La dictadura de Daniel Ortega va por los jóvenes y las ideas: tomó el control de 12 universidades privadas

CARACAS.– “¡Aunque te duela, aunque te duela, aquí Daniel también se queda!”. Un grupo enfervorizado de simpatizantes sandinistas repitió con poco ritmo las estrofas de su canción favorita, Mi comandante se queda, para invadir las instalaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), una de las instituciones de enseñanza tomadas por el poder revolucionario. Para ellos era otro día de fiesta. Para el país democrático, otro día de luto.

La venganza sandinista contra una docena de universidades privadas se produce en paralelo a la cadena de juicios contra candidatos presidenciales, disidentes, dirigentes y activistas, con la intención de que pasara inadvertido ante los ojos del mundo. Y en parte lo han conseguido.

Las fuerzas sandinistas han intervenido las instituciones privadas para entregárselas al Estado, incluidas algunas de la que albergaron a quienes protestaban de forma firme contra el gobierno durante la rebelión popular del 2018. Como la Upoli, territorio de resistencia en el que varios jóvenes perdieron la vida, un centro educativo en donde se libró una verdadera batalla campal que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no olvidaron, hasta cumplir ahora su venganza.

Argumentos

La excusa para la cancelación de las licencias para todas ellas se debe al supuesto incumplimiento de entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. Un ardid administrativo que entrega las casas de estudio al Consejo Nacional de Universidades, que emerge como el órgano revolucionario que supervisará la docilidad en las aulas. Colectivos de estudiantes y de profesores avizoran nuevas estrategias de censura contra ellos. Sin críticas, sin reproches, sin protestas… La persecución del pensamiento, en definitiva.

“Asistimos al intento de la dictadura de convertir a la educación en el brazo ideológico de un régimen dictatorial que está anclado en su pensamiento ideológico y político del siglo pasado”, acusó Ernesto Medina, exrector de la Universidad Americana que participó en los diálogos con el gobierno en representación de la Alianza Cívica.

“Es igual que la arremetida contra las ONG, a las que también les están cancelando personerías jurídicas”, advirtió a LA NACION la socióloga Elvira Cuadra. Una estrategia de control absoluto que suma encarcelamientos (170 presos políticos llenan las mazmorras del régimen), la expropiación y censura de medios de comunicación y la prohibición de las protestas, una asfixia democrática en suma que ha forzado el exilio de 200.000 nicas.

“En definitiva lo que quieren es controlar los espacios de mayor potencialidad para las ideas y acciones de protesta. Lo que pasa es que esto tiene efecto búmeran porque genera más malestar y enojo. Estamos ante una nueva forma de fascismo, porque la idea es control total del pensamiento. Ellos saben que las generaciones jóvenes son los actores potenciales del cambio, igual que sucedió en 2018″, profundizó Cuadra.

Entre los juzgados y condenados en los juicios secretos que se desarrollan en el interior de la siniestra prisión de El Nuevo Chipote están precisamente dos líderes universitarios, Lesther Alemán y Max Jérez. “Buscan adoctrinar a las juventudes para que dejen de pensar y tengan un solo pensamiento”, resumió a este diario Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

El gran interrogante que se asoma en la operación oficialista es su alcance, sobre todo si también afectará a la Universidad Centroamericana (UCA), la poderosa institución de los jesuitas y una de las más prestigiosas de la región. “No está al día con el Ministerio de Gobernación, se le ha dado cuatro prórrogas”, amenazó el diputado orteguista Wilfredo Navarro, que calificó a la casa de estudios como un “centro de terrorismo”.

“La UCA abrió sus puertas para proteger a los manifestantes durante la Masacre del Día de las Madres. Es un pilar de pensamiento, protesta y libertad de manifestación para nuestros jóvenes”, recordó Abarca. Aquel día fueron asesinadas 11 personas que se manifestaban en Managua, abatidas por las balas de los paramilitares sandinistas.

Temor al Vaticano

De momento la UCA permanece fuera del alcance gubernamental, entre otras razones porque el gobierno no quiere enfrentarse con el Vaticano. No obstante, la oposición guarda ciertas reservas con el papa Francisco, sobre todo desde que ordenara al arzobispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, uno de los símbolos de la rebelión de 2018, que abandonara el país.

Las armas gubernamentales contra la UCA son otras, menos llamativas. “Van a buscar la manera de asfixiarlos, incluso ya les recortaron el presupuesto que les entregaban, como parte del 6% que marca la ley de universidades. Ahora seguramente les van a aplicar una política de terrorismo fiscal”, adelantó Cuadra.

Junto a la UCA también sobreviven la Universidad Nicaragüense Católica y la Universidad Americana. “De esta forma dejan en la incertidumbre a miles y miles de estudiantes que cursaban y que están en contra de la dictadura. Desprotección académica y de libertad de pensamiento en contra de nuestra juventudes”, añadió Abarca.

Como parte del mismo plan, ayer también se conoció la cancelación de la personería jurídica de otras seis ONG, con las mismas acusaciones que resuenan desde el año pasado, incluidas las de recibir donaciones internacionales o de tener vencidas sus juntas directivas.

Entre las canceladas se encuentran el Movimiento María Elena Cuadra, prestigioso en la defensa de los derechos humanos, y dos colectivos feministas, que se unen a la Fundación Violeta Chamorro, contra quien se iniciaron los ataques en 2021, además de distintas delegaciones de Cáritas y la asociación de cantautores de los hermanos Mejía Godoy.

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