. Las tres mujeres fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras en aplicación de la famosa Lista Tascón, en la que se incluyó a miles de venezolanos que habían firmado a favor de llevar a cabo un proceso revocatorio contra Hugo Chávez.

“Llevamos casi 20 años luchando por la justicia, verdad y reparación en este caso”, subrayó San Miguel entonces en sus redes sociales. La Lista Tascón se convirtió en la principal herramienta de apartheid social contra sus firmantes, que fueron despedidos en masa de la administración pública y “castigados” a la hora de solicitar becas, trabajo e incluso préstamos al Estado.

“Rocío San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano. Su detención constituye un hecho muy grave que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas”, añadió Provea.

“Alertamos al mundo que la arremetida represiva del régimen de Maduro continúa. Llamamos a la solidaridad nacional e internacional con ella y con todos los presos y perseguidos políticos en Venezuela”, denunció la líder opositora, María Corina Machado. Tres jefes regionales de su campaña electoral y de su partido, Vente Venezuela, también están detenidos acusados de participar en las mismas conspiraciones.

En la actualidad las mazmorras de Nicolás Maduro albergan a 261 presos políticos, según el Foro Penal. Entre ellos destacan 18 mujeres. San Miguel, al igual que otras tres prisioneras políticas, dispone de la doble nacionalidad española y venezolana.

“Diversos informes de Naciones Unidas lo han denominado desaparición forzada breve, lo cual ocurre con frecuencia en Venezuela. Esto constituye una grave violación al debido proceso, a la defensa y es una violación a los derechos humanos”, constató por su lado la dirigente opositora Delsa Solórzano.

Cerca de cumplir mil días entre rejas permanece Javier Tarazona, presidente de la ONG Fundaredes, que al igual que San Miguel se había destacado por desvelar información acerca de la estrecha relación de la revolución bolivariana con las guerrillas colombianas. Tarazona aprovechó el inicio del juicio en su contra en diciembre pasado para denunciar ante el juez que había sufrido torturas por parte de sus carceleros.

En los últimos meses San Miguel había aportado luz al conflicto fronterizo que mantienen Venezuela y Guyana por el Esequibo, territorio en disputa millonario en petróleo y minerales. Si algo resalta en el desempeño de la principal experta en cuestiones militares del país criollo es su rigor y seriedad a la hora de aportar su análisis. La presidenta de Control Ciudadano incluso llamó a participar en el referéndum patriótico puesto en marcha por Nicolás Maduro en torno al Esequibo, que a la postre resultó un fracaso rotundo para el poder bolivariano.

A finales de enero, San Miguel informó al país del despliegue en la península de Paria, al oriente del país, de un sistema de defensa antiaérea de medio alcance BUK M2E, de fabricación rusa.

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